La diputada electa por La Libertad Avanza, Diana Mondino, tradujo por estos días qué quieren decir cuando proponen que la obra pública se deje en manos del sector privado. Con honestidad brutal afirmó que la propuesta de Javier Milei es que sean los propios vecinos y vecinas quienes se organicen, junten la plata y ejecuten las obras de servicios como cloaca, agua, electricidad, etc.
Nací, me crie y vivo en el barrio La Cava de la localidad de Beccar. Allí siempre fue así, los propios vecinos nos organizamos y financiamos las redes de servicios como pudimos. Por supuesto esto tiene infinidad de problemas. Para empezar, los tendidos son irregulares, lo que produce contaminación y riesgo de electrificación. Luego, al no existir un acceso parejo a las redes, comienzan por supuesto los conflictos entre vecinos ya que las familias van conectándose a las redes precarias que hicieron otros, lo que lleva a que se saturen y se generen profundas enemistades.
Mangueras de agua pinchadas atraviesan algún pozo ciego, redes eléctricas sobrecargadas se incendian generando tragedias, pasillos o veredas rotas para emparchar algún caño, peleas por el uso de una manguera de agua sin presión suficiente, broncas por quién puso dinero y quién no. Todos estos problemas suceden en los más de 5 mil barrios populares del país que han quedado al costado del camino, donde la urbanización ha sido producto solo de la organización de los vecinos.
Hace 7 años, con la lucha de miles de barrios de todo el país que fuimos acompañados por los movimientos sociales, la iglesia de los barrios y algunas ONG’s, conseguimos crear el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Decenas de miles de vecinas y vecinos registramos y censamos todos los barrios del país. Ese fue el primer paso para consolidar una política pública que luego creó la secretaría de Integración Socio Urbana de la Nación y el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), organismos que hoy tengo el honor y la responsabilidad de presidir.
En el 2020 el Congreso de la Nación aprobó el Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas que consistió en exigir un pago por única vez a las mayores fortunas del país y destinar esa recaudación, entre otras cosas, al FISU. Con esos fondos y el 9% del impuesto PAIS se están financiando obras en más de mil barrios, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. De forma acelerada, con mucho esfuerzo y abonando a la cultura del encuentro entre provincias, municipios, cooperativas, organizaciones sociales, sindicatos e iglesias, una tarea auto organizada y auto financiada de forma dispersa e irregular por cientos de miles de vecinos se convirtió en una política de Estado federal que, por supuesto, dinamiza la economía, genera trabajo, ganancia, recaudación y, sobre todo, mejora la vida de cientos de miles de personas.
La propuesta de Milei es dar marcha atrás con este proceso. Es condenar al pueblo pobre a la más absoluta precariedad, a la informalidad, al reino del sálvese quien pueda. Acompaña esta propuesta con la idea de quitar la obligatoriedad de la escuela, desfinanciar la escuela pública y liberar el comercio de armas y el tráfico de órganos. Pensemos un minuto qué puede significar este combo para nuestros barrios populares. Como el flautista de Hamelin, su promesa de libertad esconde una propuesta de muerte.
Hay mucho por mejorar, pero se logrado poner en pie una política federal para revertir esta realidad. Necesitamos también profundizar la generación de suelo urbano, para evitar que surjan nuevos barrios irregulares y no estar corriendo siempre la pelota de atrás. Para eso generamos el Registro Único de Solicitantes de Lotes (RUS) y conseguimos el compromiso del precandidato a presidente Sergio Massa, de avanzar en la creación de dos millones de lotes, destinando para eso tierras ociosas del Estado, generando riqueza y propiedad privada de calidad, pero no para unos pocos, si no para todas las familias de nuestro hermoso país donde tierra hay y faltan oportunidades.