El plan de estabilización

La recuperación de la moneda requiere reformas que restablezcan la solvencia del Estado a través de cambios sostenibles aprobados por el Congreso como resultado de acuerdos y consensos. La convergencia fiscal requiere contracción del gasto y, en menor medida, mejora de la recaudación. El nuevo gobierno tiene la responsabilidad de gestionar acuerdos con los otros partidos para dicho plan.

Por primera vez en mucho tiempo los 3 principales candidatos a presidente tienen en sus plataformas propuestas para equilibrar las finanzas públicas. Las áreas de recorte deben ser distribuidas equitativamente intentando recortar más las franjas no productivas o vinculadas a privilegios prebendarios y menos las sociales que son demostrativamente efectivas.

En particular, hay que desarticular las redes de intereses clientelistas y vinculares de la mano de las cuales se canalizan licitaciones, regulaciones a medida, planes sociales, valuaciones fiscales, inversión pública, empleos y favores a privados que hacen al pobre funcionamiento y elevado el costo de instituciones a nivel municipal, provincial y nacional.

Los elementos del plan de convergencia al equilibrio de las cuentas públicas deben incluir:

1) eliminación de subsidios originados en distorsiones de precios relativos (transporte y energía);

2) eliminación de regímenes con exenciones tributarias (equivalentes al 2,2% del PBI, Tierra del Fuego representa cerca de 1% del PBI);

3) condicionamiento de transferencias discrecionales a las provincias a programas de sustentabilidad fiscal en las provincias y reforma del sistema de coparticipación federal para reducir los fuertes desequilibrios fiscales de las provincias en donde se genera una alta y creciente proporción del empleo y gasto público redundante (el empleo público es casi un 50% más alto que en 2005);

4) recorte de vacantes de empleo público y eliminación gradual de puestos redundante (sobre todo en las provincias) como parte de un plan de profesionalización del servicio civil;

5) reducción de subsidios implícitos a varios sectores que reciben simultáneamente ventajas proteccionistas (creando a menudo monopolios locales) y acceso preferencial a divisas subvaluadas;

6) reorientación del funcionamiento de las empresas públicas como empresas viables bajo el marco jurídico de la ley de sociedades comerciales;

7) recorte de programas sociales que no demuestren efectividad en sus objetivos de desarrollo humano y/o productivo;

8) recorte de las jubilaciones de privilegio, regímenes de pensiones por invalidez y a las pensiones universales cuando no hay un testeo de medios; y

9) creación de un marco regulatorio efectivo para que el sector privado participe en el financiamiento y la inversión de distintas áreas de infraestructura-mantenimiento y racionalización de la asignación de recursos de la inversión pública.

En cuanto a reforma tributaria, se debería converger a un sistema simplificado con alícuotas más bajas de IVA, Ganancias, Bienes Personales y retenciones con tasas más menores para el sector pyme mejorando así la equidad interempresarial. Al mismo tiempo las bases imponibles deberían ser actualizadas a valores de mercado y permitir el ajuste por inflación a los efectos del impuesto a las ganancias. Eso es la base para reducir la informalidad y mejorar así la base impositiva para compensar la caída de recaudación por menores alícuotas propuestas.

La reducción de impuestos al trabajo puede ir de la mano de la creación de un fondo de seguro de desempleo como el de la Uocra que a la vez que flexibilice el mercado laboral reduzca el costo del empleo a las empresas por reducción del costo indemnizatorio y juicios laborales.

Los impuestos distorsivos como las retenciones a las exportaciones, a los débitos y créditos bancarios y a los Ingresos Brutos deben ser reducidos gradualmente como parte del paquete de mejora de eficiencia y procompetitividad.

El ordenamiento fiscal es la base para reducir la emisión de deuda y, en particular, la deuda del banco central que se emite para esterilizar la emisión que financia al Tesoro. Es la manera de reducir el déficit cuasi fiscal.

Los niveles de endeudamiento no son tan elevados como para justificar una restructuración de deuda con quita, pero en la medida que un plan de convergencia fiscal se implemente se podrán extender plazos y tasas de interés reales reduciendo el costo para el fisco y para el banco central. La gestión de deuda a mediano plazo debería apuntar a sustituir deuda en moneda extranjera por deuda en moneda nacional de modo de reducir la vulnerabilidad a shocks externos o domésticos.

La recuperación de la moneda debe acompañar un plan de desarrollo integral superador de la etapa de industrialización sustitutiva de importaciones. Las nuevas oportunidades que la energía, la minería y la industria del conocimiento abren al potencial exportador se suman a los ya tradicionales sectores de agricultura, agroindustria y automotriz para superar la restricción externa (falta de divisas) que históricamente ha sido un factor limitante de periodos de crecimiento de la economía argentina.

La Argentina es una economía relativamente pequeña y la eficiencia productiva requiere un proceso de integración a la economía global compatible con el aprovechamiento de las economías de escala. La integración comercial requiere ir más allá del bloque comercial relativamente proteccionista del Mercosur.

Eso implica promover la participación de empresas locales en cadenas de valor globales a través de acuerdos con otros bloques regionales de comercio como la Unión Europea, el Nafta y/o la Alianza del Pacífico intentando abrir mercados a la vez que se habilitan los propios.

La apertura comercial debería ser gradual teniendo en cuenta las restricciones que el sector productivo doméstico enfrenta para reestructurarse y volverse competitivo globalmente. Ello implica una reforma laboral integral reduciendo el costo no salarial del empleo, así como políticas activas orientadas a potenciar el capital humano. También se requiere profundizar el sector financiero y los mercados de capitales para que movilicen los factores de producción desde sectores poco competitivos a sectores competitivos y de ahorristas a inversores.

El crecimiento y mejora de productividad, crucial para la mejora sustentable del salario real, vendrán de la mano de la integración a la economía global y de una firme consistente de defensa de la competencia. Esta requiere: el fortalecimiento y autonomía de la Comisión de Defensa de la Competencia; y la reducción del peso del estado en términos de eficiencia, carga tributaria, y las trabas y regulaciones que impone desde sus distintos estamentos (a menudo con fines prebendarios).

El potencial de crecimiento del empleo privado formal es la base de la estrategia para reducir la pobreza estructural que hoy alcanza a cerca del 60% de los jóvenes.

El otro gran factor de crecimiento y reducción de pobreza es la innovación que va de la mano del desarrollo tecnológico y la educación. El sistema educativo es el principal factor de inclusión y de crecimiento del capital humano; requiere adaptarse a las necesidades rápidamente cambiantes del crecimiento económico impulsado por la innovación. Ello implica una formación menos enciclopédica, con mayor pensamiento crítico, creatividad, capacidad de trabajar en equipo y aprendizaje permanente a lo largo de la vida laboral.

Para ello habrá que formar docentes generando incentivos para su adecuación a las nuevas necesidades. Hay que mejorar la cobertura de educación primaria y secundaria, generando competencia y una mejora de la oferta con sistemas de vouchers, y a la vez ligando los planes de ayuda social a participación en los sistemas de salud y educación.

Después de décadas de Estado intervencionista y prebendario es la hora del desarrollo del sector privado como motor del desarrollo económico.

El plan de estabilización y la recuperación de la moneda son la pieza central de dicha estrategia; sin ellos, el resto de las reformas no es viable.

El desarrollo resultante contribuirá a fortalecer la moneda y revertir varias décadas de decadencia económica y social.