Las de ayer fueron las séptimas PASO (primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias), que se utilizaron en la Argentina para elegir candidatos a ocupar cargos públicos a nivel nacional. En efecto, fueron creadas por ley en el año 2009, a instancias de Néstor Kirchner, pero recién se concretaron en 2011.
Es necesario entender que, tanta expectativa y tanta incertidumbre previa, no tenían como fundamento que se estaba por elegir a quienes debían conducir los destinos del país en los próximos cuatro años, porque, efectivamente, ayer no hubo elección de autoridades nacionales, provinciales ni municipales: apenas hubo internas de partidos políticos, de las cuales surgieron, simplemente, candidatos para las elecciones de octubre.
Sin embargo, a pesar de que, las celebradas ayer, fueron internas de partidos políticos para la elección de candidatos, no fueron aquellos quienes los eligieron, sino nosotros, los ciudadanos electores, quienes, para tal fin fuimos obligados por la ley a concurrir a las urnas. Inexplicable; no conozco que en otro país del mundo los electores estén obligados a participar en las internas partidarias.
Obsérvese que ahora, conocidos los resultados de la elección interna del día de ayer, no solamente estamos comparando los votos obtenidos por los precandidatos dentro de un mismo partido político (por ejemplo, en el caso de Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, dentro de Juntos por el Cambio), sino que además estamos analizando, fundamentalmente, si Massa sacó más votos que algunos de estos, o si Milei los superó, o no, en cantidad de votos. Es decir, en la práctica, hemos convertido a las PASO en la primera vuelta electoral. La segunda será en octubre, y eventualmente la tercera, para las elecciones presidenciales, llegará en noviembre si hubiera que realizar un balotaje.
Además de esta desnaturalización que han sufrido las P.A.S.O., también podrían provocar un cambio en la intención de votos de algunos, con respecto a las elecciones generales de octubre. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, ayer alguien votó a Milei –que ganó la elección-, pero ahora observa que Massa podría alcanzar la doble vuelta en octubre, tal vez decida cambiar el voto.
Como se puede observar, estas internas partidarias, no solo compelen inconstitucional e irrazonablemente a los ciudadanos a votar en internas que pueden resultar ajenas al interés de los electores independientes, sino que además, hasta pueden modificar la intención de votos de muchos, en función de los resultados que hoy estamos conociendo.
Como si ello fuera poco, la celebración de estas “primarias” o “internas”, han generado una gran incertidumbre en el mercado, y por ende en la actividad económica en general, ya que son muchas las decisiones económicas de empresas y de particulares, que han quedado paralizadas hasta conocerse los resultados de hoy, pero que permanecerán del mismo modo durante dos o tres meses más, porque falta que se celebren las elecciones reales, es decir, aquellas de las que sí surgen gobernantes.
Habrá que repensar profundamente, en el país serio que todos pretendemos que haya después del próximo 10 de diciembre, la continuidad de esta forma de elegir candidatos; habrá que devolver a los partidos políticos (esos que para la Constitución Nacional “son instituciones fundamentales para la democracia”), la potestad de hacerlo del modo que quieran; habrá que devolver al ciudadano la libertad de elegir si quiere o no inmiscuirse en elecciones internas de aquellos, en la medida que cada agrupación lo permita; habrá que convertir a las elecciones del cuarto domingo de octubre en las verdaderas y reales para la elección de autoridades; y habrá que invertir los fondos que hoy se destinan a las PASO, en satisfacer tantas e infinitas necesidades de una sociedad cuya pobreza supera el cuarenta por ciento de los habitantes.
Pues eso solo será posible con la sanción de una ley del Congreso, para lo cual no será suficiente un cuórum normal, sino que se requerirá la mayoría absoluta de la totalidad de los integrantes de cada Cámara. Así lo prevé la Constitución Nacional, la que, además, prohíbe que el presidente de la Nación pueda abordar esta cuestión apelando a los decretos.
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