Primer Comando de la Capital: de los ocho fundadores a los 100 mil miembros, tres décadas después

Comenzada la década del 90, la cárcel de Taubaté (también conocida como “Piranhao”), ubicada en el San Pablo profundo, comenzó a recibir a los criminales más peligrosos del Estado.

El tratamiento aplicado a los reos, distaba mucho de ser siquiera humanizado; abundaban las denuncias no solo por malos tratos sino directamente por torturas a las que los detenidos eran sometidos. Una de ellas (quizá la mas frecuente) era mezclar la comida con insectos y en algunas ocasiones hasta con vidrio.

Aún dentro de este esquema de vida, una facción de presos dominaba (con la anuencia de las autoridades) la vida de la prisión. Este grupo era conocido como el Comando Caipira. Sus líderes no solo controlaban espacios sino que también lucraban amedrentando al resto de los internos, pero no a todos. Algo comenzaba a surgir producto de la rebeldía.

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Presionadas las autoridades de Taubaté por las denuncias de malos tratos y los antecedentes de sus directivos (en 1993 su director era José Ismael Pedrosa el mismo responsable de la masacre de Carandiru, sucedida en 1992) comenzaron a organizar actividades con internos que hasta ese momento eran impensadas.

Una de ellas fue un torneo de fútbol y, en el comienzo de la competencia, debían enfrentarse el Comando Caipira (integrado básicamente por presos del interior) contra una nueva formación que se plantó en el medio de la cancha, con remeras blancas en las que destacaban tres letras pintadas con fibrones negros, P.C.C., Primer Comando de la Capital (en portugués, Primeiro Comando da Capital) compuesto exclusivamente por internos de la Ciudad.

No hubo fútbol, partido ni juego. Lo que sucedió fue una masacre en la que los líderes de la facción caipira murieron a manos de quienes a partir de ese momento declararon el nacimiento del PCC, bajo el lema “Paz, Justicia y Libertad”.

El primer objetivo del flamante grupo de prisioneros fue el de crear un compacto bloque de presos que se oponga al brutal tratamiento recibido por las autoridades penitenciarias paulistas. La idea era poder visibilizar sus reclamos, en el marco de cierta uniformidad que, la por entonces precaria organización, ya evidenciaba como una compleja gestión.

Desde entonces la organización criminal logró expandirse más allá de los muros de las prisiones, mutando su carácter primigenio de orden sindical a una multinacional criminal con niveles de gerenciamiento bien pagos como así también a un ejército de “hermanos” y colaboradores a disposición, sostenidos por sumas hiper millonarias producto de sus actividades ilícitas, mayoritariamente de las del narcotráfico.

La primera aparición pública del PCC fue en 2001: un interno logró unificar lo que fue la primera rebelión coordinada en las, por entonces, 29 cárceles del estado de San Pablo.

Cinco años después, el comando mostró su objetivo de no coexistir con la organización estatal. Todo lo contrario, buscó disputarle el poder en todas sus facetas. Aquel año, el sistema penitenciario de San Pablo intentó neutralizar el accionar intramuros del PCC: reubicó en diferentes prisiones del estado paulista a 765 internos, categorizados como líderes, segundas y terceras líneas del Primer Comando de la Capital.

Como resultado de esta medida, los hechos de violencia fueron extramuros y, así, el aparato estatal de San Pablo quedó sumido en un absoluto caos. Durante nueve días (desde el 12 al 21 de mayo de 2006) se generaron disturbios en 96 de 144 cárceles paulistas, desde disturbios internos hasta sanguinarios motines en donde se quemaron unos 50 ómnibus en algunas ciudades del estado y se registraron entre 52 y 80 muertes violentas, 36 de las cuales fueron agentes policiales y penitenciarios. Estos cruentos hechos fueron reivindicados por Marco Herbas Williams Camacho, alias Marcola, el líder del PCC.

La organización criminal tiene su núcleo duro en el estado de San Pablo y está activa en al menos 25 de los 27 estados brasileños como así también se extendió a países limítrofes como Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia y, en menor medida, Argentina.

Las investigaciones en mega contrabandos de sustancias estupefacientes en Brasil, en países de la región, Europa y África, colocan al PCC como la organización criminal transnacional más grande y poderosa de América del Sur.

La estructura, de acuerdo a datos publicados por el diario brasileño Metrópoles, es que el PCC está integrado por unos 40.000 bautizados y, aproximadamente, 60.000 colaboradores o “compañeros” . El Primer Comando de la Capital sería el tercer empleador del Brasil, si se tratara de una empresa formal.

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La facción, es un coloso criminal corporativo, cuyos productos son drogas ilícitas. Sus clientes son dependientes de sustancias químicas mientras que los proveedores son delincuentes paraguayos, bolivianos y colombianos.

Los métodos son el asesinato, la extorsión, el soborno y el lavado de dinero. Las áreas de diversificación son los robos a bancos, el robo de carga y el tráfico de armas. “El objetivo, consistente con las demandas de la globalización, es internacionalizarse y, para lograrlo, los líderes del PCC están forjando alianzas con bandas africanas y terroristas de Medio Oriente”, citó la revista Veja.

Más allá de los antecedentes expuestos desde esta columna, como el bautismo de Thiago “Matrix” Ximenez en una Unidad Penitenciaria Federal en el sur argentino (en 2012 y su posterior fuga desde el C.P.F.1 en agosto de 2013), otros datos relevantes pueden sumarse a los ya vertidos.

Según algunos datos que consignaron distintas fuerzas federales, el principal líder de la facción que se hallaba en libertad, Gilberto Aparecido Dos Santos, alias Fuminho, residió en nuestro país durante cuatro meses, allá por 2018, se presume que con documentación apócrifa y que vivió en un departamento de Recoleta, propiedad de otro hombre fuerte en el narco regional, Jorge Adalid Granier Ruiz.

Recordemos que este último, cuyo alias es El fantasma, estuvo relacionado con distintos narcovuelos cuya carga era entregada mediante la modalidad “bombardeo”.

Estos hechos se registraron en las provincias de Salta y Santa Fe, siendo proveedor de los Loza en el norte argentino y, según fuentes investigativas, con Lindor Alvarado e, íntimamente, su clan estuvo relacionado con el caso de la narco avioneta accidentada en la provincia de Chaco en el mes de julio de este año.

Por su parte, Aparecido Dos Santos fue detenido en Mozambique en 2020 encontrándose, en la actualidad, detenido en la penitenciaría federal de Catanduvas, en el estado brasileño de Paraná.

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