Hace seis años que las provincias en su conjunto exhiben superávit fiscal consolidado. La devolución del 15% de la masa coparticipable (tras fallo de la Corte Suprema de fines de 2015 y primer acuerdo fiscal federal a mediados de 2016), la ley de responsabilidad fiscal de fines de 2017 que impulsó cierta austeridad del gasto (aunque fue suspendida en 2020) y, más recientemente, las transferencias discrecionales desde el Ejecutivo nacional (4% del PBI en últimos cuatro años, el 40% destinado a Provincia de Buenos Aires), fueron factores concurrentes a esa mejora tendencial luego de un período volátil. No obstante, la tendencia podría revertirse por dos motivos:
Por un lado, la suba del mínimo no imponible de Ganancias impulsada por el (ahora saliente) Gobierno Nacional en el marco del “plan platita electoral” y aprobada por el Congreso restará 0,5% del PBI a las provincias en 2024 (otro tanto si termina aprobándose en el Senado la rebaja de IVA, que ya aprobó Diputados). De hecho, el planteo de los gobernadores en la coyuntura es una compensación por esa medida, aspirando a hacer coparticipable un gravamen muy distorsivo como el “impuesto al cheque”, con la consiguiente dificultad de economía política el día que se quiera evolucionar hacia un sistema impositivo menos distorsivo y más progresivo. No queda claro por qué, en un sistema federal y republicano, el Estado Nacional debiera “compensar” a las Provincias por una ley del Legislativo Nacional integrado por senadores y diputados provinciales.
A esto se suma que, en declaraciones públicas, el presidente electo expresó la intención de eliminar las transferencias discrecionales por encima de los fondos automáticos, que hoy rondan el 1,1% del PBI (excluyendo el fondo de incentivo docente, promedio 1% anual entre 2020 y 2023). En ese caso, 19 de las 24 jurisdicciones entrarían en déficit. Claro está, en un país federal, no es responsabilidad del gobierno nacional que una provincia haya seteado el gasto más arriba que sus ingresos ordinarios tomando como permanente un ingreso transitorio.
Así, mientras al primer trimestre de 2023 el resultado provincial consolidado (contemplando el acumulado de 4 trimestres móviles) registró un superávit financiero de 0,2% del PBI, bajo el nuevo escenario, los recursos del total de provincias evidenciarían una merma de unos 1,5 p.p. del PBI, llevando al consolidado de provincias a un déficit primario de 0,9 % del PBI y el financiero a 1,3%. Bajo este escenario se gesta la presión de los electos mandatarios provinciales para percibir transferencias compensatorias o autorizaciones de deuda (PBA) bajo el pretexto coyuntural del pago de aguinaldos en diciembre.
Lógicamente, el impacto no será simétrico entre provincias: las menos autónomas (esto es, las más dependientes de las transferencias nacionales) sentirán el shock del ajuste con más fuerza. En particular, las provincias más perjudicadas en relación con el tamaño de su economía serán La Rioja, Formosa, Catamarca y Chaco que, en promedio, reciben el 81% de sus ingresos desde Nación. En sentido contrario, CABA se destaca por contar con superávit primario aun cuando ya hoy recibe bajas transferencias del gobierno nacional. En el nuevo escenario político podría incluso llegar a mejorar su performance si se desarma el envío de fondos porteños hacia PBA.
En este nuevo capítulo de puja distributiva entre Nación y las Provincias, y frente a la necesidad de recortar el gasto público por el equivalente a 5% del PBI, no habrá ajuste posible si las provincias no están dispuestas a ser socias del recorte. Bajo la lógica del “sálvese quien pueda” no habrá equilibrio fiscal consolidado ni estabilidad ni crecimiento.