La esperanza de un gobierno paritario

Las mujeres somos la mayoría de la población en Argentina y son muchas las que están bajo la línea de pobreza. La mayoría de nosotras sufre discriminación de género y la violencia de género nos afecta de una u otra forma a todas. Las mujeres hacemos más del doble de trabajo no remunerado que los varones, que en el caso de las que no tienen ingresos propios ingresos propios alcanza al 56% y en el caso de las que sí lo tienen el 47% (según los últimos datos del Observatorio de igualdad de género de América Latina y Caribe de la CEPAL).

Según una reciente encuesta global a 5000 mujeres trabajadoras (Deloitte Global 2023) sus principales preocupaciones son los derechos (59%), su seguridad financiera (58%, salud mental y física (56%) y seguridad personal (54%). El 50% reportó que sus niveles de estrés fueron mayores que el año pasado, más de 40% trabaja con dolores o síntomas relacionados con la menstruación, 20% trabaja con síntomas vinculados a la menopausia y sólo el 25% se siente cómoda hablando de problemas de salud mental en su trabajo, 44% dijeron haber sufrido acoso y/o microagresiones.

A su vez, 76% de las/les mujeres y disidencias LGTBIQ+ experimentaron comportamientos no inclusivos y 53% de las mujeres migrantes, indígenas o de grupos étnicos experimentaron exclusión. Un tercio de las encuestadas experimenta falta de previsibilidad en los horarios cuando trabaja en entornos híbridos y el 37% de ellas se siente excluida de las reuniones importantes. El 97% cree que solicitar o o aprovecha de políticas flexibles

Después de cuarenta años de democracia y a ocho años de la primera Marcha del Ni una menos, quienes estuvimos desde la primera concentración el 8 de marzo de 1984 debemos decir que muchos de nuestros reclamos no han sido resueltos aún y siguen más vigentes que nunca. En nuestro 36° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Bisexuales y No binaries en Bariloche una vez más nos unimos en diversidades casi 100.000 participantes de todo el país para proponer soluciones y hacer aportes en un tiempo electoral bueno para reflexionar y activar contra los fundamentalismos reaccionarios, misóginos y racistas.

En estas elecciones se juega la posibilidad de nuestro futuro. Por eso volvemos a decir que la deuda es con nosotras, nosotres y nosotros, y que la paguen los que la fugaron, quienes la convirtieron en especulación y en la inflación que sufrimos en nuestra vida cotidiana. Volvemos a exigir que la Justicia avance en la causa contra los imputados por la toma de deuda externa y que se difundan los nombres y empresas que se apropiaron de los dólares del préstamo y los fugaron al exterior. Basta de paraísos fiscales.

Exigimos soberanía sobre nuestros cuerpos y territorios. Rechazamos el extractivismo que contamina aguas, provoca incendios devastadores, desertifica territorios y privatiza ríos y puertos. Exigimos se sancione la Ley de Humedales ya porque no hay supervivencia posible para la especie humana aniquilando las demás formas de existencia. Exigimos una Ley de Acceso a la Tierra y una Ley de Soberanía Alimentaria en base a un modelo productivo no extractivo y comunitario. La producción de alimentos no puede estar concentrada en manos de quienes nos han llevado con su modelo al colapso económico y climático. Resistimos la hiperconcentración de la riqueza, que coloca a la humanidad en la mayor crisis, social, sanitaria y ambiental.

Repudiamos la precarización laboral de nuestras vidas, pauperizando y feminizando aún más la pobreza en nuestro país, que hoy somete a un 60% de las infancias pobres (Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, UCA). Exigimos la pronta sanción de la Ley de Cuidados enviada por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso y un presupuesto para un sistema nacional de cuidados, como garantía de la reproducción social. Exigimos que se asegure un salario básico universal y el reconocimiento salarial para los cuidados comunitarios, con un salario digno y derechos laborales. Exigimos la continuidad de la moratoria jubilatoria y para las amas de casa y un aumento de emergencia de las jubilaciones. Exigimos el cumplimiento de la ley de cupo laboral trans y el del cupo sindical, especialmente en las paritarias.

Exigimos acceso a las vacantes escolares para todes les niñes y adolescentes, y la promoción de la educación pública desde la primera infancia. La educación no es un negocio ni puede depender de criterios neoliberales de formación empresarial. El avance de las derechas conservadoras busca prohibir el lenguaje inclusivo y anular la ESI. Queremos la efectivización de la ESI y la Educación ambiental integral en todo el país. No a las leyes provinciales de ESI antiderechos que son restrictivas. Queremos que los contenidos incluyan el derecho al aborto y la Ley de Identidad de Género, por una ESI no binaria. Demandamos soberanía tecnológica y conectividad y acceso a dispositivos tecnológicos para todes, todas y todos en todo el país.

Por una reforma judicial feminista que garantice el acceso al sistema de Justicia para las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries. Por un sistema judicial que no invisibilice la realidad de las niñeces y adolescencias que son víctimas de abuso sexual. Basta de la aplicación del SAP (síndrome de alienación parental) y de la persecución a las madres protectoras. Nuestres hijes no son botín de guerra. Apoyamos a les profesionales y peritos de parte que sufren amenazas, agresiones y denuncias por acompañar a las víctimas. Exigimos que se cumpla con la ley de patrocinio jurídico gratuito sancionada en 2015 en todos los ámbitos legales para personas victimizadas por la violencia de género. Los procesos judiciales por violencia machista y patriarcal no deben revictimizarnos. Reclamamos equipos interdisciplinarios que intervengan en los procesos. Demandamos mecanismos concretos y eficientes para asegurar el cumplimiento de la cuota alimentaria. Reclamamos que se extienda la ley Micaela al ámbito sindical, a las organizaciones sociales y políticas, al Poder Judicial y legislativo y a los medios de comunicación. Además, exigimos una Corte Suprema de Justicia integrada también por mujeres.

Rechazamos la violencia machista en todos los ámbitos. Basta de femicidios, travesticidios, transfemicidios y crímenes de odio. Los agresores no son enfermos, son hijos sanos del patriarcado. Reclamamos la Ley de Emergencia en violencia de género. Necesitamos que las medidas de protección para situaciones de violencia de género lleguen a tiempo. Los colectivos de mujeres con discapacidad, migrantes y trans se encuentran en estado de vulnerabilidad y son frecuentes víctimas de múltiples violencias. Según las investigaciones que hicimos desde el proyecto Maravilla de Mujeres contra la violencia - coordinado por la Asociación Ciudadana por los derechos humanos con el apoyo del Fondo fiduciario de Naciones Unidas para eliminar la violencia contra las mujeres y en articulación con muchas organizaciones y redes- esos tres grupos sufren más violencia que el resto de sus congéneres y/o están en riesgo de padecerla ( 9 de cada 10 mujeres trans, 8 de cada 10 mujeres con discapacidad y 6 de cada 10 migrantes). Todas ellas sufren discriminación que las hace frecuentes víctimas de violencia institucional y particularmente las mujeres con discapacidad y las trans sufren violencia en el seno de sus familias. Las migrantes sufren violencia laboral agravada y hasta son víctimas de trata y la mayoría de las trans sufren explotación sexual. Como sociedad civil estamos trabajando para empoderar a estos tres colectivos vulnerabilizados y para sugerir protocolos que mejoren el acceso a la Justicia de quienes están en situación de violencia con una perspectiva interseccional. Sin embargo estas propuestas deben convertirse en políticas de Estado.

Desde la década del 80 las mujeres luchamos por espacios en los lugares de decisión en el entendimiento que desde allí podemos cambiar la política e impulsar políticas públicas que hagan realidad nuestros derechos y que pongan el cuidado de la vida en el centro de las instituciones. Así fuimos precursoras de las leyes de cupo en el mundo y hace no tanto tiempo conquistamos la paridad en la representación parlamentaria nacional. Alcanzamos así una representación parlamentaria apenas de 44,8% (2023) porque nuestro sistema electoral en provincias más chicas combinado con el generalizado encabezamiento de listas por varones hace que ingresen siempre más varones.

Aún hoy Argentina es el único país de la región que no tiene ninguna mujer en la Corte Suprema y el porcentaje de intendentas es patético (10,2%). En los Poderes Ejecutivos no nos va mucho mejor. El Presidente que se declaró feminista, aunque incorporó a muchas feministas en su gestión y avanzó nuestra agenda- sólo tiene 20% de mujeres en su Gabinete, lejos del 58% de Chile, del 50% de Costa Rica, del 55% de España, del 52,9% de Portugal o del 44% de México, sin compararnos siquiera con los países escandinavos donde desde hace décadas reiteradamente muchas mujeres son primeras ministras y los gabinetes son holgadamente integrados por mujeres.

La agenda de género que merecemos estuvo ausente de los debates presidenciales. Sólo alguna mención o reconocimiento tangencial de nuestros derechos. Creemos que el debate de la segunda vuelta será una nueva oportunidad para discutir entre dos modelos. Esperamos que Sergio Massa redoble su compromiso con la agenda feminista y que el gobierno de unidad que propone empiece por darnos el lugar que nos corresponde: un gobierno paritario.