Jubilados: los desafíos urgentes que deberá enfrentar Milei

El próximo presidente se enfrenta a una serie de desafíos críticos en el ámbito de las personas mayores y seguridad social. Entre las cuestiones más urgentes está resolver el esquema de bonos no remunerativos que cobran solo los jubilados del haber mínimo y que abre la puerta a un reclamo masivo de jubilados con haberes superiores, el pago de casi 90.000 sentencias firmes pendientes de jubilados que le han ganado juicios a la Anses por incorrecta liquidación de haberes y la crisis de atención del PAMI que implica una demora de entre 60 y 90 días para llegar a un diagnóstico.

La primera cuestión que deberá ser resuelta en diciembre mismo es el futuro del esquema de bonos que cobran solo los jubilados del haber mínimo y que, además, son no remunerativos. Recordemos que, debido a la espiral inflacionaria descontrolada que estamos sufriendo hace meses, todas las jubilaciones han perdido brutalmente frente a la inflación. Por esto, la actual gestión ha decidido pagar bonos no remunerativos a los jubilados de menores ingresos, olvidando por completo a quienes cobran haberes superiores. En diciembre, a la actualización del 20,87% de los jubilados y pensionados con ingresos mínimos, se les sumará un bono refuerzo de $55.000 que elevará el ingreso mínimo a $160.713. Es decir, el bono de refuerzo representa el 34,3% del haber. No obstante, los números indican que entre enero y octubre de este año sus haberes tuvieron caídas cercanas al 20%. Para el caso de los haberes superiores a la mínima, que son los verdaderos aportantes al sistema, el aumento nominal en lo que va de este año fue del 63% y, de esa manera, el recorte efectivo o la pérdida de poder adquisitivo fue superior al 26 por ciento.

Este incremento adicional otorgado bajo la forma de bono genera un achatamiento en la pirámide previsional, similar a la que vivimos entre los años 2002 y 2007. Recordemos que el aumento diferenciado otorgado bajo el gobierno de Néstor Kirchner generó luego cientos de miles de juicios al amparo del fallo “Badaro” de la Corte Suprema, que consideró inconstitucional distorsionar la movilidad de los jubilados a través de aumentos discriminatorios. Ya hay presentaciones de este tipo en la justicia de la seguridad social y todo hace pensar que tendrán resolución favorable de persistir esta distorsión en los haberes.

Otro de los retos más apremiantes es el pago de casi 90 mil sentencias firmes atrasadas de jubilados que han ganado sus juicios contra el Estado debido a incorrectas liquidaciones de haberes. Estos ciudadanos han esperado pacientemente durante años para recibir la compensación que se les debe, y su bienestar financiero depende en gran medida de esta deuda pendiente. La resolución de este asunto no solo representa un imperativo moral, sino también una responsabilidad gubernamental fundamental en la protección de los derechos y la seguridad económica de nuestros ciudadanos mayores. El próximo presidente deberá abordar este problema con urgencia y compromiso, garantizando que estos jubilados reciban la justa reparación que se les debe y que se implementen reformas sólidas en el sistema de seguridad social para evitar futuros litigios similares.

Por último, la grave crisis de atención y cobertura del PAMI amerita una atención prioritaria de la cuestión. Tal como menciona Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, “si hiciéramos el ejercicio de seguir a un jubilado que necesita atención veríamos que tarda meses en obtener un turno, debido a la saturación del sistema. Cuando finalmente logra ser atendido, en la mayor parte de los casos el médico realiza una derivación a un especialista. Pero los turnos con cualquier especialidad demoran entre sesenta y noventa días. A su vez, cuando ese día llega, el especialista le entrega al paciente la orden para realizarse análisis y estudios, los cuales tardan entre sesenta y noventa días más. De modo tal que un diagnóstico puede tardar ocho o nueve meses, lo cual, para una persona de 80 o 90 años, puede ser fatal.” Hay demoras de no menos de sesenta días para que alguien que sufrió una fractura de cadera reciba una silla de ruedas o un andador. Cuando se alcanza la tercera edad, la atención médica adecuada se convierte en un pilar fundamental para mantener una buena calidad de vida. La salud en la vejez no solo afecta el bienestar individual, sino que también tiene un impacto significativo en la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social. Por lo tanto, la crisis de atención y cobertura del PAMI es un asunto de urgencia que requiere atención prioritaria.

En conclusión, el próximo presidente se encuentra ante una serie de desafíos críticos en materia de personas mayores y seguridad social. El próximo presidente debe comprometerse a abordar estos desafíos de manera decidida y a implementar reformas sólidas que aseguren el bienestar y la dignidad de nuestros ciudadanos mayores. La protección de los derechos y la seguridad económica de la tercera edad debe ser una prioridad fundamental en la agenda política y social de nuestro país.