El temor a la continuidad no está en la macro sino en la microeconomía

Un informe de la consultora Econométrica estima un desequilibrio total del sector público nacional de 14,4% del PBI para este año. En este cálculo se incluyen los pagos de intereses del Tesoro y del Banco Central. En este marco, la recientemente anunciada iniciativa del ministro Sergio Massa de reducir el déficit fiscal en aproximadamente 3% del PBI, parece insuficiente para afectar significativamente las expectativas inflacionarias.

El paquete fiscal que se anexó al proyecto de Ley de Presupuesto 2024 incluye la derogación de exenciones impositivas y la eliminación de subsidios económicos que benefician a diferentes sectores.

Desde el Ministerio de Economía se dejó trascender que la salida del cepo no figura en sus planes en el corto plazo. Se buscaría, en cambio, llegar hasta la próxima cosecha para comenzar a desmontar los controles cambiarios.

Por otra parte, el sector privado descuenta una fuerte escalada inflacionaria para los meses del verano, como consecuencia de los previsibles ajustes en las tarifas de los servicios públicos y en el precio de la divisa en el mercado oficial.

Si este fuera el esquema en el que se moverá el próximo gobierno, suponiendo un triunfo del oficialismo, al menos en su fase inicial, estaría contradiciendo la expectativa de cambio que expresa una gran mayoría de la opinión pública.

Casi todos los analistas políticos ven un giro de la sociedad hacia posiciones de centro derecha. Existiría un marcado consenso en cuanto a favorecer la eliminación del déficit fiscal y la emisión monetaria no deseada. Sin embargo, el ajuste macro necesario para alcanzar tales metas puede obtenerse de diferentes maneras.

A grandes rasgos, simplificando los supuestos, podría pensarse en dos alternativas diferentes. En una de ellas, se privilegiaría el arreglo de las cuentas del Estado, en desmedro de empresas y familias. El equilibrio general se buscaría por la vía de un aumento en la presión impositiva y la continuación de la represión en los precios de los bienes y servicios que provee el sector privado.

El ajuste macro, descuidando los efectos microeconómicos sobre los diferentes sectores, probablemente produzca gravísimas consecuencias. Su cortoplacismo sería imposible de sostener en períodos más extensos y provocaría ingentes daños en el corto plazo. Quizás no sería exagerado, entonces catalogar las medidas analizadas como parches, sin una estrategia sostenible en el tiempo.

La segunda alternativa requeriría un programa capaz de cambiar de raíz el mal ciclo en el que se encuentra la economía argentina, como mínimo desde 2011, requeriría un fuerte ajuste descendente en el gasto público, con una concurrente baja de la presión fiscal.

De esta manera, se podría salir del implícito esquema actual, que pone el acento en el consumo en lugar de la inversión, en la distribución del ingreso en lugar del crecimiento, entre otras muchas maneras de diferenciar esquemas que estimulan artificialmente y por muy corto tiempo, la actividad económica, el empleo y los salarios, de un verdadero plan de estabilización y crecimiento.

Este último requeriría profundas reformas legislativas en el campo laboral, previsional y del sector público, que favorezcan el incremento de la rentabilidad de las empresas, única fuente de crecimiento genuino en el largo plazo.

Desde el interior del país, en el corazón de la “pampa gringa”, cunde el desánimo y la preocupación. Entre los productores, se tiene conciencia que en Buenos Aires no se conoce como funciona el sistema productivo agrario, y que esa ignorancia conduce a políticas que traban la producción e impiden el crecimiento.

Se escucha a diario que no se soportarían cuatro años más de rentabilidad nula o negativa, en la mayoría de los sectores productivos, principalmente en la ganadería, la lechería, y en la crianza de cerdos y pollos, donde el precio del maíz, que se fija libremente, pese a los pretendidos controles oficiales, impide que los números se mantengan a flote.

Connotados productores están dispuestos a abandonar la actividad, vendiendo o alquilando los campos, los rodeos y el resto de los activos productivos.

La economía agraria, proveedora de casi la totalidad de las divisas del comercio exterior del país, necesitaría que los policy makers se den un baño de realismo y analicen el negocio agropecuario como tal, en lugar de considerarlo un sector concentrado que se apropia injustamente de la riqueza nacional.

No se comprende que los que se levantan con el sol y trabajan jornadas interminables, no deban apropiarse de los bienes que con su trabajo y capital obtienen. Los hijos de la gente de campo estudian derecho, agronomía o ciencias económicas, para luego radicarse en los pueblos y ciudades del interior, a fin de ejercer actividades relacionadas directa o indirectamente con el negocio de sus mayores.

El crimen microeconómico en que podría estar a punto de incurrir la sociedad argentina es “obligar” al éxodo a sus jóvenes. Cada vez es más frecuente que los estudios privilegien la búsqueda de un destino laboral en el exterior.

Si esto continúa, se vaciará el campo, quedando el país expuesto a la falta de crecimiento de esta importante actividad.

En la actualidad, muchos emprendimientos aplican insumos muy por debajo del óptimo agronómico, puesto que el óptimo económico es mucho más bajo, por falta de precios en la producción.

Si esta tendencia continúa, el sector tenderá a hacerse más pequeño, lo que dificultará el desenvolvimiento de aquellos otros que son demandantes de divisas. Sin campo y sin industria, cruel destino, tendría la economía argentina. Sin embargo, esto no es inexorable. Aún hay tiempo, aunque los cambios deberían ser rápidos y urgentes.

El principal motivo de desánimo del hombre de campo es la falta de consideración hacia el sector. Si se reconociera la legitimidad de la apropiación de la renta por parte de quien la genera, la situación sería totalmente diferente.

Ninguna otra herramienta tiene la potencia de un sistema de precios totalmente libre, que permita que la retribución de cada agente económico sea similar a su productividad marginal, tal cual enseñan los libros de economía con que se educan los economistas del resto del mundo.

Y esto es válido, también, para el sector industrial, para el energético, para el comercio, los servicios, etc.

Una Argentina en la que quien trabaja, con sus manos o con su intelecto, sea quien se beneficie por su labor sería una fuente inagotable de crecimiento, con mayores salarios y jubilaciones y con gente con ganas de quedarse a vivir en su país en lugar de emigrar hacia la tierra de sus abuelos.

Para lograr estos cambios, sería necesario concientizar a los dirigentes políticos o caso contrario, reemplazarlos. Quizás se necesiten menos abogados y más ingenieros, productores agropecuarios o comerciantes, gobernando los destinos del país.

El autor es economista