Valores y creencias de los agentes de la Administración Pública

Que el Estado dependa de su contexto político, económico y social, no es una novedad. Hay sociedades que tienen una tradición estatista mayor (Francia o Suecia) y sociedades que reclaman una menor intervención estatal en su vida cotidiana (EEUU). También hay “climas de época” en los cuales las sociedades piden una mayor o menor presencia estatal para resolver ciertos problemas. En el caso de Argentina y como resultado de las elecciones del domingo 13 de agosto, creemos que el debate sobre el rol del Estado y el empleo público está ocupando un lugar central en el debate político. Las demandas respecto de un cambio en la configuración del Estado (más grande o más chico, menos o más ministerios) estarán directamente relacionadas con el tipo o forma de empleo público que se necesita para ello.

La búsqueda sincera de la profesionalización de la Administración Pública es una idea ha tenido buenos resultados tanto a nivel nacional como internacional. En primer lugar porque permite tener una mayor eficiencia y efectividad de la gestión administrativa y mejora la calidad de los servicios y la gestión de los recursos públicos. La toma de decisiones basada en evidencia y con conocimientos técnicos apropiados, conduce a resultados más sólidos y confiables. En segundo lugar, la transparencia y la rendición de cuentas tienen también sus efectos sobre la reducción de la sospecha de corrupción y fomenta una mayor imparcialidad y objetividad administrativa. Es muy difícil tener un gobierno “que solucione algunos problemas” si no cuenta con una burocracia profesionalizada que tenga las “capacidades estatales básicas” para hacerlo.

Históricamente, la relación entre política y administración ha sido una cuestión resbaladiza. Como evidenciaron los antiguos escritos del presidente estadounidense Woodrow Wilson en 1887, suele ocurrir que la esfera política tiende a “invadir” a la administrativa. Una solución parcial a esta problemática surgió al establecerse un consenso entre las élites gobernantes y los ciudadanos, que establecía que la política tiene el rol de “decidir”, mientras que la administración se encarga de “administrar”. Por lo tanto, se reconocía la necesidad de profesionalizar al empleo público, al mismo tiempo que se exigía que los políticos respetaran estos límites. Excelente idea, pero no es lo que ocurre siempre.

En el caso argentino la búsqueda de una mayor profesionalización de la Administración pública, ha sido una bandera casi constante de todos los gobiernos desde el reinicio democrático de 1983. Lamentablemente las prácticas de incrementar el empleo público con criterios políticos por parte de un gobierno saliente, o el no respetar el ingreso por concursos (y esto lleva a una exagerada cantidad de agentes con contratos de trabajo transitorios) tiene efectos negativos respecto del límite entre política y administración. En el escalafón del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) según datos del Informe Trimestral de Empleo Público del INAP y de la encuesta que utilizamos más abajo, se calcula que cerca de un 67% de los agentes está en la planta transitoria y que el 32% está en planta permanente. Hablar de profesionalización en este contexto requeriría invertir estos valores en un plazo prudencial.

Pero no todo es negativo respecto de nuestra Administración Pública, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Lomas de Zamora realizó una encuesta a 622 empleados de la Administración Pública del nivel federal del escalafón SINEP -citado más arriba- con el objetivo de obtener una visión genuina de los valores y creencias presentes en nuestros agentes, evitando cualquier sesgo o expectativa preconcebida sobre cómo “deberían ser”.

Los valores y creencias (ideales y materiales) son fundamentales para explicar nuestros comportamientos cotidianos. Ambos tipos de valores coexisten en los seres humanos al mismo tiempo.

La encuesta arrojó 17 creencias o valores que fueron mencionados por nuestros funcionarios públicos, evaluados en una escala del 1 al 10, donde 10 denota una alta importancia y 1 una baja relevancia. Para simplificar la comprensión, los hemos organizado en cuatro grupos:

a) Nuevas dinámicas laborales: Aquí se incluyen factores como un entorno laboral positivo, la disponibilidad de herramientas tecnológicas, las condiciones adecuadas en las instalaciones y el respeto a las políticas de género. Esta categoría obtuvo un promedio de 9 puntos sobre 10, reflejando la primera prioridad para nuestros funcionarios.

b) Normativas y reglamentaciones que rigen la carrera administrativa: Esto involucra la necesidad de capacitación profesional, el ingreso a través de concursos, las pautas específicas de promoción laboral y la aplicación de sanciones por transgresiones disciplinarias. Esta sección obtuvo un promedio de 8.3/10, situándose en el segundo lugar de relevancia.

c) Buena relación con superiores y autoridades políticas, así como con “mentores” políticos, recibieron una calificación promedio de 7.5/10, constituyendo el tercer nivel de importancia.

d) Valores relacionados con la tradición laboral del ámbito público, como la estabilidad en el trabajo, la paridad salarial para tareas equivalentes, el mérito, la antigüedad, la presencialidad en la oficina y la incorporación al servicio público de familiares de funcionarios fallecidos en cumplimiento de sus labores, recibieron una calificación de 7.49/10, ocupando el cuarto nivel de relevancia.

Los resultados de la encuesta resaltan que los agentes valoran en primer lugar mejoras en las condiciones laborales, como el trato respetuoso y un ambiente de trabajo positivo. En segundo lugar, figuran aspectos vinculados al cumplimiento de normativas y regulaciones, junto con la necesidad de desarrollo profesional. La calidad de las relaciones con las autoridades se ubica en el tercer lugar en términos de importancia, mientras que los valores tradicionales del ámbito público se posicionan en el cuarto lugar.

Una estrategia política adecuada para aprovechar este escenario, sería continuar con una política de profesionalización clara, que incorpore tanto la necesidad de mejoras en las condiciones “blandas” del trabajo (como el ambiente laboral positivo) y los requerimientos de una administración pública más eficiente, tecnologizada y en sintonía con las demandas de la ciudadanía.