El contrato social argentino y su proyección en el mundo

El próximo 10 de diciembre es una día clave para el mundo y para la Argentina. En esa fecha la humanidad adoptó hace 75 años su contrato social más importante: la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Holocausto y otras atrocidades del nazismo generaron esta nueva idea revolucionaria: todo ser humano tiene derechos más allá de su nacionalidad, raza o religión, esos derechos deben ser protegidos colectivamente por todos los países, y los responsables de esos crímenes, de lesa humanidad, deben ser llevados a la justicia. Pero acordamos también que no se podían aplicar a esas atrocidades el derecho penal común, que fue pensado para un Estado de derecho que aplica y respeta la ley. Cuando es el propio Estado el que se transforma en delincuente esos crímenes deben ser imprescriptibles. Consagramos así la expresión “Nunca más”, que estaba en los carteles escritos por los presos liberados del campo de concentración de Buchenwald para expresar el sentimiento anti-fascista, frente a las atrocidades del régimen nazi.

Para la Argentina también el próximo 10 de diciembre es muy importante. Celebramos 40 años de nuestro propio contrato social democrático como país. No lo hicimos de la noche a la mañana. Fue un proceso de luces y sombras y tuvo varias etapas de consolidación. Pero está claro que nos permitió tener hoy una sociedad más sana y más democrática que la que tuvimos hasta el 9 de diciembre de 1983.

El “contrato social”, como los derechos humanos, está en el corazón del liberalismo. Originado en la Revolución Francesa, implica que los ciudadanos acuerdan implícitamente con el Estado los consensos básicos para vivir en una sociedad regulada por este último. Estos consensos van cambiando a medida que evoluciona la sociedad, que llega periódicamente a acuerdos, más allá de sus diferencias internas, para dar un salto cualitativo en el desarrollo del tejido social e institucional del país en el que viven.

La primera etapa de consolidación de nuestro contrato social democrático se inició con la búsqueda de la verdad y la justicia con la CONADEP y el Juicio a las Juntas, y se consolidó en la Plaza de Mayo el 19 de abril de 1987. Aquella Semana Santa el presidente Alfonsín, pese a las presiones que tuvo durante todo su mandato, logró detener la asonada militar que amenazaba una nueva ruptura institucional como las que habíamos vivido desde 1930. Aquel mes de abril de 1987 cambió la Argentina que conocíamos hasta entonces. Masivamente los argentinos salimos a la calle a apoyar al presidente para preservar la democracia y acordamos nunca más recurrir a golpes de estado ni gobiernos de facto, y que nuestras diferencias las resolveremos por la vía democrática. Este contrato se puso a prueba a fines de 2001, cuando tuvimos la incertidumbre de cinco presidentes en una semana. A pesar de la tremenda crisis política, económica y social de aquellos días, se intentó por todos los medios preservar la letra de la Constitución Nacional, en lo que se refiere a la acefalía una vez que renuncia el presidente y no hay vicepresidente en ejercicio, como era el caso. La defensa de la democracia, la CONADEP y el Juicio a las Juntas fueron los hitos de esta primera etapa de nuestro contrato social, y reinsertaron a la Argentina en el concierto de las naciones democráticas que habían decidido abordar su pasado trágico con valentía.

La segunda etapa se expresó en la Plaza de Mayo del 10 de mayo de 2017. Ese día los argentinos, que ya habíamos acordado en 1987 que no queríamos más golpes de Estado, salimos una vez más a la calle masivamente para protestar una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que podía desandar el proceso de memoria, verdad, justicia y reparación, que era la garantía de no repetición de los crímenes de lesa humanidad. Un largo proceso de erradicación de la impunidad que no fue producto de un capricho de un sector de la dirigencia política o un invento de los organismos de derechos humanos, sino de la madurez de la sociedad y las instituciones argentinas desde 1983. Y fue producto también del impacto que tuvo en nuestro sistema legal la evolución del derecho internacional. Porque al reformar en 1994 la Constitución Nacional incorporamos los tratados de derechos humanos con rango constitucional, y nos obligamos internacionalmente a garantizar la verdad y sancionar las violaciones de derechos humanos, más aun tratándose de crímenes de lesa humanidad.

Así fue que los tres poderes del Estado removieron entre 2003 y 2005 los obstáculos jurídicos que aun existían para identificar y sancionar a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos que desde antes del mismo golpe de 1976 venían utilizando el monopolio de la fuerza que tiene el Estado para perseguir y cometer todo tipo de delitos, por fuera de la ley y la Constitución Nacional. En esta segunda etapa el mensaje fue claro: nunca más queremos impunidad por crímenes de lesa humanidad y los identificados como posibles responsables deben ser llevados a la justicia.

Nuestra experiencia en estos 40 años en la promoción y protección de derechos humanos, a lo largo de sucesivas administraciones de gobiernos democráticos, se proyectó para mejorar la situación de los derechos humanos a nivel internacional. La CONADEP fue una de las primeras comisiones de la verdad en el mundo, y también fue inédito hasta entonces que un gobierno democrático juzgara juntas militares con tribunales civiles inmediatamente después de una dictadura. La Asamblea General de la ONU adoptó numerosas iniciativas a partir de la experiencia argentina y lideradas por nuestro país, tales como el reconocimiento del Derecho a la Verdad, la Convención para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada o el establecimiento de un Relator Especial sobre Memoria, Verdad, Justicia y Garantías de No Repetición.

Hoy la Argentina contribuye con su visión y experiencia a liderar nuevos estándares internacionales en materia de género y diversidad, justicia transicional, ciberacoso, cuidados, trata de personas, empresas y derechos humanos. Somos el único país de América Latina miembro de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto y hemos incorporado la lucha contra el antisemitismo como parte de nuestra política exterior. Lideramos en Nueva York y en Ginebra la acción multilateral para iniciar la negociación de un instrumento internacional para proteger los derechos de las personas mayores. Como lo hicimos en la OEA liderando la negociación de la Convención Interamericana sobre la misma materia, que hoy tiene rango constitucional en nuestro país. Tres generaciones de profesionales especializados en derechos humanos han contribuido en estos 40 años como expertos integrando múltiples órganos de protección de derechos humanos. La Argentina por consenso fue elegida para presidir la Corte Penal Internacional y años más tarde el Consejo de Derechos Humanos, los dos órganos más importantes en la materia a nivel mundial. La incorporación hace unos días del Museo Sitio de Memoria ESMA en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO es el corolario de nuestro contrato social. Será el primer sitio de memoria que se incorpora sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la Guerra Fría y el primero sobre la trágica historia reciente de América Latina.

Próximos a celebrar nuestros primeros 40 años nos queda la siguiente etapa de consolidación de nuestro contrato social democrático: incluir plenamente a los millones de argentinos en situación de vulnerabilidad con una perspectiva de derechos humanos. Para identificar el camino debemos aprender de la historia. Cuando terminó la Guerra Fría, simbolizada con la caída del Muro de Berlín en 1989, la lectura general en el mundo fue que un sistema de organización social, política y económica había triunfado sobre el otro porque era esencialmente infalible. Esto de manera simple se traducía en que el capitalismo, el liberalismo económico y político y las leyes del mercado habían triunfado por sobre el comunismo, la restricción de las libertades y la expansión del Estado. El fundamentalismo y simplismo de esta lectura, simbolizados en “El fin de la historia” de Fukuyama o “La Revolución Liberal” de G. Sorman, llevó a que la gran mayoría de los países, entre ellos la Argentina, interpretaron que el nuevo orden mundial debía estar regido por la libertad de mercado a ultranza, pero sobre todo un Estado mínimo o ausente. Dejando que fueran libremente las fuerzas del mercado las que organizaran inclusive la satisfacción de las necesidades básicas, como la salud o la educación.

En aquella época la comunidad internacional celebró un segundo contrato social, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena en 1993, donde se decidió que todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, son universales, indivisibles e interdependientes. Esa fue la respuesta a las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en ambos bloques durante la Guerra Fría.

Pero ese consenso escrito no fue suficiente. El aumento de la exclusión, la pobreza y la desigualdad en el mundo, la degradación ambiental producto de la ausencia de regulaciones y las sucesivas crisis y especulaciones financieras, demostraron que no se trata de tener un Estado ausente y dejar todo en manos del mercado. Porque de esa manera aquellos que son realmente vulnerables y están excluidos del circuito de desarrollo económico nunca podrán superarse, si no cuentan con un Estado que les de las condiciones básicas para salir adelante, como la garantía de tener salud, educación y oportunidades de un trabajo digno. Recientemente la pandemia dejó en evidencia que todas las naciones del mundo, sin excepción, debieron defender la presencia del Estado, para salvar vidas, los puestos de trabajo o las empresas que debían cerrar sus puertas.

Este 10 de diciembre tenemos la oportunidad de consolidar la tercera etapa de nuestro contrato social democrático, con acuerdos nacionales que permitan una inclusión de los sectores más vulnerables de la población como actores protagonistas del desarrollo productivo, el comercio y el crecimiento económico nacional. Eso mismo hicieron las naciones que hoy son más desarrolladas. No solamente controlaron el déficit fiscal, y garantizaron un camino de estabilidad económica, crecimiento, inserción en el comercio internacional, y eficiencia y transparencia del Estado y los servicios públicos. Al mismo tiempo que hicieron todos estos avances -que son absolutamente necesarios para ser un país desarrollado- tomaron la decisión de que ese progreso no debía coexistir con millones de personas excluidas que no pudieran satisfacer sus necesidades básicas mientras el resto de la sociedad crece, comercia y se desarrolla. Si consolidamos esta nueva etapa de inclusión de nuestro contrato social con una perspectiva de derechos humanos una vez más podremos proyectar nuestra experiencia al mundo si superamos nuestros problemas estructurales. Se trata de pensar más en generaciones de argentinos que en gestiones de gobierno. Y lograr un nuevo pacto de ciudadanía responsable, con la participación de todos los sectores de la sociedad y la totalidad de la dirigencia política.