Los bonaerenses no nos podemos dar el lujo de seguir perdiendo el tiempo. La pobreza en la Provincia alcanza a más del 45% de la población, 6 de cada 10 niños son pobres, el 63% de los alumnos de secundaria estatal están por debajo del nivel básico de matemática y la inseguridad no nos permite salir de nuestra casa en paz.
Estos problemas son consecuencia de una macroeconomía completamente inestable, con inflación desbordada y estancamiento económico hace más de una década, y también de un sistema de coparticipación a todas luces injusto para los bonaerenses (la PBA aporta el 35% del PIB nacional y recibe el 23% de los recursos).
Pero a estos problemas estructurales ajenos a la “botonera” provincial, se le suma una gestión sin obras ni cambios estructurales que, pese a los abultados fondos nacionales discrecionales recibidos, acumula más estructura política, más déficit, más deuda y más impuestos distorsivos que afectan la producción (ingresos brutos y sellos). Es decir, una pobre gestión que no sólo no compensó los problemas macroeconómicos y estructurales de la PBA, sino que los agravó.
La Provincia pasó de tener superávit fiscal primario por 0,5% del Producto Bruto Geográfico (PBG) en 2019 a exhibir un déficit de 0,2% del PBG en 2022. El deterioro se explica por un aumento del gasto primario de 14% real en el mismo período, impulsado por el mayor gasto en planes sociales, subsidios, personal, bienes y servicios y empresas públicas y a pesar de que en el mismo período el gobierno de Kicillof fue beneficiario de cuantiosas transferencias discrecionales del gobierno nacional. Con estos nuevos fondos, en vez de apuntalar una gestión fiscal sostenible, consolidando un superávit primario y/o aumentando la inversión (la brecha de infraestructura en la PBA es enorme) y/o reduciendo la presión de impuestos distorsivos, el gobierno de Kicillof aumentó el gasto sin mejorar la vida de los bonaerenses.
A contramano del pedido de cambio de la sociedad en el uso de los recursos públicos y reducción de la “casta”, en la PBA se incorporaron casi 60.000 empleados al Estado provincial, un incremento del 10% desde fin de 2019. Más preocupante aún es el aumento en la planta política: el universo de subsecretarías, direcciones provinciales y direcciones de línea se expandió en un 70% desde 2019, pasando de poco más de 1.100 a casi 1.900. El aumento de la planta política equivale a más de $10.000 millones anuales, que en 4 años podrían haber servido para hacerse, por ejemplo, 2.300 salas de internación nuevas. Faltan servicios públicos de calidad porque sobra estructura política.
Aunque no lo asuman (los endeudadores siempre son los otros), si hay déficit, hay deuda. Por eso, la deuda aumentó en más de 300 millones de dólares vs. 2019, reestructuración mediante, alcanzando los 11.211 millones de dólares en 2022. Pero, además, el daño reputacional ocasionado por la dilatada reestructuración de la deuda provincial en 2020-21 mantiene los mercados voluntarios de crédito cerrados para la Provincia y será un desafío para la siguiente gestión que deberá afrontar el grueso de los pagos de la deuda reestructurada.
Por el lado de los ingresos, la presión tributaria aumentó en impuestos distorsivos e invisibles como Ingresos Brutos y Sellos (+10% real 2022 vs. 2019, por la suspensión de baja de alícuotas acordadas en el Consenso Fiscal de 2017) y cayó en patrimoniales (-6% real 2022 vs. 2019), que son los más progresivos. Es decir, populismo tributario que respeta el Manual K pero limita la producción.
Lo más paradójico de haber cambiado superávit por déficit sin obras relevantes es que este deterioro fiscal se dio a pesar de que la Provincia se convirtió en la niña mimada del gobierno nacional con transferencias discrecionales un 63% superiores a las del 2019 (representando la PBA el 42% de las mismas en lo que va del 2023 vs. 31% en 2019). Es decir, plata no faltó. Pero a diferencia de la recuperación del Fondo del Conurbano en 2017, el aumento de ingresos desde Nación fue 100% discrecional y los bonaerenses no podrán descansar en contar con estos fondos hacia adelante. Desafío no menor considerando que uno de los candidatos a presidente promete eliminar las transferencias discrecionales a las provincias (representan el 20% de los recursos de la PBA, la motosierra afectaría directamente a los bonaerenses).
La provincia de Buenos Aires no es inviable, ni fiscal ni mucho menos productivamente; tiene todo para iniciar un verdadero desarrollo productivo que mejore la calidad de vida d los bonaerenses. Para eso se necesita una macroeconomía estable, pero además una buena gestión provincial.
El superávit no es una utopía (se logró en 2018 y 2019), el gasto puede y debe estar orientado a dar bienes y servicios públicos de calidad; se puede recuperar la inversión pública destinada a mejorar rutas, caminos rurales, escuelas, etc.; se puede bajar la presión tributaria como se hizo tras la firma del Consenso Fiscal de 2017; se pueden simplificar los trámites que le ponen trabas a las empresas y emprendedores; se puede reducir el costo de la política (mínimo bajando los 800 cargos políticos incorporados en la actual gestión).
No son cambios imposibles, pero son cambios que no pueden esperar. No nos podemos dar el lujo de seguir postergando el desarrollo de la provincia de Buenos Aires con gobiernos que priorizan, por ejemplo, la creación de cargos políticos o elegir nuevos que plantean políticas inconsistentes (contar con cero transferencias discrecionales de Nación, aumentar los salarios públicos y bajar los impuestos, todo a la vez). No podemos seguir creyendo que las bravuconadas por televisión no tienen consecuencias, el fallo de YPF que le costaría USD 16.000 M a los argentinos dejó en claro que la impericia e imprudencia de los gobernantes sale cara.