Desde el 19 de noviembre vivimos sumergidos en la vorágine de los cambios, nombramientos de funcionarios, cierre de dependencias y fusiones de organismos. Nombres de ministros, secretarios, funcionarios con injerencia en las áreas sensibles del gobierno, se suceden casi sin solución de continuidad. Muchos de estos rumores son producto de especulaciones tan propias de esta época, otros, en cambio, permiten arrojar luz sobre el rumbo que, a nivel macro, comienza a desandar el nuevo gobierno electo.
En esa dinámica también entran las Fuerzas de Seguridad. Ayer asistimos a un anuncio sorprendente, efectuado por quien, a partir del día domingo, se encontrará a cargo del Ministerio de Justicia de la Nación. El futuro ministro reveló, que dentro de la reestructuración que planean hacer del estado, el Servicio Penitenciario Federal pasará a depender del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Si bien no abundaron precisiones, ni detalles de cómo será el traspaso, trataremos de adentrarnos con la prudencia del caso, en la situación actual del S.P.F. y los desafíos que habrá de enfrentar el Ministerio de Seguridad que, desde el día domingo, comandará la Licenciada Patricia Bullrich, quien, dicho sea de paso, en las postrimerías del siglo XX comando la fuerza, desde la por entonces estratégica secretaria de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios.
Conveniencia o necesidad
Como todo lo que involucra una decisión política (y mucho más de política criminal) en nuestro país, la biblioteca siempre estará dividida, sin que por ello exista la necesidad (en este tema) de reeditar una nueva grieta.
En efecto, opiniones del mundo académico se han expresado en anteriores oportunidades donde la posibilidad del traspaso era algo latente. Sin que se haya avanzado en esa dirección, existió una muy fuerte y real posibilidad de efectuar este traspaso en el año 2017, coincidentemente con la reforma de la Ley 24.660 (de ejecución de la pena privativa de la libertad) por la Ley 27.375 conocida públicamente como “Ley Petri”.
Las opiniones, si bien no eran del todo favorables, tampoco marcaban una tendencia irreversible. Los nuevos escenarios, que comenzaban a vislumbrarse con eje en el mundo intramuros, dejaban ver que el esfuerzo en materia de seguridad debería ser significativo, permanente y multiagencial para poder contrarrestar los nocivos efectos de la criminalidad organizada.
Comenzaba, también, a percibirse los efectos de la actividad criminal de los integrantes de “las bandas complejas”, quienes no cesaban en su accionar aún estando detrás de las rejas. Un nuevo paradigma en materia de investigación criminal, comenzaba a emerger del mundo carcelario.
Por lo tanto, plantear el hecho del traspaso interministerial como un mero acto administrativo dentro de un esquema de readecuación estatal, esconde un hecho significativamente virtuoso para la sociedad en general. No solo de esta forma se fortalecería la seguridad Penitenciaria, sino que la Seguridad Pública lo haría en consecuencia.
Las Políticas Públicas de Seguridad, deben partir del Principio de Integralidad. Tantos los distintos Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) como el Ministerio Público Fiscal, comparten responsabilidades y competencias; por lo tanto, deben participar de su diseño e implementación. Lo mismo ocurre con los distintos niveles de gobernanza, es decir, La Nación, Las Provincias y los Municipios. Toda medida que se adopte en forma aislada tendrá escaso o nulo efecto. La Planificación Estratégica de esas Políticas integrales deben tener en miras que estas resulten simples y aplicables.
Por lo tanto, contar dentro de la estructura del Ministerio de Seguridad de la Nación al SPF, recalifica las estrategias de detección, mitigación y neutralización del delito organizado, permitiendo a su vez contar con herramientas que ayuden al contralor de todas aquellas personas que, luego del tránsito penitenciario vuelvan a insertarse en la sociedad.
Poner en valor el contralor del cumplimiento de las penas alternativas a la prisión, debería formar parte también de este traspaso, que no solo debe agotarse en la Dirección Nacional del SPF.
Aunque suene apresurado, podemos inferir que el cambio de jurisdicción Ministerial, además de conveniente, resulta necesario.
Desafíos
Como decía un especialista en seguridad pública, “en un país tan futbolero como es el nuestro, aplica como ejemplo que todo ‘buen equipo’ siempre tiene un plan de juego; mientras que, cuando los jugadores corren detrás de la pelota y van donde quiera que esta vaya, se tiene la receta perfecta para perder por goleada”.
Con ello marcamos la necesidad de un replanteo en los requerimientos estratégicos que nuestro país presenta a nivel de seguridad Pública y como venimos insistiendo en esta columna (hace años), el Servicio Penitenciario Federal – y, por supuesto, sus homólogos provinciales – son parte inescindible de la política de seguridad (integral) que cualquier estado pretenda aplicar.
Ha llegado el momento de dar centralidad a las políticas que, sin descuidar la reinserción social de los condenados, coadyuve a la seguridad integral de los ciudadanos a partir de la segmentación de los espacios de encierro. No es lo mismo abordar a un vulnerable convertido en criminal por problemas de base patológica, como lo es un adicto a cualquier sustancia psicoactiva que delinque en el marco de su adicción, que asegurar y controlar de manera efectiva a un criminal con vasta trayectoria en organizaciones complejas del orden nacional o transnacional, que utiliza las ventajas que el sistema brinda, para efectuar proselitismo criminal o la expansión de sus empresas ilícitas aun en contexto carcelario. El epítome de esta modalidad puede hallarse en las letales balaceras y sicariatos registrados en el departamento Rosario (Pcia. De Santa Fe) y sus áreas de influencia.
También, en los teléfonos de línea secuestrados en la celda de “GUILLE” CANTERO, el líder de la organización narco criminal conocida como “la banda de los monos” preso en el C.P.F.II de Marcos Paz.
La readecuación de la Ley 24660, en términos de contemplar legalmente el abordaje de trato y tratamiento de internos integrantes de las estructuras complejas del crimen organizado nacional y transnacional, constituye una necesidad y es urgente. Un sistema de incapacitación criminal en la lógica de la protección pública y la seguridad ciudadana se torna imprescindible como parte de los nuevos desafíos que encarara la conducción política a nivel del Ministerio de Seguridad e Institucional, a través de la Dirección Nacional del SPF.
El paso de Justicia a Seguridad sin dudas habrá de colocar en una situación ventajosa a la sociedad y no solo al dispositivo Penitenciario. Al compartir una única conducción estratégica en función de la gobernanza criminal, el ciclo, incluso de la inteligencia criminal, saldrá fortalecido, redundando ello también en un beneficio directo a la ciudadanía.
Una de las ventajas adicionales de sumar el SPF a la estructura de seguridad, será la administración del flujo de cupos penitenciarios; el resultado directo se traducirá en la rápida decantación en cárceles, de detenidos en el ámbito federal que hoy abarrotan instalaciones de las fuerzas de seguridad que han intervenido en su detención y que no son aptas para el alojamiento de internos.
También lo será la urgente derivación de todos aquellos detenidos alojados en las comisarias vecinales de la Policía de la Ciudad. Baste con mencionar que, por políticas de ingresos controlados por parte del S.P.F., a la fecha se cuentan en más de 1500 los presos alojados en esta condición.
Podrá también el SPF, determinar identidad de quienes aloja, toda vez que siendo parte del Ministerio de Seguridad, descontamos que será integrado a la red SIBIOS (Sistema de identificación Biométrica para la Seguridad). Compartiendo, incluso, el sistema de monitoreo remoto y acompañamiento en casos específicos de aquellos traslados sensibles de alto riesgo que los móviles del SPF realizan a diario, muchas veces sin coordinación de respaldo con otras Fuerzas Federales.
En síntesis, a nivel macro todas las variables confluyen en un objetivo y claro beneficio para la seguridad Pública. Será tarea de sus responsables, poder demostrarlo en hechos que la sociedad, sabrá valorar.