Día Internacional de la Democracia: oportunidad para la reflexión

La democracia es un valor universal que otorga a la decisión popular el poder de elegir periódicamente a las instituciones de representación y gobierno, y definir su propio sistema político, económico, social y cultural en el marco de un Estado de Derecho que reconozca a los individuos como libres e iguales.

El 15 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Democracia, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007. La fecha conmemora la adopción por la Unión Interparlamentaria de la Declaración Universal de la Democracia en 1997.

El Día Internacional de la Democracia es una oportunidad para revisar críticamente los logros y las deudas de la democracia, y proponer nuevas formas de fortalecerla y buscar respuestas a los desafíos sistémicos que enfrenta como las desigualdades y los riesgos para las libertades, y la capacidad de innovación ante los desafíos emergentes.

La Declaración Universal de la Democracia se divide en tres partes. En la primera se establecen los principios de la democracia, como la primacía del derecho, el ejercicio de los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación, y la participación ciudadana en la toma de decisiones. La segunda parte aborda aspectos como la transparencia, la responsabilidad, la independencia del poder judicial, el pluralismo político, la libertad de expresión y de opinión, y la celebración de elecciones periódicas, libres y justas. La tercera parte, Cooperación internacional, destaca la importancia de la cooperación entre los Estados para promover y consolidar la democracia, y señala que las democracias deben abstenerse de interferir en los asuntos internos de otros países.

Aunque de carácter instrumental, la democracia se funda en elecciones libres y justas y, en consecuencia, se encuentra universalmente consagrado el valor de la celebración de elecciones periódicas y genuinas mediante sufragio universal

Sin embargo, hay una creciente insatisfacción a este respecto en los últimos años. A las frustraciones de las sociedades disconformes con la performance de las instituciones políticas y la iniquidad de la distribución de la prosperidad, se agregan nuevos riesgos sobre los cuales reflexionar.

Los crecientes niveles de polarización de las sociedades hacen disfuncional la convivencia y trastornan las capacidad de construir consensos en derredor de consignas que permitan a los ciudadanos tomar decisiones informadas.

La polarización produce, entre otras cosas, disfunciones informativas que afectan la comunicación pública, la percepción ciudadana y la capacidad de fortalecer el debate democrático como medio de resolver conflictos.

La polarización política intensa puede debilitar la democracia al transformar a los adversarios políticos en enemigos que deben ser vencidos, en lugar de competidores con los que se puede negociar y esto dificulta la posibilidad de alcanzar acuerdos y avanzar hacia objetivos comunes, lo que afecta la gobernabilidad y la estabilidad en las democracias.

Asimismo, la polarización política puede llevar a un aumento en la abstención electoral, ya que los ciudadanos pueden sentirse descontentos con las opciones políticas disponibles y desilusionados con el sistema democrático.

Unido a ello, la desinformación, representa una amenaza global para la libertad y la democracia, ya que puede socavar la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones informadas y afectar negativamente la calidad de la democracia. Las campañas de desinformación suelen pretender construir un relato malintencionado, lo que puede generar desconfianza en las instituciones democráticas y en los líderes políticos.

En contexto de elecciones se ha verificado crecientemente dos riegos que se repiten. Lo que hemos denominado el fraude de consentimiento que ocurre cuando se manipula intencionalmente la opinión pública para movilizar, inmovilizar o intimidar a grupos de votantes a través de afirmaciones falsas. Y en segundo lugar el fraude de deslegitimación, se refiere a una dialéctica de campaña, donde los ataques entre candidatos son reemplazados por ataques al sistema electoral en sí mismo. Este fenómeno tiene como objetivo poner en duda el resultado de las elecciones, minar la confianza en el órgano electoral y, consecuentemente, en las autoridades electas.

Nuestro país no ha presenciado aún estas estrategias maliciosas, pero no hay que descuidar las fortalezas de nuestro criticado pero sólido sistema electoral.

Para abordar estos riesgos, es fundamental fortalecer los órganos electorales y las instituciones, promover la participación ciudadana, combatir la corrupción, reducir la polarización política y fomentar la educación cívica y la formación en valores democráticos.

Además, las democracias deben ser capaces de adaptarse e innovar en respuestas a desafíos emergentes, para garantizar que sigan siendo relevantes y efectivas en el siglo XXI.