Los límites que el crimen organizado decidió ignorar trasponiéndolos impunemente

Rosario nuevamente conmocionada; Rosario nuevamente exuda violencia; Rosario nuevamente envuelta en una espiral ascendente de crimen e impunidad, que promueven escenarios repetidos en los que el terror de una sociedad inerme ante el dantesco espectáculo de sicarios ejecutando gente, parece no encontrar límites o, al menos, autoridades que puedan establecerlos.

El asesinato del investigador César Carmona, a las puertas de la Agencia de Investigacion Criminal, en Rosario, es una muestra cabal que el crimen organizado en esa ciudad ha superado otro hito.

Sin dudas, este brutal crimen guarda directa relación con los ataques armados sucedidos el pasado viernes 25 de agosto contra la misma sede de la calle Lamadrid al 500 y el destacamento policial conocido como “El Tanque”, en Abanderado Grandoli al 3900; horas después que uno de los líderes del Grupo Criminal “Los Monos”, Ariel “Guille”Cantero, sumara 17 años de prisión en una de las causas en que resultara condenado.

La Justicia lo encontró responsable intelectual del crimen de un gerente bancario ocurrido en enero del 2020 en el “Casino Center”.

Según una fuente calificada, el inspector César Carmona, durante el ataque a balazos del pasado 25 de agosto, había intentado dar alcance a los agresores armados; quizás esa acción le valió la venganza mortal de la que fue objeto.

Pero, cualesquiera fuesen las hipótesis investigativas, el mensaje mafioso es incuestionable. Los líderes encarcelados de las diversas organizaciones criminales que durante años tiñeron de sangre las calles de Rosario, intentaran por todos los medios, condicionar las políticas que en materia criminal desarrollen en un futuro próximo el electo gobernador, Maximiliano Pullaro, como el reelecto Jefe Comunal, Pablo Javkin.

Santa Fe en general pero la ciudad de Rosario en particular se encuentran presas de un esquema en el que los conceptos no logran perforar la barrera de la abstracción, a pesar de los esfuerzos realizados por la última gestión en seguridad.

Así, por un lado, tenemos un Estado que no logra asegurar el orden social: y por el otro, grupos de delincuentes que demuestran su poder como herramienta de consumación de sus actividades ilícitas. El brutal asesinato del policía Carmona parece ser parte de ello.

Los resultados son elocuentes: este año se encamina a batir un nuevo y triste récord, mensurable en vidas humanas segadas, producto de la actividad criminal. Fundamentalmente de la criminalidad organizada cuyo poder ya no es una amenaza sino una triste realidad.

Mientras el Estado no acierta a poner en valor el concepto de orden sobre espacios y actividades sociales, los grupos criminales que operan en esos espacios donde el estado no logra poner orden, imponen por la fuerza su voluntad, consolidando dominio territorial, generando violencia, caos y muerte: que a su vez retroalimenta la sensación de orfandad en la que esta sumida la sociedad rosarina. Y en espejo, gran parte de la sociedad a nivel nacional.

Hablamos de la construcción simbólica del orden. La delincuencia no sabe de respeto a construcciones abstractas.

El orden, dentro de los límites de la ley, se impone. Hasta acá, ningún espacio político parece acertar con la estrategia adecuada que ponga coto a esta vulnerabilidad del sistema, que es aprovechada por los grupos criminales.

Parte del territorio donde han logrado afianzarse estas estructuras delictivas son los establecimientos carcelarios de distintas jurisdicciones, pues como es de público conocimiento, muchas de estas acciones criminales son concebidas, planificadas y controladas en su ejecución, desde el interior de las prisiones, donde pasan sus días aquellos líderes de estas organizaciones que por delitos cometidos y juzgados ya suman penas que no podrían ser cumplidas en una vida de 100 años.

La mutación de cárcel a bunker ha dado un paso más transformándose así en parte fundamental del criminal enviroment (ambiente criminal).

El brutal asesinato del efectivo policial de la agencia de investigación criminal (AIC), a pesar del impacto producido no ha generado sorpresa, pues las señales de una escalada violenta estaban dadas.

El último atentado contra la Agencia de Investigación Criminal ocurrió el 25 de agosto pasado, cuando dos sicarios, a bordo de una moto, dejaron un cartel con contenido intimidatorio y luego abrieron fuego contra la fachada, donde se contabilizaron nueve impactos.

Apenas una semana atrás, en horas de la tarde del jueves 8 de septiembre, dos desconocidos en moto, dejaron un mensaje intimidatorio y abrieron fuego sobre la fachada de la casa en la que residen los padres del Jefe del Complejo Penitenciario Federal I, cárcel en la que se concentra una parte de los los líderes de estos grupos criminales.

De manera coordinada con el ataque, dejaron un mensaje de WhatsApp en el teléfono de dicho funcionario donde amenazaban a sus sobrinos, a quienes describieron con minuciosa precisión e incluso, identificándolos por sus nombres.

La mitigación de este fenómeno es imprescindible. Funcionarios de seguridad y ciudadanos en general sienten que sus vidas están a merced de estos grupos criminales.

Reconocer las señales como una alerta temprana es fundamental para reaccionar proactivamente ante la amenaza de violencia y muerte que estos grupos proponen y solo será posible de lograr, si todo el espectro político se compromete en la lógica de construcción de un concepto de seguridad que se perciba por sus resultados, como verdaderamente ciudadana y democrática; donde el Estado sea el único que pueda establecer el orden y detentar el poder, en detrimento de las organizaciones criminales que hace años castigan a la sociedad.

Pronto habrá una nueva gestión en la provincia de Santa Fe y con ella la renovada esperanza de una gran parte de sus ciudadanos que aspiran a que sus derechos, simplemente no sean vulnerados. Finalmente, el derecho a la seguridad es también un derecho humano y fundamental. Es hora de que nuestros gobernantes den cuenta de ello.