El costo social de no hacer las reformas pro-mercado

Solo con una economía que se modernice y cambie leyes y regulaciones de tiempos muy lejanos será posible crear puestos de trabajo neos, elevar la productividad, aumentar los ingresos reales de los trabajadores y jubilados, y bajar la desocupación de modo genuino, la pobreza y la indigencia.

Mientras persista un Estado sobredimensionado y gastador en programas sociales en forma secular, sin perspectiva de cada cambio, habrá cada vez más pobreza, por eso está claro que ese es el camino equivocado.

Ahora bien, pareciera ser que la gente quiere salir de esta decadencia, pero no acepta asumir el costo de hacer reformas económicas como la reducción del gasto público, y mejora en la calidad del servicio.

Tampoco quiere una reforma laboral, tributaria, ni desregular la economía para que haya menos costos burocráticos en las empresas y mayor competencia interna y externa, para integrarse al mundo. Y sigue el listado.

Cuando se propone llevar adelante estas reformas, se argumenta que no es posible por el costo social que habría que pagar. Pero, el verdadero costo social es continuar con estas políticas populistas que espantan las inversiones privadas, alimentan la inflación y de esa forma destruyen el ingreso real de la población.

Por empezar, cuando se propone aplicar reformas estructurales, no se está diciendo dejar un millón de empleados públicos en la calle de un día para otro. Primero porque el Estado nacional tiene 740.000 empleados estatales y el resto de más de 3 millones están distribuidos en provincias y municipios.

Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, los empleados públicos totales, como ocupación que general el ingreso principal sumaban en las tres jurisdicciones: nación, provincias y municipios 3.490.056 personas (nación 740.677, provincias 2.297.491 y municipios 451.888 a diciembre de 2016).

El sector privado prácticamente no crea puestos de trabajo y el sector público, por el contrario, los multiplica a pasos agigantados.

No veo como un costo político que empleados públicos y piqueteros, que viven del trabajo ajeno, comiencen a trabajar y a generar riqueza para poder tener un ingreso basado en satisfacer las necesidades de la población y no solo recurrir al método de presionar al gobierno para que quite más recursos a los que producen y son expoliados impositivamente.

En primer lugar, sin una baja del gasto público hay que buscar formas de financiarlo. Dado que los recursos impositivos no alcanzan, el primer costo recae sobre el sector privado con impuestos que desestimulan inversiones y producción, lo cual lleva a problemas de ocupación.

La otra forma de financiar el gasto es con deuda pública interna y externa, esta última opción hoy no está disponible. Y, si fuera viable, los gastos habrá que pagarlos en pesos y lo que entrarán son dólares.

Esta deuda implicará una fenomenal oferta inicial de divisas en el mercado que hace que el tipo de cambio se mantenga quieto mientras la inflación sube por efecto de la expansión monetaria, con lo cual Argentina se convierta cada vez más cara en dólares generando problemas de competitividad, incluso en el sector agrícola.

Es lo que le pasó a Cambiemos entre diciembre de 2015 y abril del 2018. Por tener miedo a llevar adelante las reformas estructurales, tomó deuda externa para financiar el déficit fiscal. Al ingresar los dólares el Tesoro tenía dos opciones:

1) Vender los dólares en el mercado para hacerse de los pesos y pagar jubilaciones, sueldos, gastos, etc. En ese caso, la mayor oferta de dólares en el mercado hacía caer el tipo de cambio desestimulando las exportaciones y estimulando las importaciones. Es decir, agrava el sector externo por el lado del déficit fiscal; y

2) Vender los dólares al BCRA o que directamente la entidad saliera al mercado a comprar dólares para que no baje el tipo de cambio, pero para eso tiene que emitir y generar inflación, con los problemas que eso trae, como la posterior absorción de los pesos excedentes con la colocación de Lebac, hasta que todo voló por los aires en abril de 2018.

En otras palabras, no bajar el gasto público tiene otro costo que es el gasto cuasifiscal, el cual actualmente representa 9% del PBI, y representa una bomba de tiempo.

En síntesis, es falso sostener que no se asume un costo social por no hacer el ajuste. Siempre existe y es cada vez mayor, pero sobre el sufrido sector privado que tiene que seguir sosteniendo gente que no produce nada útil y una legión de planeros sociales que parecen las vacas sagradas de la India.

A ese estado se llega por la falta de un plan económico consistente, con profesionales con capacidad para implementarlo y el coraje político para llevar adelante las reformas necesarias que conduzcan a erradicar la inflación, la pobreza, la indigencia y la caída del salario real.

No hacer las reformas es seguir aumentando el costo social con más pobreza, indigencia, desocupación encubierta y disminución en el nivel de vida general de la población.