Soberanía jurídica y soberanía nacional

En un artículo que publique el último 23 de abril y que titulé “La indefensión jurídica argentina” me referí a la causa judicial que fue iniciada en tribunales norteamericanos luego de declarada la expropiación del 51% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales.

Allí sostuve que al radicar los diferendos con grupos financieros y empresas multinacionales en manos de tribunales extranjeros, estábamos sometiendo al país a una potencial indefensión jurídica. El problema surge ya que, lamentablemente, el sistema político e institucional internacional está influido por grupos corporativos poderosos que son, como dice el dicho, juez y parte en dichos tribunales. Además y tema central, en esos tribunales las cuestiones estratégicas de soberanía son rebajadas a problemas administrativos y comerciales de empresas, poniendo en riesgo el desarrollo nacional.

La segunda idea que mencioné en la nota, es que dicha indefensión jurídica no existió siempre en el país y que la Argentina entregó su soberanía judicial a partir del golpe de Estado de 1955. Recordé que la salida ilegal e ilegítima del gobierno democrático de Juan Perón, auspició una modificación de los alcances de nuestra soberanía estatal y financiera.

A partir de la dictadura, el país fue delegando soberanía y se integró de manera subordinada al orden internacional manejado, centralmente, por los EUA y sus corporaciones. Poco a poco, la Argentina fue radicando todos los laudos en temas de inversiones en tribunales cuya sede es la misma que la de los grupos económicos con los que se está litigando.

A partir de 1955 y como resultado de aplicar las recomendaciones de los organismos financieros como el FMI, se inició una política económica perversa que se desenvolvió con gran impunidad en la dictadura de 1976, en los años noventa y durante el gobierno de Macri. Este sistema se caracteriza por cuatro grandes comportamientos. El primero, es tomar irresponsablemente deuda pública para financiar la fuga de capitales de las empresas privadas trasnacionales. El segundo, es la de convertir a la Argentina en una plaza de colocación de la especulación financiera internacional de corto plazo. La tercera característica, es la de generarle un inmenso negocio a los abogados e intermediarios de la colocación de deuda y a los que gestionan los diferendos judiciales en tribunales foráneos. La cuarta característica del proceso y la determinante de las otras tres, es la actuación de una dirigencia interna que por acción (compromiso con intereses externos que no pocas veces rondan el delito…) u por omisión (ineptitud), ejecuta decisiones gubernamentales que atentan contra las arcas públicas y contra los intereses nacionales.

Como resultado de décadas de esta funesta política inducida por los titulares de las corporaciones y de la finanza internacional, el país acrecentó su deuda externa y en paralelo multiplicó su deuda social condenando a la pobreza a la mayoría del pueblo.

La debilidad financiera del país auspició la entrega de la capacidad de decisión estatal y detrás de cada préstamo a los organismos multinacionales de crédito y a entes privados, le siguió una nueva concesión de soberanía. Permitimos que los grupos extranjeros sean los controladores del Banco Central, de los programas económicos y directamente en no poco casos, nos diagraman las políticas públicas de salud, infraestructura, tecnología, educación y desarrollo. Como parte de este mismo proceso, las corporaciones que se adueñan de nuestro patrimonio nos imponen los tribunales extranjeros para perpetuar su dominio.

La deuda social que es producto de este modelo anti productivo, genera inestabilidad gubernamental, corroe la credibilidad del sistema político y condiciona a los gobiernos que no pueden superar la dinámica del cortoplacismo. Este círculo vicioso lleva a los Estados a tomar nuevas deudas y a someterse aún más al sistema judicial internacional.

El 8 de septiembre pasado la jueza Loretta A. Preska del Tribunal del Distrito sur de Nueva York, hizo lugar a la demanda del grupo Petersen Energía Inversora, representado por Burford Capital titular de los derechos. El fallo concluyó que en el año 2012 la República no cumplió con el Estatuto de YPF que obligaba a realizar una oferta de obligaciones (es decir oferta al resto de los accionistas del 49%). Asimismo, la jueza determinó que nuestro Estado –no YPF- tiene que pagar la deuda con un interés acumulado del 8%.

Entre otros argumentos para justificar que el Estado argentino pierda el laudo y que la deuda no caiga directamente en la empresa mixta YPF, el fallo cita palabras del entonces viceministro Axel Kicillof quien declaró que “sería estúpido cumplir con la ley de la propia YPF o respetar sus estatutos”….

Si bien la jueza no fijó el monto y seguramente el Estado argentino apelará el fallo, en caso de pagarse la deuda según el criterio de Loretta Preska, el país se vería obligado a afrontar el costo de los 12.000 millones de dólares reclamados, más los intereses del 8%. Tengamos en cuenta que en el año 2012 para adquirir el 51% de YPF, se emitieron bonos por una cifra cercana a los 5000 millones de dólares.

Aprovechando el revés judicial, los políticos liberales salieron a festejar la indefensión jurídica argentina y el accionar Loretta Preska a la que le atribuyen ser el límite al “populismo”. Además, cuestionan el sentido mismo las expropiaciones y de la posibilidad de que exista una intervención pública en el mercado de la energía, cuestión que es falaz y errónea a mi modo de ver.

La indefensión jurídica del país nos está llevando a perder los laudos en tribunales extranjeros, que rebajan un debate que es de carácter estratégico nacional, a un mero problema de derecho administrativo y comercial.

El accionar de algunos funcionarios gubernamentales, refleja una preocupante incapacidad del Estado argentino para defender con profesionalismo, patriotismo y responsabilidad los intereses nacionales.

Por ello acabar con la “cipaya” prórroga de jurisdicción y retomar en todas las contrataciones del Estado argentino la jurisdicción de los Tribunales Nacionales es un requisito ineludible para recuperar nuestra soberanía como Nación independiente.

Si el país no recupera su soberanía jurídica, no alcanzará nunca su soberanía nacional.