El caballo de Troya de Victoria Villarruel

La posibilidad cierta de que el 10 de diciembre festejemos los 40 años de democracia sentando a presidir el Senado a Victoria Villarruel movió las estanterías del pacto democrático que iniciamos el 10 de diciembre de 1983 y que, con avances y retrocesos, creímos sellado para siempre con la reapertura de los juicios de lesa humanidad. Pero el mensaje que, cual caballo de Troya, trae Villarruel, mezcla dos asuntos que conviene mantener separados: la “memoria completa” y la impunidad.

Primero lo primero. Ya que vamos a hablar de memoria, es importante recordar quién es Victoria Villarruel. Empecemos por quien no es: Victoria Villarruel no es familiar de víctimas de ERP o Montoneros. No viene de ahí su militancia. Es la hija de un miembro del Ejército que se jactó de luchar contra la subversión y que participó del Operativo Independencia en Tucumán. Eduardo Villarruel, así se llamaba, sirvió a la orden de Aldo Rico en Malvinas y en 1987 se negó a jurar por la Constitución Nacional. También es sobrina de Ernesto Villarruel, un militar detenido por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Vesubio que zafó por incapacidad.

Hace poco se supo, además, que Villarruel organizaba visitas a la casa del genocida Rafael Videla mientras éste cumplía prisión domiciliaria y que figuraba como contacto de Miguel Etchecolatz. Es decir: lo de la vice de Milei no son sólo lazos de sangre. No por nada se vinculó a la Asociación Unidad Argentina (AUNAR), una organización de ex represores encabezada por Fernando Verplaetsen, jefe de la bonaerense de la dictadura condenado por delitos de lesa humanidad en Campo de Mayo. De allí surgió el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) que creó en 2006.

Dicho esto, me parece que hay dos maneras de pensar el tema. Por un lado, está la discusión sobre los delitos cometidos por las organizaciones guerrilleras. ¿Se pueden juzgar? ¿Son equiparables a delitos de lesa humanidad? ¿Son imprescriptibles? ¿Es razonable hacer como que no existieron? Y, por otra parte, está el juzgamiento de los delitos cometidos desde el Estado. ¿Se violaron derechos con la anulación de las leyes del perdón? ¿Se aplicó retroactivamente el estándar de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad? ¿Se les dio un trato diferencial inhumano a sus responsables?

Es clave mantener estos dos planos separados. Porque una cosa es exigir memoria completa y otra cosa es la impunidad. Una cosa es pedir que se reconozca institucionalmente a las víctimas de las organizaciones armadas que secuestraban gente y ponían bombas antes y después de 1976 y otra cosa es reivindicar la dictadura o defender genocidas. El problema de Victoria Villarruel, por supuesto, es que mezcla lo que es distinto.

La compañera de fórmula de Javier Milei encabezó un acto en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires junto a familiares de víctimas de ERP y Montoneros, pero también hace otras cosas. Por ejemplo, en vez de dictadura habla de “guerra” y dice que el terrorismo de Estado no existe y que en todo caso hubo “abusos”, como si no hubiera habido un plan sistemático. Además, Villarruel destaca que a partir del golpe “los atentados terroristas comenzaron a decrecer y la población comenzó a estar más protegida”. Me parece que con esto y las visitas guiadas a la casa de Videla alcanza para entender de qué estamos hablando, ¿no?

Pero, ¿es posible hacer “memoria completa” sin impunidad? Yo creo que sí. Creo que es necesario e importante abrir la conversación a los delitos cometidos por ERP y Montoneros. Y eso no nos compromete en nada con el plan de impunidad que trae adentro el caballo de Troya de Villarruel. Podemos hablar de memoria sin siquiera asomarnos al terreno repugnante de la concordia y la reconciliación nacional. Ese era, en definitiva, el plan original de la transición democrática alfonsinista: juzgar a los comandantes y a las cúpulas de las organizaciones, no cerrar heridas con impunidad.

Pero para eso hay que hacer algunas distinciones más. Primero, en relación a los grupos guerrilleros, no cabe duda de que cometieron delitos atroces y que las víctimas y sus familiares deben ser reconocidos como tales. No me parece mal, en ese sentido, darle forma en un acto institucional. Ahora bien, eso no quiere decir que se puedan juzgar. No fueron hechos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil en el marco de una política de Estado o de una organización con apoyo estatal. Fueron delitos comunes, no de lesa humanidad. En consecuencia, indultos mediante, prescribieron por el transcurso del tiempo. Y es importante entender que esto es así no porque lo diga, no sé, Zaffaroni, sino porque lo dice el Derecho Internacional, o sea, la ley.

Permítanme un paréntesis. Los delitos de las organizaciones guerrilleras podrían haberse juzgado, pero la dictadura eligió el camino del terrorismo de Estado. Veamos el caso del teniente coronel Larrabure, que se trató en el homenaje que organizó Villarruel en la Legislatura y de cuya muerte se acusó a miembros de ERP. La causa se inició en agosto de 1975. En septiembre ya tenían algunos nombres de sospechosos. A los siete meses vino el golpe. Y, sin embargo, el Ejército no hizo nada. Dos años después el caso se cerró. ¿Por qué? Porque, como dijo la Cámara Federal de Rosario cuando terminó con los intentos de categorizar su muerte como delito de lesa humanidad, “entonces las cosas se arreglaban ‘de otro modo’ y así, antes de que concluyera 1976, todos los sospechados de Rosario por el caso Larrabure ya estaban muertos o desaparecidos sin haber sido sometidos a proceso alguno”.

En cuanto a los otros delitos, los que sí son de lesa humanidad, dos aclaraciones cortitas. Primero, la discusión sobre arbitrariedades con la prisión preventiva y la domiciliaria no tiene ningún fundamento. No hay nada especial ahí. No hay un tratamiento inhumano, dirigido ni nada semejante. Basta con ver la estadística de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PROCULESA): desde que se reabrieron los juicios en 2006 hasta hoy, hubo 307 sentencias, 1159 personas condenadas, 178 absueltas y hay 678 detenidos (de los cuales 520 cumplen prisión domiciliaria) y 1484 procesados en libertad.

Segundo, los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Puede no gustar, pero es la ley. Es así, qué se le va a hacer. Y no es así desde 1995 cuando nuestro país ratificó la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad (de 1968), como dicen algunos. Los delitos de lesa humanidad no son, como sabe todo el planeta, un invento argentino. No nacieron con el fallo Poblete que declaró en primera instancia la inconstitucionalidad de las leyes del perdón en 2001, ni con la anulación legislativa de esas normas en 2003 ni con el fallo Simón con el que la Corte Suprema abrió definitivamente las puertas de la Justicia en 2005.

Los crímenes de lesa humanidad nacieron conceptualmente a partir de la Segunda Guerra Mundial y la obligación universal de perseguirlos, juzgarlos y sancionarlos, la imprescriptibilidad, la extraterritorialidad y la prohibición de todo acto legislativo, político o judicial para perpetrar su impunidad (indultos, conmutaciones de pena, etc.) forman parte desde entonces de lo que se conoce como ius cogens. Son principios universalmente válidos del Derecho Internacional. No dependen de los Estados, de Zaffaroni ni de nadie. Es la ley. Y lo era mucho antes de 1995. Lo era, esto es lo importante, al momento de ocurridos los hechos a partir de 1976.

Hablamos de memoria y de justicia. Me falta decir algo sobre la verdad. ¡Bienvenida Victoria Villarruel si busca completarla! ¿Va a apoyar la apertura total de los archivos de la dictadura (en especial los de inteligencia) en lugar de las desclasificaciones a cuentagotas que tenemos? ¿Va a preguntarles a sus conocidos condenados por delitos de lesa humanidad adónde están los bebés y niños (hoy adultos) apropiados? ¿Va a ayudarnos a saber adónde están los desaparecidos?