La contaminación actual por plásticos y químicos supera el límite de seguridad del planeta, situación que podría agravarse si los gobiernos no avanzan en un tratado ambicioso a nivel global y en políticas concretas en el ámbito local. Al ritmo actual de producción y descarte, la contaminación podría triplicarse para 2040, alcanzando más de 640 millones de toneladas arrojadas al océano. Los microplásticos se encuentran en el agua, en los peces, en el aire y en nuestro propio cuerpo.
Este lunes comenzó la tercera sesión del Comité Intergubernamental de Negociación (INC-3) en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, para concertar políticas globales contra la contaminación plástica. Se trata de un debate que lleva dos rondas de negociación y que tiene como objetivo lograr un tratado para fines de 2024. La discusión principal entre las partes se centra en determinar si se limita la producción plástica, se gestiona la contaminación a través de medidas que apresuren la circularidad del plástico o se avanza en ambas direcciones.
Entre el 13 y 16 de noviembre, en Nairobi, se discutirá el primer borrador para lograr un tratado global jurídicamente vinculante que aún contempla todas las opiniones de las Partes. El “Zero Draft” establece la reducción de la producción, la eliminación de algunos tipos de plásticos y productos químicos especialmente nocivos. También plantea criterios mínimos de diseño, rendimiento y medidas para la reducción y reutilización de los plásticos. Además, reconoce la necesidad de transparencia en el trayecto de los productos a largo de todo su ciclo de vida y una transición justa. Sin embargo, el borrador no establece objetivos concretos de reducción a futuro.
El tratado evidencia grandes desafíos y una transformación en materia de plásticos y químicos enmarcada en nuevas reglas de impacto global, regional y/o nacional. A pesar de este dinamismo, la Argentina sigue estando al margen de la discusión de los cambios y de la innovación en materia de gestión. En relación con el manejo integral de los residuos, la normativa vigente presenta una estructura que se encuentra desactualizada frente a la realidad actual de la producción, del comercio y del consumo.
Las normas actuales deben ser modificadas e incorporarse nuevas regulaciones específicas en el marco de una economía circular. Un aspecto de singular trascendencia que retoma el borrador es la importancia de la responsabilidad extendida del productor (REP), un principio que se viene discutiendo desde hace décadas en nuestro país, pero que a pesar de varios intentos no logra convertirse en ley.
El principio de REP traslada la responsabilidad legal y económica de la gestión de los residuos, hoy en manos del Estado, al sector privado, productor de los bienes de consumo. Debe aplicarse legislación bajo la REP para todas aquellas corrientes de residuos que contienen plásticos como son los envases y embalajes, artefactos eléctricos y electrónicos, neumáticos fuera de uso y artes de pesca.
Además, se debe avanzar en la eliminación del IVA en la compra venta a los materiales pos consumo reciclables con el fin de hacer más competitivos estos materiales frente a la materia prima virgen; en legislación para actualizar e inventariar las sustancias químicas en nuestro y en otorgar un marco regulatorio para la gestión de la indumentaria.
Es indispensable que la dirigencia se despabile y encuentre en la adecuación de los marcos regulatorios las oportunidades que representa la agenda ambiental en términos sociales y económicos.
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