A la espera del próximo descongelamiento de precios

Desde que se confirmó a fin de marzo la gravedad de la sequía agrícola que produjo una pérdida de USD 20.000 millones de exportaciones de la agroindustria y la merma de ingresos del sector público Nacional por más de medio punto del PBI por el derrumbe de retenciones asociadas, el Poder Ejecutivo apostó a conseguir financiamiento externo para evitar una corrección cambiaria.

En el corto plazo la devaluación recompone el equilibrio del sector externo vía reducción de importaciones, pero a un costo elevado en materia de inflación y actividad.

Pese a que el gobierno consiguió Yuanes por el equivalente de USD 5.000 millones tras la activación del swap con China, y que la deuda comercial de importaciones siguió trepando -principalmente intra-firma-, las reservas netas del BCRA se derrumbaron, volviéndose negativas a mediados de año. Esto frenó los desembolsos del FMI, a la espera de una rectificación del programa. Nótese que en la cuarta revisión del acuerdo con el Fondo (hecha en abril), el staff dejó por escrito que el atraso cambiario de Argentina rondaba entre 10% y 25 por ciento.

Tras la derrota del ministro de Economía y candidato a presidente en las PASO (salió segundo individualmente y su espacio tercero), la devaluación finalmente se concretó en forma aislada y sin otras medidas complementarias para mitigar su traslado a precios.

Con la suba del precio del dólar oficial el Poder Ejecutivo destrabó los últimos desembolsos del FMI bajo su gestión, pero a un costo muy elevado: la inflación alcanzó los dos dígitos mensuales en agosto -en CABA trepó a 10,8% y en Córdoba al 12,2%- impulsada en ambos casos por los alimentos.

Pese a que el Gobierno implementó varios congelamientos de precios en septiembre (tipo de cambio oficial fijo en $350 hasta fin de octubre, naftas, prepagas, tarifas residenciales de electricidad y gas y de transporte público en AMBA, etc.), es probable que la inflación de este mes también supere el dígito, cerrando un bimestre agosto-septiembre para el olvido, ya que la suba de precios acumularía 24 por ciento.

Al igual que en la administración Macri tras la devaluación post PASO, el Poder Ejecutivo implementó -tras conseguir los desembolsos del FMI- medidas paliativas focalizadas en las familias de menores ingresos: suma fija para asalariados formales que cobran menos de $400.000 y trabajadores de casas particulares; refuerzos a jubilaciones mínimas, planes trabajar, AUH y tarjeta alimentar; y, créditos blandos.

Asimismo, en la última semana se implementó un nuevo dólar soja (IV) para adelantar liquidación de divisas de este complejo y mitigar el impacto negativo del creciente freno de pagos de importaciones, que permitió a Sergio Massa anunciar la liberación de USD 700 millones para compras externas de las pyme.

Pero, a diferencia del gobierno de Macri, los precios relativos no están alineados y el congelamiento de los precios hasta noviembre en un contexto de inflación de dos dígitos mensuales va a exacerbar dicha situación. De hecho, si el tipo de cambio se mantiene estable en $350 hasta las elecciones presidenciales (22/10), el atraso cambiario va a ser similar al previo a las PASO. Y es posible que la fijación del dólar oficial se extienda casi un mes más -agravando más el atraso- si el ministro de Economía accede a la segunda vuelta (19 de noviembre).

Si bien podría haber un reacomodamiento de precios durante la transición presidencial (del 22/10 ó 19/11 al 10/12), lo más probable es que el descongelamiento sea una de las primeras tareas que tenga que hacer la próxima administración. Dado que la tasa de inflación en octubre y noviembre rondará -en el mejor de los casos- un dígito alto, cuando se actualicen los precios congelados, tendríamos otro fogonazo que llevaría la tasa mensual de inflación arriba del pico agosto-septiembre.

Un punto clave a dilucidar es que hará el próximo presidente en materia cambiaria: ¿Buscará corregir sólo el atraso cambiario o intentará achicar un poco la brecha? ¿Apelará a una salida gradual del cepo, implementando una política fiscal y monetaria contractiva? ¿O intentará una estrategia de shock, que difícilmente pueda ser una dolarización porque no hay reservas netas en el BCRA ni financiamiento externo?

Una cosa queda clara, sea quien sea el presidente electo, no habría más margen para evitar una corrección de precios relativos -tipo de cambio real y tarifas de servicios públicos- en las primeras semanas del nuevo mandato, pues la economía argentina necesita volver a acumular reservas netas y reducir el déficit fiscal primario lo antes posible.

Sin dudas, el descongelamiento y la corrección de precios relativos va a profundizar la recesión y elevar aún más la inflación, pero es la única forma de empezar a preparar el terreno para aplicar durante la segunda mitad de 2024 -tras haber acumulado buena parte de la mejora / recuperación de las exportaciones agroindustriales para contar con un ancla cambiaria- un plan de estabilización que tenga chances de ser exitoso.

Es que, como mostraron Gabriel Palazzo, Martín Rapetti y Joaquín Waldman en un reciente trabajo de investigación de Equilibra que analizó 46 planes de estabilización de América Latina, los países de la región que lograron bajar sostenidamente la inflación contaron con superávit gemelos -o mínimos déficits- al momento de lanzar el programa.

Pese a que la secuencia luce clara, llevarla a la práctica será un desafío mayúsculo de política económica.