El cambio climático como política de Estado

Al igual que en 2015 y 2019, el cambio de mandato presidencial en el país se dará durante el transcurso de una cumbre climática. En este caso, la que se llevará a cabo en Dubai a partir del 30 de noviembre.

La evidencia científica acerca de la crisis climática es inequívoca. Nuestros tiempos están signados por alarmantes fenómenos cada vez más frecuentes e intensos en todo el planeta. En un contexto tal, profundizar las medidas para adaptarnos ante los riesgos climáticos y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es una urgencia en torno a la cual hay consenso a nivel internacional.

La vulnerabilidad al clima es sistémica y no reconoce diferencias políticas ni ideológicas. Las tres grandes agendas globales que determinan las relaciones internacionales están intrínsecamente relacionadas: seguridad alimentaria, seguridad energética y cambio ambiental global. En las tres, la Argentina tiene enormes oportunidades. Abordarlas adecuadamente es determinante para que nuestro país pueda acceder a mercados y a créditos internacionales y prepararse para la necesaria reconfiguración de la arquitectura financiera internacional, actualmente en discusión.

Desde hace décadas, la posición argentina se ha basado en el reconocimiento del cambio climático como un fenómeno causado por la actividad humana. En línea con esta posición, nuestro país ha encarado la acción climática desde la proactividad y el compromiso con lo acordado internacionalmente. Ejemplo de ello es nuestra firma del Acuerdo de París, en 2015, sobre la base del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, entendiendo que todos los países somos responsables, pero no en igual medida, por lo que los países desarrollados deben hacer el mayor esfuerzo y asegurar los adecuados medios de implementación. Asimismo, la acción climática argentina adopta el enfoque de transición justa, para garantizar que el cumplimiento de los objetivos climáticos no resulte en la profundización de inequidades.

En los últimos años, los diversos Gobiernos han ido incrementando la gravitación e institucionalidad de la agenda. En los traspasos de mando de 2015 y de 2019 se marcó una continuidad en ese rumbo y se acentuó el compromiso del país en materia climática. Así, nos encontramos frente a un poco frecuente ejemplo de política pública sostenida en el tiempo.

Las diversas fuerzas políticas han trabajado en el marco de un esquema de gobernanza que ha sido señalado como una buena práctica a nivel internacional: el Gabinete Nacional de Cambio Climático, creado por decreto presidencial en 2016, fue promulgado por unanimidad de todas las fuerzas políticas mediante la Ley n.° 27520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global, en 2019.

Durante los años posteriores, con otra gestión, se continuó recorriendo la senda del cumplimiento de los compromisos contraídos y la preparación responsable para enfrentar la agenda: se presentaron dos actualizaciones de nuestra Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), más ambiciosas que la anterior, una Estrategia de desarrollo resiliente con bajas emisiones a Largo Plazo a 2050 y el segundo Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, a 2030. Todos estos instrumentos fueron construidos de manera transparente y colaborativa, en articulación con los Gobiernos provinciales, el sector productivo, el sistema científico-tecnológico y la sociedad civil.

Esta política de Estado se ha mantenido en el tiempo, independientemente del color partidario, con plena conciencia del enorme impacto que tiene el cambio climático sobre nuestra economía (a modo de ejemplo, por la última sequía perdimos más de US$ 21 mil millones en exportaciones) y, fundamentalmente, sobre las poblaciones más vulnerables, ya que los eventos climáticos extremos agudizan todas las desigualdades preexistentes.

La continuidad y coherencia en estas políticas es un activo nacional. Incumplirlas nos posicionaría dentro de un minoritario grupo de erráticos países negacionistas, con relevantes consecuencias para el desarrollo nacional. La implementación de la agenda climática demanda un abordaje sistémico, con acciones encaradas desde todos los niveles de gobierno y sectores de la sociedad. Necesitamos seguir fortaleciendo el apoyo del Estado a nuestros campos, industrias y otros sistemas productivos, para que sean más resilientes y puedan transicionar hacia modelos productivos más sostenibles. Del mismo modo, tenemos la responsabilidad de apoyar a las comunidades a lo largo y ancho del país, para que puedan adaptarse frente a futuros eventos extremos tales como sequías, inundaciones, olas de calor o heladas. De ahí, la importancia de dar una discusión responsable sobre la institucionalidad adecuada para enfrentar estos desafíos.

En este contexto de cambio de gestión y ante una nueva cumbre climática, es necesario dar continuidad a una política pública que ha trascendido distintas gestiones de gobierno, honrar los compromisos asumidos en la materia y fortalecer la institucionalidad para la implementación de las medidas diseñadas para lograr las metas de adaptación y mitigación climáticas de la Argentina, en beneficio de sus habitantes.