Después de 12 años vuelve la propuesta de reducción de la jornada laboral

Una pregunta que surge de inmediato es si la propuesta de reducción de la jornada laboral debería ser cubierta por más trabajadores, porque en un caso concreto significaría un costo igual o mayor para la empresa. O si representaría para el trabajador una mejora en sus ingresos actuales.

Es fácil suponer que la propuesta apuntaría a que el trabajador cuya jornada laboral se disminuyese de ocho a seis horas por imperio de una norma legal, continuaría, en tal caso, percibiendo la misma retribución o ingreso. (¿O se reduciría proporcionalmente?).

En tal caso, si no se cubre ese tiempo con otro trabajador, el eventual exceso de la jornada sería computado como hora extraordinaria, con mayores costos aún, aunque sin los beneficios en la calidad de vida que se sostienen como objetivo.

En la actualidad, las empresas pese a los datos de desempleo e informalidad, por diversos motivos que les son ajenos, en muchos casos encuentran dificultades para incorporar personal con adecuadas calificaciones y competencias.

A eso se agrega el riesgo difícil de prever ante las distintas normas que incentivan de manera irrazonable la litigiosidad laboral y sus costos, desalentando la incorporación de personal.

En este momento, los trabajadores luchan por mejorar sus ingresos, no por reducir su jornada. Y las empresas procuran sobrevivir, superando los desafíos para satisfacer los legítimos reclamos en estos momentos difíciles.

El límite actual de jornada laboral está disponible para que a través de la negociación colectiva se disminuya en las empresas o actividades que lo consideren adecuado para la comunidad laboral que representan.

Una medida de esta naturaleza debería seguir -como lo está ahora- librada a la negociación colectiva, en último extremo; pero no ser impuesta por la vía legal. De esa manera se vería qué actividades estarían en condiciones de implementar ese cambio de manera sustentable y el modo adecuado de alcanzarlo.

Podríamos afirmar que el actual desempleo y los demás indicadores desfavorables en su impacto social, se deben a una sostenida política de varias décadas y distintos gobiernos en nuestro país, más que a las correcciones transitorias que en forma frustrada han tratado de aplicarse en algunas ocasiones.

Una modificación de esta naturaleza no mejoraría la situación de los asalariados, no corregiría el grave problema del desempleo ni promovería la tan necesaria formalización del trabajo, incrementaría los costos y generaría conflictos sobre su aplicación.

La aritmética electoralista determina que la imposición de obligaciones laborales en aparente beneficio de los trabajadores en relación de dependencia es una buena inversión de campaña, aunque, en cuanto a los reales beneficios, la experiencia lo ha desmentido.

Los temas que impactan en el empleo no han sido tratados en la forma debida en razón de una excesiva politización electoralista, sin entender que lo concerniente al sistema laboral no puede ser considerado como ajeno a las demás cuestiones de la economía en general, dentro de cuyo ámbito debe encontrarse insertado coherentemente.

En ese orden, más que a una reducción de jornada, habría que apuntar a una reforma integral y simultánea de todos los institutos relativos al trabajo y la seguridad social de tal modo de reducir el costo laboral dispendiosamente malgastado e ineficiente, verdadera causa y origen de nuestro desempleo e informalidad. Eso significa lo contrario de una pérdida de derechos de los trabajadores, como se pretende descalificar a cualquier reforma conducente.

Esa ausencia de una reforma ineludible del sistema laboral (aunque demorada, con efectos negativos para el consumo y la actividad económica en general) es la principal causa que deriva también en insuficiencia de salarios y en el agotamiento de los llamados beneficios sociales.

Las movilizaciones políticas deberían reclamar una adecuación de las reglas laborales en el sentido correcto, sin equivocar el diagnóstico. Reglas de juego adecuadas en materia laboral son una condición casi excluyente para no desalentar la generación de genuinos puestos de trabajo con empresas sustentables.

La inseguridad jurídica e imprecisión de las normas, como así también las dificultades por relaciones gremiales politizadas o presión tributaria inapropiada, confluyen para que un puesto de trabajo se pueda generar en nuestro país o sea sustituido por un sistema que produce valor agregado de mano de obra, tecnología y capacidad laboral en otra comunidad.

Debe procederse a una reformulación integral de todos los factores que inciden en el desaliento para la promoción del empleo, que no son difíciles de detectar, a fin de proceder a su planificada corrección con la urgencia debida.

La actualización razonable del sistema laboral debe apuntar a consensuar reglas sobre los límites de la intervención estatal, que no deberían exceder la necesidad legitima de hacer efectivas las garantías constituciones.

Si las obligaciones laborales son usadas como meras herramientas de seducción proselitista, además del resultado negativo en lo económico y social, se desvirtúa el ejercicio de la legítima democracia, todo en perjuicio del conjunto social.

Cada uno debe ejercer la libertad de pensar y opinar sobre la bondad de este estilo político; pero también debería comparar los datos concretos sobre las consecuencias que estas conductas han producido, sosteniéndose en el tiempo, sobre nuestra sociedad.

Como muestra de que el tema no es nuevo y que en casi cuarenta años no se ha avanzado en la dirección correcta, puede verse la nota publicada en la Revista IDEA en octubre 1984.