La República Argentina se encuentra sumida en una coyuntura difícil. Las encuestas de opinión reflejan que lo que estamos haciendo no está funcionando. La sociedad reclama soluciones a problemas evidentes que perjudican seriamente su vida cotidiana. La incapacidad estatal para lograr respuestas efectivas socava su propia legitimidad y alimenta un clima de escepticismo generalizado.
Frente a esta situación, las autoridades podemos adoptar al menos tres actitudes diferentes, que se verifican a menudo cuando se analizan reformas en materia de narcocriminalidad. La primera es puramente demagógica, y consiste en decirle a la gente solo aquello que desea escuchar: implica proponer reformas que se ajustan al clamor popular, aunque los funcionarios sepan que son inviables o contraproducentes.
La segunda actitud, en cambio, es eminentemente ideológica: se trata de impulsar una agenda afín a la cosmovisión de ese mismo funcionario, pero indiferente a los resultados y a los costos que ella trae consigo. En un punto esta actitud es más aceptable que la anterior: el funcionario hace lo que hace porque genuinamente cree que es correcto. De todas maneras, su aporte es deficiente, porque omite evaluar de antemano si esas creencias están verificadas en la realidad.
La tercera actitud, en cambio, supone buscar soluciones consistentes con la evidencia disponible. Esto exige desembarazarnos de nuestros prejuicios y evaluar rigurosamente qué es lo que funciona. Todos actuamos dentro de un marco jurídico, e incluso dentro de uno ideológico en el que nos hemos formado. Nuestro compromiso con los derechos constitucionales debe ser inclaudicable. Con esta salvedad, al final del día, de lo que se trata es de generar impacto, es decir, de implementar políticas que transformen probadamente la realidad imperante.
Para proceder de este modo, necesitamos definir varias cuestiones previas. En primer lugar, debemos identificar con la mayor precisión el problema que queremos resolver. No es lo mismo trabajar sobre la venta de drogas en general, que hacerlo sobre la comercialización minorista de estupefacientes en barrios vulnerables y con altos índices de violencia. La elección del problema es una tarea indispensable para edificar el resto de la política criminal.
En segundo lugar, debemos diseñar intervenciones específicas, destinadas a solucionar o atenuar esos problemas que consideramos más acuciantes. Aquí es donde debemos acudir a la literatura y a la evidencia. Por ejemplo, sabemos hoy que la persecución reactiva y aleatoria de la venta de drogas no tiene impacto. Ya no se discute que las fiscalías deben elaborar estrategias de persecución, que les permitan elegir las investigaciones con una estimación prospectiva acerca del resultado que se busca alcanzar. También es un hecho que ciertas sustancias son más dañinas que otras, y que provocan mayores niveles de violencia y desorden en las comunidades. Nuestra actuación, entonces, debe nutrirse de toda esa evidencia para lograr mayor eficacia.
En tercer lugar, se requiere elaborar métricas que nos permitan mensurar los resultados que buscamos lograr con la intervención escogida. Debemos encontrar una manera de comparar escenarios antes y después de la implementación de nuestra política.
Por último, resulta imprescindible contar con instrumentos de medición aceptables para concretar esas tareas de evaluación. Y esto demanda producir información estadística robusta y seria desde el punto de vista metodológico.
La política criminal debe entonces conjugar estos elementos: identificación de problemas, ponderación de posibles soluciones, construcción de métricas y elaboración de instrumentos de medición.
Bajo estas premisas, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad ha implementado una serie de innovaciones relativas al rol del sistema de justicia en el tratamiento de la venta minorista de estupefacientes en dosis fraccionadas para el consumidor. Me refiero al fenómeno conocido comúnmente como narcomenudeo.
Nuestro enfoque institucional procura otorgarle mayor densidad y contenido a la Ley de Desfederalización (Ley Nº 26.052), que asignó a las jurisdicciones locales la competencia en la materia. En este sentido, necesitamos comprender que esta reforma no tiene como único propósito desahogar al fuero federal: es mucho más que eso. La competencia local abarca una actividad delictiva de efectos extremadamente dañinos para los centros urbanos y los barrios más pobres de nuestro país. La complejidad del problema obliga incluso a explorar y desarrollar conexiones entre la política criminal y la política social.
Estas definiciones constituyen la base sobre la que se asienta la estrategia de Intervención en el Mercado de Drogas (IMD), que implementamos con buenos resultados en la Ciudad de Buenos Aires. El programa fue presentado públicamente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en un evento que contó con la participación del Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo Lorenzetti, del Fiscal Nacional Antimafia y Antiterrorismo de la República Italiana, Dr. Giovanni Melillo, y del criminólogo estadounidense, Dr. David Kennedy.
Entendemos que la IMD representa un avance en la política criminal argentina, porque se hace cargo de la singularidad del narcomenudeo como parte del problema de las drogas, y porque asegura un rol proactivo a las autoridades del sistema de justicia penal. Creemos que esta iniciativa puede contribuir a mejorar la realidad de nuestras comunidades y a aumentar la legitimidad de las instituciones públicas.