Con una tasa de inflación viajando a un ritmo del 10-12% mensual resulta una perogrullada sostener que la economía argentina necesita un plan de estabilización que lleve la tasa de inflación a valores civilizados.
No resulta tan claro, sin embargo, al menos para una parte de la sociedad, que para frenar la suba generalizada de los precios, primero es necesario tener precios.
Y ese es uno de los problemas centrales de la Argentina de hoy, el sistema de precios está destruido y las señales que en una economía de mercado se derivan de dicho sistema se encuentran totalmente opacadas.
La Argentina es un avión volando en medio del “triángulo de las Bermudas” dónde debido al pésimo intervencionismo populista sobre los precios relativos, los instrumentos del tablero de control se han vuelto “locos”.
El primer precio distorsionado por este intervencionismo populista es el tipo de cambio o, mejor dicho, los tipos de cambio.
Como resulta obvio, el precio del dólar transforma los precios internacionales en los precios en pesos para los productos que se exportan e importan.
Pero la Argentina tiene hoy un valor del dólar para los productos que se exportan, en torno a los 520 pesos, determinado por un mix entre el tipo de cambio oficial que fija el Banco Central y un supuesto tipo de cambio libre -también intervenido por ventas del Banco Central y por la policía-. Y tiene otro valor del dólar para los productos que se importan, fijado en 350 pesos.
Como los importadores no acceden libremente a los dólares para pagar sus importaciones, fijan sus precios, de acuerdo a las condiciones de cada mercado en el que actúan, en algún valor entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio al que, si sus proveedores se lo exigen, consiguen las divisas para pagar sus compromisos comerciales.
Pero en la Argentina, uno de las anclas que se usan para instrumentar un plan de estabilización es precisamente el tipo de cambio que determina el precio de los bienes exportables e importables. Dos precios hoy totalmente indeterminados. El de los exportadores, porque una parte es “variable” y no fija. Y el de los importadores, porque a 350 pesos, no se consigue.
De manera que el primer precio que es necesario “estabilizar” es el del dólar.
Con reservas negativas, cercanas a los menos 10 mil millones de dólares, el mercado de capitales cerrado, el acuerdo con el FMI caído, importadores que incrementaron sus deudas comerciales en unos 20 mil millones de dólares, un tipo de cambio semi fijo para los exportadores y un tipo de cambio indeterminado para los importadores, esta tarea resulta imposible. Y la alternativa de “liberar” todo, sin programa, y en el entorno externo arriba descripto, parecería ser más un camino a la aceleración de la tasa de inflación, que a la estabilidad.
Y sin poder establecer un tipo de cambio nominal “creíble” tampoco se pueden calcular los precios de la energía.
En efecto, al comienzo de la cadena de la generación de electricidad se encuentran los precios del gas y de los combustibles líquidos, que, por definición, están dolarizados.
En la actualidad, los precios de los servicios públicos son una mezcla de precio, que paga la demanda, y subsidios que se financian con déficit fiscal e inflación. Salvo el caso de algunas industrias y los consumidores de altos ingresos, el resto de las empresas y consumidores pagan entre el 15 y el 65% de los costos de la energía, aproximadamente, y dependiendo de sus características. Pero costos fijados al tipo de cambio intervenido.
Además, con tarifas congeladas y tasa de inflación de dos dígitos, este problema se agrava cada día.
Sin tipo de cambio y sin precios de la energía, alinear el resto de los precios resulta cuasi imposible.
A este panorama hay que agregarle muchos precios privados, también intervenidos con distintas variantes de acuerdos, en alimentos y bebidas, servicios de salud, educativos, el transporte, etc.
Para colmo de males, surgen diferencias regionales en varios precios claves no justificadas en razones “objetivas”, si no por distintos comportamientos de las provincias y municipios con sus sistemas impositivos propios.
A estos “no precios” hay que agregarle el precio del trabajo. O, mejor dicho, los precios del trabajo.
Está el precio del sueldo de los trabajadores del sector público, determinados sin la restricción presupuestaria, dado que el Banco Central financia lo que venga, por razones políticas y electorales, en particular en las provincias. A eso se le suma el precio de los trabajadores formales sindicalizados, cuasi indexados en el marco de una economía con escasa competencia y en alta inflación, con facilidad de traslado de costos a precios.
Luego, el correspondiente a los trabajadores de empresas pymes, empresas que tienen menor margen de maniobra en precios y costos que las grandes y, finalmente, los sueldos de los trabajadores informales, la mayoría sin ningún poder de negociación.
En este contexto, la relación entre salario y productividad de la economía no ajusta en el sector público, y en el sector privado, ajusta con la caída del salario real.
Esta distorsión se traslada a todo el mercado de trabajo, incluyendo, obviamente, el empleo ficticio generado por algunos planes sociales.
Vuelvo entonces al comienzo de esta nota. Los precios resultan clave en una economía de mercado, porque de allí se derivan las decisiones de inversión, de empleo, de ahorro, de crédito.
Cuando no se tienen precios confiables, ni una expectativa más o menos clara de su evolución, estas decisiones se postergan, se limitan, o conducen a errores que se pagan caro. Y, por si esto fuera poco, tampoco se puede combatir seriamente la inflación.
Insisto, no tener precios equivale a conducir un automóvil sin el tablero de instrumentos.
Se puede, pero hay que adivinar si no se está transgrediendo la velocidad máxima. Si la temperatura del motor es la correcta. Si la presión de aceite es la correspondiente. Si los neumáticos están bien inflados y, por si esto fuera poco, siempre se corre el riesgo de quedarse sin nafta.