PASO 2023: nueva derrota en las urnas para las políticas de género y el feminismo extremo

No se trata sólo de la buena performance de La Libertad Avanza, cuyo líder, Javier Milei, avisó que cerrará el Ministerio de la Mujer, eliminará la ESI (Educación Sexual Integral) y convocará a un plebiscito sobre el aborto, sino que incluso en la interna de Juntos por el Cambio, la candidata que se impuso, Patricia Bullrich, si bien estuvo a favor de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), no sólo no es una figura asociada a los berretines identitarios de moda, sino que no incluyó esos temas en su campaña y además eligió como compañero de fórmula a Luis Petri, diputado radical mendocino que se pronunció claramente contra aquella ley, tanto en 2018 como en 2020.

A la inversa, en el flanco derrotado de Juntos por el Cambio, la política del gobierno porteño fue una constante desmentida a la supuesta posición pro vida de su jefe, Horacio Rodríguez Larreta. En la Ciudad de Buenos Aires hace años que, amparados en el fallo FAL de la Suprema Corte de Justicia de 2012, los Centros de Salud (CeSAC), unos 40 en toda la Capital, se dedican a promocionar el aborto. Y ello desde mucho antes de la legalización porque, con el argumento del protocolo de casos no punibles de la Corte, el aborto estaba legalizado de hecho.

Ni hablar de que el gobierno porteño fue tan entusiasta en la compra de penes de madera como el de Nación o el de provincia de Buenos Aires.

La misma obsesión por la “diversidad”, que al gobierno nacional lo hacía izar la bandera LGBT en la Cancillería y las embajadas, al porteño lo llevaba a proyectar periódicamente el arcoiris en las fachadas de los edificios públicos.

Por otra parte, en lo que se refiere a la Ley de Identidad de Género (2012), mientras en el mundo se empezaba a revisar la normativa sobre el tema -porque no hay suficiente evidencia de la inocuidad de los tratamientos hormonales y quirúrgicos de transición, más la constatación de que entre los adolescentes existe un efecto de contagio social-, el Registro (porteño) del Estado Civil y Capacidad de las Personas se hizo eco de un reclamo de organizaciones LGBTI e interpretó que, a efectos del cambio registral de sexo, la mayoría de edad es a los 16 años. Mientras esos grupos celebraban que un adolescente pudiera “acceder a un DNI que refleje su identidad de género por derecho propio” y “sin la tutela de sus progenitores”, el gobierno porteño se destacó por su silencio.

Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y compañero de fórmula de Rodríguez Larreta, había afirmado entusiasta, en 2018, que la legalización del aborto era “un paso adelante”.

Martín Lousteau -el favorito inconfesado de Rodríguez Larreta- se destacó porque en 2019, cuando encabezó la lista de senadores por la Capital Federal de Juntos por el Cambio, no quiso ser secundado en la boleta por Victoria Morales Gorleri por el solo hecho de que ella no era “verde”. Signo del lugar que ocupa en su ideario la legalización del aborto.

Como precandidato a la jefatura de Gobierno, uno de sus principales actos de campaña fue reunirse con la comunidad LGBTIQ+ para interiorizarse sobre “las principales preocupaciones de las diversidades (sic) en la Ciudad”. En sus redes sociales escribió: “En salud, vamos a incorporar pediatras con formación en género y diversidad, que acompañen a las infancias (sic) y a sus familias en la aplicación de la Ley de Identidad de Género”.

Traducción: más fomento a la transición de menores, algo que en países como Suecia, Noruega, Finlandia o Reino Unido, y en varios estados norteamericanos, se está empezando a desaconsejar cuando no directamente a prohibir. Cabe preguntarse si el senador Lousteau tiene idea de lo que está promoviendo.

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Hoy muchas feministas se desesperan porque “vienen por nuestros derechos”.

Nuestros derechos están muy bien, gracias, sobre todo porque no se los debemos al furor feminista que estalló en 2018 en la estela del discurso de una Oprah Winfrey en Hollywood.

Cuando la moda llegó a estas costas -una extraña revolución promovida desde arriba y patrocinada por el mismo sistema-, las mujeres argentinas estábamos en posesión de todos nuestros derechos: voto, cupo electoral e igualdad civil.

No existía en la Argentina ninguna ley, ni norma, ni institución, que consagrara la supremacía del varón sobre la mujer. La discriminación salarial por género es la gran fake news de este gobierno: en Argentina, a igual tarea, igual remuneración, desde hace decadas.

El oficialismo sin embargo puso esos reclamos fantasmales en el centro de su dispositivo. Hubo que rascar el fondo de la olla y buscar “urgencias” tales como la gestión menstrual, el DNI no binario o la violencia política de género (o sea: varones, no contradigan a una mujer en el recinto de la Cámara porque eso es machismo).

También hubo que sobreactuar: ya teníamos la ley de cupo que garantizaba un tercio para las mujeres. No les pareció suficiente y promovieron la paridad de género en las listas, con lo cual las mujeres tenemos un techo de 50 por ciento. ¿Por qué no podíamos aspirar a un Congreso con mayoría de mujeres? Ahora no será posible, como sí lo era con la ley de cupo de 1991.

Otra sobreactuación es el reconocimiento de los años de maternidad para la jubilación. Suena muy lindo, pero ¿acaso no era ya ese el motivo por el cual las mujeres se jubilan 5 años antes que los hombres? La sociedad argentina fue de avanzada en estas materias desde mucho antes de que existiera el kirchnerismo, el NiUnaMenos y la ola verde.

Alberto Fernández prácticamente no se dedicó a otra cosa que a satisfacer los caprichos identitarios de minorías de minorías. “No gobierno, pero todo lo hago con perspectiva de género”: podría ser la divisa y síntesis de su gestión.

Se inventó una Argentina patriarcal, estructuralmente misógina y racista, para luchar contra lo que no existe, mientras los verdaderos problemas quedaban sin resolver y se iban agigantando y acumulando.

Ahora asustan con la privatización de la educación pero no se hacen cargo de que fue gracias a su pésima gestión que creció descomunalmente la matrícula de las escuelas privadas y que son justamente los malos resultados en lengua y matemática de los chicos en la Argentina los que habilitan a que propuestas descabelladas como la de los vouchers educativos encuentren algún eco.

Ya en las legislativas de 2021 quedó claro que la neolengua inclusiva, el transfeminismo y el no binarismo de género eran ajenos a los intereses de los argentinos.

Evidentemente no se notificaron.

Alberto Fernández se había dado el lujo de someter la legislación y las instituciones del país -un conjunto que debiera ser sólido, coherente y lo más estable posible- a los caprichos de tribus urbanas que tienen más pantalla que arraigo social: una de sus últimas jugadas de campaña en 2021 fue el decreto que habilitó la concesión de documentos de identidad en los que no se consigna el sexo del portador.

En plena pandemia, con el país parado, no había encontrado mejor idea que poner el pie en el acelerador de la agenda de género, forzando la aprobación de la legalizacion del aborto que había sido rechazada apenas dos años antes luego de cuatro meses de debate.

También hizo alarde de su presupuesto con perspectiva de género: el mismo Presidente que se jactaba de no tener plan destinaba 3,4 por ciento del PBI a promover la ideología transfeminista: cuatro veces más que lo que iba a Defensa o Seguridad.

Ni Malvinas se salvó de la género manía y así el 40 aniversario de una guerra en la que no participaron mujeres -con excepción de un puñado de enfermeras- fue la ocasión para “Pensar Malvinas con perspectiva de géneros y diversidad”.

Pobreza, desempleo, inseguridad, desinversión, deuda, deterioro educativo. A todo eso el gobierno le respondió con DNi no binario, gestión menstrual y misoprostol (droga abortiva).

La ESI, reconvertida en adoctrinamiento queer, se volvía contenido esencial de una educación que no garantiza que los chicos lleguen a 3er grado de primaria sabiendo leer y escribir. Ni hablar de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, promoviendo la esterilización adolescente, con avisos dirigidos a chicos de 16 años para incitarlos a usar métodos contraceptivos de muy difícil reversión, como la ligadura de trompas y la vasectomía. El gobierno lo promovió y la oposición no dijo esta boca es mía, cuando el tema ameritaba como mínimo una interpelación a la funcionaria.

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Tanto o más grave que la legalización del aborto fue el entusiasmo antinatalista del gobierno: el aborto no es la última opción, como declamaban durante los debates, sino la primera alternativa ofrecida a la mujer de condición humilde. En el fondo promueven la exclusión, bajo la forma de eugenesia social.

No tengo programa económico, no tengo solución para la inflación, no puedo combatir con eficacia el delito, no garantizo la seguridad de los argentinos, no educo; no importa, mientras sea feminista.

Otra contribución a la bronca electoral fue un Ministerio de la Mujer inflado con una planta de más de 1000 empleados que no resolvió ningún problema y en cambio se dedicó a amplificar un discurso andrófobo lanzando por ejemplo una campaña de spots anti-varones, donde éstos eran presentados con la peor cara posible; la vida cotidiana, tanto doméstica como laboral, está minada de micromachismos que el feminismo vigilante se encarga de detectar.

Nada impidió sin embargo que el Presidente y sus funcionarias del área sintieran que estaban haciendo algo para disminuir los femicidios en el país, cuando es evidente que no es así (ellos mismos llevan la cuenta). No es que no hagan nada, hacen cosas inútiles, porque a malos diagnósticos, malos remedios. Detrás de casi cada femicidio hay una historia de desprotección, de denuncias desoídas, de medidas perimetrales no cumplidas. De protocolos mal aplicados. Pero a nada de eso se le busca remedio efectivo.

En cuanto a Sergio Massa, él tampoco es un candidato especialmente identificado con estos temas. Estuvo durante toda la campaña concentrado en las urgencias de la economía. Pero carga con la herencia kirchnerista en la materia, además de que su esposa, Malena Galmarini, sí es una abanderada de la perspectiva de género. En 2019, cuando asumió al frente de AYSA (Agua y Saneamiento Argentinos), una de sus primeras medidas fue la presentación de una Guía para el uso del Lenguaje no Sexista en esa empresa de servicios.

El Gobierno de Alberto Fernández no empoderó a las mujeres, pero sí envalentonó a minorías fanáticas. Basta ver su reacción cuando alguien las contradice: amenaza, delación, censura, cancelación. Vivimos un totalitarismo feminista que no admite críticas.

Por caso, la izquierda trotskista, cuya magra cosecha de votos en las PASO (2,75 %) confirma que la política de género no goza de consenso, se cree sin embargo con derecho de vigilancia sobre las creencias del conjunto de los argentinos.

Un ejemplo ilustra esta actitud. La diputada nacional Romina Del Plá, que en estas PASO fue precandidata a senadora nacional dentro del Frente de Izquierda, presentó en la Cámara de Diputados de la Nación en marzo pasado un proyecto de repudio a la creación de la diplomatura “Acompañamiento a la Mujer con embarazo vulnerable. Formación para la mujer en situación de aborto”, de la Universidad Católica de Salta (Ucasal), que ella por supuesto rebautizó como “diplomatura antiderechos”.

“El dictado de esta diplomatura en el ámbito universitario es inaceptable -decía Del Pla-, toda vez que se abordan temas como el milagro de la vida, la responsabilidad frente a la vida humana, el binomio madre-hijo y el derecho a la vida, lo que constituye un ataque a la conquista de las mujeres y diversidades”.

¿Se escuchan cuando hablan? Ucasal, además, es una universidad privada. “Está claro que allí no hay conocimiento científico alguno”, sentenciaba la referente del FIT, frente que casi no tiene otro programa que la ideología de género, que cree que el sexo es asignado al nacer y que el feto es una larva.

Esto evidencia la pretensión de una minoría de hablar en nombre del conjunto y de cualquier autodenominada feminista de representar a todas las mujeres.

Estos discursos, sumados a la proliferación de secretarías, direcciones, departamentos y áreas de género en ministerios, universidades, sindicatos, empresas públicas, etcétera, son parte de la herencia cultural de esta gestión con la cual habrá que lidiar, sea cual sea el tercio que finalmente se imponga en la elección presidencial.

La batalla cultural seguirá, pero cabe esperar que, esta vez sí, los políticos hayan tomado nota de que la ideología de género es una imposición contraria al sentir de la mayoría.

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