El fenómeno de una democracia disociada del crecimiento socioeconómico de largo plazo

Hace pocas semanas, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Mario Grinman, un dirigente empresarial de ideas claras y de mensajes siempre sinceros, oportunos y atinados, en su exposición de apertura del encuentro anual de la institución y haciendo referencia al cumplimiento de los 40 años de retorno a un régimen político de democracia, el período continuo más extenso de la vida institucional del país, trazaba un breve, pero muy contundente, análisis comparativo de las performances relativas con el inmediato anterior, también de 4 décadas, de 1943-1983.

En este muy convulsionado tiempo previo, a mediados de cada una de sus décadas: en los años 1943, 1955, 1966 y 1976, ocurrió un golpe de Estado, configurando así un proceso de elevada volatilidad política e inestabilidad institucional.

Sin embargo, el crecimiento económico promedio de aquellos 40 años resultó de 1,3% anual; la inflación media de 70% anual y la pobreza promedio, incluso efectuando el ejercicio de medirla con los parámetros actuales, habría resultado de un dígito, afectando a menos del 10% de la población total de aquella Argentina.

El resultado promedio de esas 3 sensibles variables macroeconómicas para las 4 décadas de democracia arroja una tasa acumulativa anual de crecimiento económico de apenas 0,6% ; inflación superior a 220% anual y pobreza mayor a 25% de la población, siendo la actual superior al 40% de los habitantes.

O sea que, en un análisis comparado, la tasa anual de crecimiento económico de largo plazo disminuyó a menos de la mitad; la inflación promedio anual más que se triplicó y la pobreza poco menos que se cuadruplicó. Resultados todos que, a priori, interpelan severamente en términos socioeconómicos, al período de estabilidad democrática.

Cualquier análisis apresurado y anacrónico podría derivar en erróneas conclusiones, incluyendo la de desestimar a la hipótesis de la calidad institucional como uno de los principales pilares y fundamentos del crecimiento económico sostenible en el largo plazo. Y pensar que la inestabilidad de la gobernanza política no tendría la relevancia que generalmente se le asigna con relación al progreso económico y el desarrollo.

Sin reparar que, aun cuando se cumpla con la necesaria condición de la presencia de la “mega institución” democracia, pero con un fuerte sesgo de un rasgo general casi solo electoral, ello no significa que se estaría cumpliendo con el suficiente nivel de calidad institucional.

De tal manera, aún con la vigencia del formato de una continua y prolongada democracia formal: coaliciones políticas, elecciones, parlamentos, etc., se “filtra” masivamente en ella una muy arraigada hipótesis cultural que deriva en la visión de la política doméstica y de sus gobiernos, en un mayor o menor grado, acerca que los límites republicanos al poder ejecutivo, que la necesidad de una negociación racional de los siempre complejos procesos políticos de las decisiones de las políticas públicas en las cámaras legislativas y que la misma autonomía del poder judicial son, todos ellos en su conjunto, solo obstáculos para la eficaz gestión de un gobierno ejecutivo.

Obviamente, bajo ese mandato o premisa política dominante, “nunca escrita, pero si practicada” (inserto también en el muy amplio “mundo paralelo argentino”) esa elevada desconfianza interna en los instrumentos propios de una democracia derivará inevitablemente en los penosos resultados socioeconómicos referidos, resultantes de un sistema de baja calidad relativa.

Pero ello, de ninguna manera, derribaría la validez de la sólida hipótesis institucional. Sino que, por el contrario, la reafirmaría aún más cuando se verifica, en simultáneo, que también la está afectando el funcionamiento de un muy desordenado sistema fiscal de una “recaudación unitaria” y de un “gasto público federal” en paralelo, como lo destacan los numerosos y atinados análisis de José María Fanelli y Juan José Llach, entre otros.

Si a ello se suma una importante ineficiencia política en la asignación del gasto público, que resulta permanentemente superior a los ingresos públicos y que al déficit fiscal resultante se lo financia con un continuo endeudamiento público interno y externo, ya sea con una emisión monetaria del Banco Central, siempre mayor que la demanda de dinero o con títulos de deuda pública que luego no se honran a sus vencimientos, ello inexorablemente redundará en la muy compleja situación social y económica actual: alta inflación, elevada pobreza, recesión económica, precios relativos muy distorsionados y atraso cambiario.

Pero, es el referido sistema fiscal, de recaudación unitaria y “oculto” en los precios de casi todos los bienes y servicios privados y públicos y el simultáneo gasto público federal, el que genera los gobiernos subnacionales rentistas, generalmente encabezados por líderes locales, políticamente muy estables en el largo plazo (solo desatinos fiscales mayúsculos los desalojarían del poder político) que, con una visión inevitablemente mercantilista de la política representativa en las cámaras legislativas, logran una generalizada estabilidad política provincial, como una contra cara de la elevada volatilidad política nacional.

Esta pretensión de una muy breve y estricta descripción, dejando de lado a los juicios de valor, de algunos de los actuales incentivos de los procesos políticos, claramente divergentes del progreso social y económico de la sociedad en su conjunto, son los que estarían disociando a la democracia argentina, aún en un tardío estadio de muy lento tránsito hacia una mayor calidad institucional relativa, del desarrollo sostenible en el largo plazo de nuestro país.

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