La Cámara de Diputados dio media sanción por unanimidad a la creación del Programa Argentina Inclusiva, que prevé la capacitación en la temática de discapacidad para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo de la Nación.
Espero que los que se proponen para ser electos por el pueblo sean los primeros en tomar conocimiento de temas esenciales respecto de la discapacidad. La Organización Mundial de la salud (OMS) estima que un 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Estamos hablando de una población de 1.183.000 de personas. Ese número puede aumentar en los países en desarrollo por el “envejecimiento poblacional”. Es lo que sucede con la Unión Europea, que registra el 17% de su población con algún tipo de discapacidad, es decir, 76 millones habitantes.
En Argentina, el INDEC, en un documento que recupera sus investigaciones a julio de 2023, expresa que “el 12,9% de la población tiene alguna dificultad o limitación permanente (5 millones ciento noventa mil son las personas con discapacidad entre los 46 millones de habitantes en nuestro país)”. Sin embargo, sólo 1.662.016 cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), y 1.200.000 personas cuentan con las pensiones por discapacidad. Esto equivale a decir que solo el 30% de esta población cuenta con la cobertura social de parte del Estado. Me parece que no solo es importante la capacitación, sino también la difusión de estos datos, en tanto expresan que estamos en deuda con ellos y ellas. Es importante conocer esto para terminar con la demagogia de dudar de las personas que cuentan con una pensión o un Certificado único de discapacidad.
Queremos un Estado inclusivo, no uno que descarte. La pensión por discapacidad significa para estas personas tener salud, tener transporte, tener medicamentos, tener educación, tener los medios para autovalerse. Por eso es tan importante este avance, sobre todo en la capacitación para el conocimiento de las personas que toman decisiones en materia de discapacidad. El rol del Estado y de la política pública es fundamental para garantizar a esos padres y madres la tranquilidad para ese futuro.
El Certificado Único de Discapacidad y la pensión por discapacidad son las documentaciones que uno menos quisiera tener, pero que más necesarias son para una vida con inclusión social y autovalimiento. Si cada uno de los argentinos y argentinos que cuentan con algún tipo de discapacidad tienen su certificado y su pensión, podremos dar respuesta a esa gran angustia que tienen más de 10 millones de padres y madres en nuestro país, que se preguntan: “¿Qué va a ser de mi hijo/a el día que yo no esté?”.