Cómo estabilizar los precios evitando el colapso económico

Dejando de lado la marea de alucinaciones que representó la pobre y deficiente discusión sobre la dolarización en argentina, se hace necesario el diseño de un plan de estabilización de precios que permita extender el horizonte de previsibilidad de las variables macroeconómicas tratando de evitar el estallido de una hiperinflación.

Es importante marcar que, en el marco de un régimen democrático, las reformas y planes de estabilización que se requieren no necesariamente reflejarían los deseos absolutos de sus autores. La construcción de mayorías parlamentarias y el ejercicio democrático deberían garantizar al menos un grado de consistencia que permita lograr el objetivo de estabilizar la economía. En este aspecto los proyectos mesiánicos y absolutos podrían generar tensiones no deseadas y marchas y contramarchas con altos costos para la población.

Y también que el problema inflacionario del país no es unicausal, en el sentido de que convergen en el fenómeno problemas monetarios, desequilibrios fiscales, deficiencias del mercado de capitales y desajuste de expectativas sobre la evolución de la trayectoria de precios futuros.

Dada la naturaleza crónica de la inflación en la Argentina creemos que el anuncio de un plan tradicional sustentado en el uso del tipo de cambio o la tasa de devaluación como anclas nominales podría bajar la inflación más rápido, pero aumentando las probabilidades de generar atraso cambiario y un boom transitorio en la renta que tarde temprano se pagaría con una profunda recesión. Estas estrategias de baja credibilidad solo han posibilitado el retorno de fenómeno inflacionario con más virulencia.

Por otro lado, el uso de un esquema de target a la tasa de inflación, basado en el uso de la tasa de interés como estabilizador, ha demostrado ser una camino poco eficiente y costoso para niveles altos de aumento del índice general de precios que informa el Indec y fuertes distorsiones de precios relativos. En este sentido, el experimento del gobierno de Mauricio Macri fue solo una muestra de la ineficiencia de dicho instrumento.

Por lo tanto, solo es posible realizar un plan económico donde converjan elementos ortodoxos y heterodoxos sumados a reglas monetarias consistentes donde se garantice la convergencia de los agregados monetarios hacia un proceso de desinflación permanente. Es importante señalar que dichos planes, si son practicados con escaso nivel de credibilidad, comenzarían con un enfriamiento de la economía.

El objetivo de política desinflacionaria debería estipular, en su lanzamiento, que durante 2024 la tasa de inflación caiga gradualmente y lo siga haciendo a lo largo de los próximos 4 años.

Un ejemplo hipotético de cómo debería converger la tasa de inflación en el tiempo sería 2023 cerrar en 175%; y desacelerar a 100% en 2024; a 40% en 2025; a 155 en 2026 y llegar al dígito anual de 7% en 2027 y más gradualmente en adelante.

Para ello se hace necesario que la estrategia de estabilización se base en tres frentes: 1) fiscal y de ajuste de precios relativos; 2) cambiario; y 3) monetario.

En el frente fiscal, se deberían comenzar a corregir los desequilibrios de precios relativos en tarifas de manera gradual para que el sector privado pueda iniciar procesos de sustitución y el inicio de un amplio cronograma de reforma del estado que permita la reducción gradual del gasto público en los tres niveles, Nacional, Provincial y Municipal. Es necesaria una simplificación impositiva, una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos y una racionalización del gasto.

En materia cambiaria se debería pasar del sistema actual de múltiples tipos de cambio hacia un esquema más sencillo donde converjan solo dos tipos estructuras: una financiera libre y otra comercial para operaciones con el resto del mundo.

El BCRA debería desligarse progresivamente del mercado de cambios spot como un agente interventor y centralizador de la liquidación de las divisas provenientes del comercio exterior, pudiendo los exportadores cambiar sus divisas en un mercado libre al precio que el mercado convalide. En la etapa inicial el 50% de las liquidaciones se harán en el mercado financiero.

Se estipula que al final del cuarto año todas las operaciones de cambios de comercio exterior ligadas a las exportaciones se cursarían por el mercado libre y único. El Banco Central, a partir de este punto, solo podrá hacerse de reservas mediante la venta de títulos públicos que figuren en su activo luego de su saneamiento, que deberá vender en el mercado.

La siguiente tabla podría ser un ejemplo de cómo cambiaría el esquema de liquidación de exportaciones y de importaciones en los próximos 4 años.

Con el fin de garantizar la convergencia de las dos franjas cambiarias será necesaria una devaluación del peso en la franja oficial al inicio del programa lanzada a la par del cambio en el régimen de liquidación de exportaciones. Al inicio del programa se realizará una devaluación nominal al unísono con el cambio en el régimen de liquidación. La mayor oferta de dólares podría determinar en una convergencia del dólar financiero hacia la pauta oficial reduciendo progresivamente la brecha entre los dos segmentos del mercado.

A fin de mitigar la salida de capitales provenientes de las operaciones de comercio exterior, se podrían imponer impuestos a la salida de capitales sobre la operatoria de bonos. Los dólares provenientes de las exportaciones que sean depositados en bancos locales no serán gravados con impuestos, al igual que la compra de acciones y títulos públicos y privados emitidos en moneda local y bajo jurisdicción legal argentina.

Finalmente, y en relación a la política monetaria se buscará llevar adelante un esquema de reducción de progresiva de la tasa de interés de los instrumentos cuasifiscales con el objeto de evitar la confiscación masiva de depósitos que podría conllevar un plan tipo Bonex’89.

La política cambiaria evitará un proceso de huida hacia el dólar en tanto que la monetización debería aumentar contribuyendo a absorber el desarme de los instrumentos cuasifiscales. En otras palabras, al cabo de 4 años, con la disminución de la tasa de inflación y la consiguiente monetización se terminarán eliminando la totalidad de los instrumentos remunerados de regulación monetaria, como las Leliq y Pases del BCRA que nunca más podrá volver a crear.

A este conjunto de medidas y con el objeto de aumentar la credibilidad y sustentabilidad del programa se debería enviar al Congreso un proyecto de nueva Carta Orgánica del BCRA, a fin de lograr su independencia, que establezca que una vez removidas las actuales restricciones cambiarias quedará prohibido a la Institución Regulatoria reestablecerlas, pues no serán consideradas como opciones legales de política monetaria. Por otro lado, se debería prohibir en la Carta Orgánica la emisión de instrumentos cuasifiscales desde el inicio del plan.

Con el objetivo de mejorar la eficiencia del sistema bancario se debería implementar una reforma que amplie los requisitos de capital del sistema convergiendo en 4 años a las normas de Basilea IV y se deroguen las leyes que impiden a los bancos extranjeros responder con capital del exterior en casos de problemas de solvencia o liquidez.

Se podría proponer una ley del Congreso que disponga la unificación de la banca pública en una única institución nacional que deberá adscribirse al control del BCRA y de la superintendencia de Bancos y cumplir con los requisitos de capital establecidos en la reforma Bancaria.

Estas medidas anteriormente son solo un resumen de un amplio plan económico que deberá garantizar el equilibrio fiscal intertemporal y que impida con herramientas legales que en el futuro se pueda restringir al mercado de capitales con cepos o restricciones de todo tipo.

Dicho plan requerirá de constantes reformas y ajustes, pero de la coordinación de las fuentes de expansión monetaria junto al cambio en la demanda de dinero deberían garantizar la convergencia al objetivo establecido de desinflación.

Creemos importante señalar que quien tenga la posibilidad de gobernar debería evitar bajo toda circunstancia recurrir a confiscaciones masivas de depósitos y al aumento de endeudamiento con el exterior.

Mariano Fernandez es Economista, Profesor Full Time de Economía Internacional Monetaria, Universidad del CEMA; Adolfo Paz Quesada es Abogado, Profesor de Derecho Constitucional, UBA. (Los puntos de vista de los autores no representan la posición de la Ucema ni de la UBA)