Reseteo impositivo 2024: ¿momento de sinceramiento fiscal y moratoria?

Venimos de un período de gobierno en el cual se ha roto completamente la seguridad jurídica y, de manera particular, la seguridad jurídica tributaria. Este aspecto, probablemente –con otros tantos– ha tenido incidencia en una crisis económica y social del país con pocos precedentes en la historia: pobreza del 43,2%, reservas negativas en el Banco Central, una inflación anual acumulada en septiembre de un 138% (con probabilidades de cerrar el año en un 200% anual), gasto público desbordado con paupérrimos servicios públicos, déficit fiscal récord, endeudamiento también récord. Si a ello le sumamos las distorsiones de tipo cambiario, con varios tipos de cambio y controles dignos de un estado soviético, no nos puede sorprender que este cocktail tenga resultados devastadores, como los que estamos presenciando en estos días.

Quien asuma la presidencia enfrentará, entonces, enormes retos que requieren conocimiento, experiencia, cintura política y un gran apoyo de la población. Dentro de estos desafíos, uno de los temas clave para superar la crisis es abordar una moderna reforma fiscal.

Está fuera de duda que los gobiernos kirchneristas han generado una carga fiscal sin precedentes para empresas e individuos, por lo que será casi imposible atraer inversiones si no se implementa un cambio profundo en el régimen tributario.

Para poder abordar la competitividad en el ámbito fiscal (a efectos de fomentar la producción y atraer capitales), el nuevo gobierno deberá reducir drásticamente los gastos en un estado sobredimensionado y buscar nuevos recursos. Dentro de esta búsqueda, y por más que resulte odioso para los contribuyentes cumplidores, siempre existe la posibilidad de proponer un blanqueo fiscal de bienes y activos ocultos, que siempre suele venir acompañado por una amplia moratoria, para que las empresas puedan regularizar sus deudas fiscales.

Porque, asuma quien asuma, estará obligado a generar un real cambio de expectativas. La mayoría de las políticas implementadas en los últimos años (particularmente los últimos cuatro) por los diferentes niveles de gobierno en el campo tributario ha resultado muy perjudicial para el sector privado. Si a ello sumamos la problemática política cambiaria, con la obligación de exportadores de bienes y servicios de liquidar sus ingresos al irrisorio tipo de cambio oficial, no es difícil deducir que todo esto ha llevado a una considerable evasión fiscal y al ocultamiento de activos.

Esto se suma al flujo de dinero que históricamente ha circulado en la economía en negro de nuestro país. Recordemos que alrededor del 50% de la economía argentina opera en la informalidad, por lo que existen grandes cantidades de dinero oculto, tanto en el extranjero como debajo de los colchones. Es más, según el Indec, los argentinos tendrían unos USD 265.000 millones fuera del sistema, cifra que probablemente siga aumentando.

Otro factor a tener en cuenta es el (¿inminente?) envío de información financiera por parte de Estados Unidos con carácter automático, en función del último acuerdo suscripto en 2022 por el actual gobierno. Hay que recordar que en el indiscutible éxito del sinceramiento fiscal de 2016 tuvo que ver -bastante- la entonces puesta en marcha del acuerdo de intercambio automático de información financiera celebrado en el Marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Todas estas condiciones hacen que resulte interesante para un nuevo gobierno la posibilidad de sancionar un nuevo blanqueo y moratoria. No tenemos dudas de que -por estas razones- cualquiera de los tres candidatos con chances de acceder a la Presidencia de la Nación va a propiciar su aprobación. Es más, el candidato oficialista ya ha enviado al Congreso un proyecto en ese sentido y en el equipo de otro de los candidatos también se ha hablado de la posibilidad de incorporar los dólares que se encuentran fuera del circuito formal del economía, para poder avanzar en un eventual proyecto de dolarización.

En primer lugar, es necesario ordenar la economía y contar con un sólido apoyo político para llevar a cabo las reformas. También es esencial garantizar el respeto a la propiedad privada y crear condiciones para que este respeto perdure en los años siguientes. Nos referiremos a esto en el próximo punto.

Por otra parte, el blanqueo y a moratoria deben ser amplios, como los aprobados durante el gobierno de Mauricio Macri. Atenta contra el éxito de las amnistías fiscales establecer condiciones diferenciadas para activos en el país y en el extranjero o discriminar en función del tamaño de las empresas, como se ha hecho en las moratorias aprobadas por el kirchnerismo. Este tipo de restricciones (más bien de tipo ideológico) no tiene en cuenta que, en líneas generales, las que más aportan a la recaudación y tienen el mayor nivel de cumplimiento son las empresas de mayor magnitud. Esto surge de estadísticas dentro de la propia AFIP. Estas mismas compañías son las que, aunque se encuentren discutiendo deudas (por ejemplo, en el Tribunal Fiscal de la Nación) con argumentos jurídicamente impecables, muchas veces proceden a allanarse e incluirlas en moratorias para estar full compliance y evitar cualquier contingencia futura.

De este modo, el gobierno entrante podría transformar una masa de stock (que pierde valor con la inflación) en un flujo constante de ingresos tributarios.

A su vez, no resulta razonable (salvo desde una postura extremamente ideologizada) excluir determinado tipo de impuestos de la posibilidad de regularización (como por ejemplo, el denominado “Aporte Solidario Extraordinario”).

Otro punto importante es que el blanqueo debería ser barato, para que resulte atractivo e incentive a las personas a declarar sus activos ocultos ante el fisco.

Es bastante factible que del blanqueo surjan opciones para la restructuración de patrimonios previa a la entrada en vigencia del régimen, como ha ocurrido durante el sinceramiento fiscal aprobado durante el gobierno de Macri. Esto se debe a que el blanqueo requiere mostrar la verdadera situación patrimonial en un momento específico, como si fuera una foto. Y antes de que el Gobierno “saque esa foto”, se pueden estructurar los bienes de distintas maneras (a efectos sucesorios, familiares, etc.).

También –esto dependerá de cómo sea la ley que se apruebe– puede existir la posibilidad de que el propio blanqueo contemple alternativas de restructuración, si se permitiese declarar como propios bienes que actualmente se encuentran a nombre de terceros, ya sea individuos o sociedades. Esto fue una verdadera novedad dentro del esquema del sinceramiento fiscal de 2016.

La gran pregunta que deben hacerse los candidatos es cómo recrear la confianza para que esta propuesta funcione. Sobre todo, por lo ocurrido en los años posteriores al exitoso sinceramiento fiscal de 2016, que para muchos resultó una perfecta traición del Estado Nacional. Ello así, ya que luego de la cuasi eliminación del Impuesto sobre los Bienes Personales –con el referido sinceramiento fiscal– y a pesar de la voluntad de transitar hacia un régimen tributario más razonable –reflejada en varias de las medidas adoptadas entre 2015 y 2019–, buena parte las políticas fiscales del último gobierno kirchnerista parecieron apuntar a castigar –en particular– a quienes habían adherido al mencionado régimen de amnistía fiscal: entre otras medidas, se reimplantó Bienes Personales de manera mucho más gravosa y se creó el Impuesto a la Riqueza. En ambos impuestos se castigó puntualmente a individuos con activos en el exterior. Además, con este gobierno se crearon y elevaron irrazonablemente todos los tributos posibles (Impuesto PAIS, percepciones sobre exportaciones de bienes y servicios, elevación de alícuota de Ganancias para sociedades, anticipos extraordinarios, etc.).

Por lo tanto, y luego del necesario reseteo impositivo que se debe realizar en el país (consistente en una reforma tributaria profunda y audaz), una herramienta que podría resultar de utilidad para poder seducir a quienes poseen activos no declarados –y que ingresen en un nuevo régimen de amnistía fiscal– es aprobar una legislación que establezca estabilidad fiscal por una buena cantidad de años. Podría tomarse como ejemplo la estabilidad que se brinda en determinados regímenes promocionales (sobre ciertas actividades) pero, esta vez, que resulte aplicable para todos los contribuyentes del país.

Lo anterior deberá ser acompañado con un plan de gobierno creíble, austero y con un considerable apoyo político que dé viabilidad a las reformas estructurales que el país necesita.

El autor es socio de Expansion Business