La designación y remoción de ministros es una de las prerrogativas constitucionales de los presidentes argentinos. A su vez, tienen la facultad de llevar a cabo cambios en las estructuras de sus gabinetes, con la única excepción de la Jefatura de Gabinete de Ministros, cuyo cargo se encuentra establecido en el artículo 100 de la Constitución Nacional.
La estructura ministerial de Argentina se ha mantenido relativamente estable durante los primeros gobiernos democráticos, pero su flexibilidad se ha vuelto una característica distintiva que permitió que los gabinetes se adaptasen a los cambios y coyunturas políticas. Desde el año 2003 hemos sido testigos de significativas transformaciones, incluyendo la creación de nuevas áreas ministeriales, y de cara a las elecciones presidenciales de octubre, surge nuevamente la pregunta de cuántos ministerios son necesarios para gestionar el país.
Para responderla, la narrativa política se centra en la cantidad, desde la premisa de que el tamaño de la estructura actual incide de manera contundente en el desempeño. En ese sentido, y a 40 años de la recuperación democrática, la mayoría de las propuestas de los candidatos apunta a bajar sustantivamente la cantidad de ministerios, en una suerte de refundación de la república como parte de la respuesta de salida de la actual crisis socio-político-económica.
Las 8 carteras que conformaban la estructura rígida en 1983 eran Justicia y Educación, Interior, Economía, RRII y Culto, Obras Públicas, Trabajo, Defensa, y Salud y Acción Social, y aunque los que proponen volver a un esquema de 8/10 ministerios tienen otra configuración en la cabeza, no podríamos establecer un número óptimo a priori, pero sí podríamos decir que un número razonable y de equilibrio podría estar entre las 12 y 13 carteras, ya que 12,60 es el promedio de las últimas 4 décadas.
Ante este escenario en donde la estructura vuelve a discutirse, vale preguntarse: ¿menos es más? La respuesta es no. Si bien el actual esquema genera una superposición de funciones y una ineficiencia y parálisis administrativa por la excesiva fragmentación del poder ejecutivo nacional, es necesario extender la mirada para ver el panorama completo: la cantidad de ministerios es solo la punta del iceberg, porque lo que realmente mueve la vara es identificar cuáles son las funciones que asume cada uno de ellos para crear valor público y de qué manera actúa para lograrlo. Si reducimos la cantidad de ministerios, pero no creamos mecanismos de integración e interoperabilidad entre ellos que permitan una mayor y mejor comunicación entre todos los organismos públicos, así como entre el sector público y la ciudadanía, corremos el riesgo de terminar en una nueva frustración.
Para alcanzar la meta de una gestión más eficiente y eficaz, la clave está en desfragmentar el Estado: de la misma manera que la desfragmentación de un disco acomoda los archivos para lograr que quede un solo archivo contiguo y sin espacios, evitando que se dispersen y ganando en velocidad, el Estado necesita desfragmentar su administración, es decir, definir las funciones específicas de cada área, evitar superposiciones y generar mecanismos de colaboración intra-institucional que agilicen el gobierno del país. Para ello, tenemos un gran aliado en la tecnología y debemos aprovechar sabiamente la capacidad instalada en materia de digitalización, ya que la profundización de la utilización de las TIC y la incorporación de los avances para atender las necesidades de la ciudadanía, permitirán mejorar la toma de decisiones, optimizar procesos y reducir los costos de gestión.
Reducir la estructura ministerial no configura necesariamente un “Estado pequeño”, y si en efecto lo fuera es solo una pequeña parte de la tarea que tenemos por delante. El resto del camino hay que construirlo mirando hacia el futuro y desarrollando la capacidad de adecuarse a los nuevos tiempos y los avances que la ciencia y la tecnología aportan para mejorar la vida y la experiencia ciudadana.