A propósito de la inversión en el campo de defensa

El mundo viene cambiando a pasos agigantados de la mano de la tecnología y una globalización que genera tensiones geopolíticas y atenta contra la paz y la seguridad internacionales. Vivimos tiempos de incertidumbre, complejidad y volatilidad. Muestra de ello, no son solamente los conflictos armados en Ucrania y Medio Oriente o, incluso, la posibilidad de una conflagración mayor entre las grandes potencias con implicancias en la región, sino también otras dinámicas quizás menos visibles, pero bien presentes. Las recientes tensiones entre Venezuela y Guyana, los conflictos armados en África en los cuales la ONU y otras organizaciones regionales intervienen y las dinámicas de tipo transnacional, como las pandemias, hambrunas, migraciones, los efectos del cambio climático, el crimen organizado y el terrorismo, son pruebas de ello.

Consecuentemente, la defensa del país no puede ser un área irrelevante, sino que, por el contrario, necesita ser más integral y moderna, comprometiendo a toda la sociedad y combinando las iniciativas públicas y privadas. La finalidad buscada no es otra que dar un salto cualitativo en el desarrollo de capacidades militares disuasivas y efectivas a disposición del poder político y dentro de sus misiones específicas.

Se han escuchado últimamente algunas opiniones que consisten en aplicar para las Fuerzas Armadas una solución de neto corte fiscalista, con concentración (cierre) de unidades militares, achicamiento de estructuras y reducción de personal por generar un gasto fuera de proporciones. Sin buscar entrar en polémicas sin sentido, se pueden efectuar unos breves comentarios.

Los espacios geopolíticos de la República Argentina conjugan una geografía muy variada, extensa y escasamente integrada y desarrollada. Poseemos la octava mayor superficie en el mundo y contamos con extensos espacios marítimos y aeroespaciales, que es necesario ocupar, patrullar, desarrollar y custodiar. Los recursos naturales y energéticos del país y la custodia de objetivos estratégicos se han convertido en imperativos para la defensa. No se imagina la Patagonia o el Gran Chaco sin el despliegue activo de unidades militares adaptadas y adiestradas para operar en esas variadas regiones particulares, ni tampoco desarrollar operaciones en la selva misionera con el mismo equipamiento y organizaciones que los que se disponen en el desierto patagónico.

El diseño de la defensa necesita atender los probables conflictos proyectados a futuro. Obviamente que la variable presupuestaria debe ser considerada porque es muy importante, pero no es única ni excluyente y, en este esquema de pensamiento, en la medida que se sigan disminuyendo drásticamente los recursos, se incrementan los riesgos que enfrenta el país.

Tampoco pueden soslayarse en la actualidad dos variables que son claves en las modernas dinámicas de los conflictos. La primera es la tecnológica. Mientras se escriben estas líneas, un naciente acelerador de tecnología de la defensa se ha puesto en marcha en el ámbito de la OTAN, para potenciar las áreas de la inteligencia artificial, el big data, la energía y propulsión, el espacio, la biotecnología, la velocidad hipersónica y los avances cuánticos. La segunda está conectada con la primera y consiste en renovar equipamiento y asegurar recursos humanos de calidad en las fuerzas militares de la Nación, apuntando al liderazgo, hacer la profesión de armas más atractiva a todos los sectores sociales, evitar la fuga de talentos y potenciar las reservas con la participación privada. También se ha hecho alguna referencia a la cantidad de estados mayores generales correspondientes al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y al Estado Mayor Conjunto (total 4). La experiencia de otros estados, como Canadá y Bélgica, de unificar los estados mayores, terminó creando híbridos con discutida utilidad que motorizaron revisiones posteriores.

Si bien la proporción de gastos del orden del 60 – 20 – 20 es adecuada para que sea de “calidad”, tampoco debe olvidarse la necesidad de rever el presupuesto nacional para lograr una distribución más equilibrada, de manera integral y que el Estado se concentre en sus funciones básicas, entre las cuales se encuentra la defensa en el marco de la seguridad de la Nación.

La situación económica del país para 2024 se avizora muy compleja. Pero se debería tener presente a la hora de tomar decisiones, que el gasto de las fuerzas militares que componen la defensa del país ya ha sido ajustado de gestión en gestión desde hace mucho tiempo. Un largo período será necesario para revertir esta situación. Mientras que en 1986 el presupuesto de defensa era de aproximadamente 2,4 % del PBI, en 2020 fue, según el Instituto International de Estudios Estratégicos de Gran Bretaña (IISS), del 0,6 %, y, si se lo compara con los países de la región, no dista de ser mejor.

Posponer nueva e indefinidamente algunas inversiones en sistemas de armas y hacer más tareas con menos recursos son caminos ya agotados, como también lo son eliminar unidades militares, reducir personal militar y realizar ajustes adicionales dentro de las Fuerzas Armadas, máxime cuando en 2024 se espera una inflación muy elevada y existen gastos excesivos en otros lugares. La idea es evitar someter al país a riesgos incrementales en términos políticos, geopolíticos, patrimoniales y operativos.

Por último, se mencionan dos aspectos no menos importantes y asociados con los anteriores. El primero consiste en tener presente que nadie puede darse en forma aislada su propia seguridad. La defensa es integral y, entonces, es necesario apuntar a la interoperabilidad dentro del estado y con otros países socios y amigos. La cooperación regional e internacional en el área ofrece importantes oportunidades que, aprovechadas, abren puertas hacia el equipamiento, la educación y la participación en operaciones, como pueden ser las operaciones de paz u otras. Por otra parte, si se asumen o amplían compromisos de empleo de las fuerzas militares, ello demanda el necesario acompañamiento de lo básico, es decir, asegurar el sostenimiento logístico y financiero, junto a un marco normativo adecuado aprobado en el más alto nivel del estado.