El día posterior a las PASO, Javier Milei sostuvo que, en caso de ganar las elecciones, en su gobierno se eliminaría vía un plebiscito la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), conquistada al calor de la lucha del movimiento de mujeres en 2020. Expertos en la materia han advertido que sería inconstitucional por tratarse de una cuestión penal. De todas maneras, no estamos frente a un problema legal sino de propósitos políticos, que en el caso de querer efectivizarse podrá encontrar sus mecanismos.
Si tenemos en cuenta que en todos los bloques políticos mayoritarios del Congreso, tanto diputados como senadores han cambiado de posición frente al tema, sería perfectamente posible que volviera a suceder, pero ahora para suprimirlo. Está claro que la ola verde tiene por delante el desafío importantísimo de derrotar la avanzada derechista, defender el aborto legal y volver a ganar un amplio apoyo popular, el mismo que había podido reunir poco tiempo atrás.
El camino para hacerlo es conocido por las mujeres: el que llevamos adelante cuando se ganó el aborto legal. Nos abrimos paso confrontando con las iglesias y los sectores más conservadores de la sociedad, pero también con los partidos de los bloques mayoritarios en el Congreso, que aportaron los votos para frustrar la votación en el Senado allá en 2018 e incluso con la CGT.
Fue un enorme recorrido que incluyó la exposición de argumentos y acciones callejeras, de actos, charlas, movilizaciones y pañuelazos, que permitieron ganar un debate público y sumar a miles de mujeres de todas las edades, especialmente impulsados por las más jóvenes, a apoyar y formar parte de esa lucha. Así conseguimos también los votos en 2020, a pesar de la injerencia de un Poder Ejecutivo que metió mano en el proyecto de ley, limitando su alcance e incorporando elementos como la objeción de conciencia, que permite que hoy en hospitales enteros la práctica no se realice.
Si Milei representa hoy una amenaza (sobre los derechos democráticos en general y sobre los de las mujeres en particular), las circunstancias para que ello sea posible la produjo el fracaso de todos los gobiernos. Los niveles insoportables de pobreza que sufre más de un 40% de la población y el reforzamiento de las iglesias en todos los terrenos de intervención del Estado, son un factor de vulneración de los derechos de las mujeres y diversidades.
Por ello, es fundamental que el movimiento de mujeres establezca una clara delimitación respecto al gobierno nacional que pretendió erigirse como representante de nuestra lucha mientras se sometía al FMI y llevó a niveles récords la feminización de la pobreza. La confusión de nuestra agenda con las del Estado y de nuestras reivindicaciones con las de un Ministerio de la Mujer profundamente deslegitimado genera las condiciones para que los cuestionamientos y ataques a nuestro movimiento progresen.
El 28 de septiembre salgamos a la calle para proteger nuestros derechos amenazados y también levantar una agenda urgente propia, por los derechos vulnerados por todos los gobiernos: desde la educación sexual laica y científica, hasta la lucha contra el ajuste, por el trabajo genuino y por una vida libre de discriminación y de violencia.