El caso de Morena Domínguez, la niña de 11 años asesinada en Lanús a tres cuadras de su casa mientras iba al colegio a las 7:30 de la mañana, conmocionó a la sociedad. Pero, a cuatro días de las PASO, Morena también movilizó a la política. Morena muerta, claro. Porque Morena viva no le importó a nadie. Morena hija, Morena hermana, Morena nieta, Morena compañera de escuela, Morena alumna, Morena vecina no existía para la política. Existe Morena muerta. Se sumó horas después el asesinato de Juan Carlos Cruz, cuando tres delincuentes lo balearon en la cabeza para robarle el auto en Morón. Su hermana dijo: “Mi hermano no tuvo derecho a defenderse... Lo mataron sin mediar nada, pobrecito. Él salvó a todos los chorros baleados de Fuerte Apache y estos hijos de puta se lo llevaron ahora”.
Y “existe” es apenas una manera de decir, porque lo que hizo la política fue esconderse. Los candidatos suspendieron los actos de cierre de campaña y se dedicaron a rasgarse las vestiduras y mostrarse consternados en redes y medios de comunicación. Se enlutaron. Casi como una cuestión de decencia y buen gusto. El problema, claro, es que la mayoría está en política desde hace décadas y tiene o ha tenido responsabilidades de gestión en materia policial, judicial o social. Detalles.
El homicidio de Morena demanda de la dirigencia política exactamente lo contrario de lo que hizo. Más que correrse de escena por decoro, lo que deberían hacer es dar la cara. Rendir cuentas, explicar, proponer, debatir, pedir, eventualmente, disculpas. ¿Qué hizo Aníbal Fernández por la seguridad? Ministro de Interior de 2003 a 2007, ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de 2007 a 2009, jefe de Gabinete de 2009 a 2011, senador de 2011 a 2014, jefe de Gabinete nuevamente en 2015, ministro de Seguridad desde 2021. ¿Qué hizo Néstor Grindetti, intendente de Lanús desde 2015? ¿Estuvo muy ocupado en la gestión del Club Atlético Independiente? ¿Qué hicieron Axel Kicillof, Patricia Bullrich, Diego Kravetz? ¿Cómo hacen Grindetti y Kravetz para ocuparse de un municipio en el que no viven?
Más que suspender la campaña, los candidatos y candidatas deberían intensificarla. La cuestión, por supuesto, es definir qué quiere decir esto. ¿Besar bebés? ¿Bailar con globos y música en vivo? ¿Vociferar eslóganes vacíos arriba de un camión o en un set de televisión? ¿Cuál es el sentido de una campaña política? ¿Qué requiere la democracia por parte de esta gente que viene a manguearnos el voto?
En la era moderna, la representación política es ineludible (somos demasiadas personas como para juntarnos a deliberar en Plaza de Mayo). Para algunas concepciones de la democracia (la elitista y la mayoritarianista) esto es bueno porque aleja los intereses y demandas sociales de la toma de decisiones. Los aspirantes no tienen mucho que hacer más que bajarnos línea sobre lo que es mejor para nosotros (elitista) o contarnos qué facción social buscan representar en un órgano político destinado a que no nos matemos (mayoritarianista). Hay algunos twists (por ejemplo, la visión economicista que transforma la campaña en un mercado de productos), pero es básicamente eso.
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Yo creo otra cosa. Creo, desde una concepción deliberativa, que la representación política es un mal que nos aleja del ideal democrático. Creo que debemos implementar mecanismos de democracia directa. Y, a diferencia del populismo rousseauniano (al que le alcanza, por caso, con plebiscitos), creo que necesitamos instancias de participación ciudadana que impliquen debates públicos, no meras respuestas por sí o por no. ¿Qué implica esto para una campaña? Que los genios y genias que quieren mi voto no son unos iluminados ni tampoco representantes facciosos de mis preferencias. Son, en cambio, gente con ideas que debe someter a la deliberación pública durante la campaña, para continuar debatiéndolas luego con otra gente en el principal órgano de la democracia, que es el Congreso de la Nación.
Desde esta concepción, entonces, me permito traer a escena, ya que ellos y ellas han decidido no hacerlo a partir del homicidio aberrante de Morena, las propuestas de los principales candidatos y candidatas en materia de justicia y seguridad. Son extractos de las plataformas oficiales que presentaron los partidos y coaliciones para la PASO 2023 ante la Justicia y que pueden leerse completas en la página web de la Cámara Nacional Electoral. No haré otros comentarios debido a la cercanía de la elección.
En el orden nacional, la plataforma de Unión por la Patria convoca a “avanzar en la conformación de fuerzas de seguridad respetuosas de los derechos humanos que garanticen una política de seguridad pública ciudadana y democrática”. Además, refiere a la necesidad de profundizar y agilizar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, y a la erradicación de discursos violentos y discriminatorios para el correcto funcionamiento del Estado de derecho y para asegurar una democracia plena con vigencia de los derechos humanos. También se plantea que el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner significó una ruptura del consenso democrático reconstituido en 1983.
La plataforma nacional de Juntos por el Cambio refiere a la seguridad desde la primera línea: “la inflación y la inseguridad nos asfixian”. Luego, en un apartado denominado “Juntos para vivir más seguros” se propone: (1) transferencia de fuerzas federales de frontera a zonas que denomina críticas, como Rosario y el conurbano bonaerense; (2) uso de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo, transporte y logística; (3) intervención temprana con despliegue rápido en provincias más afectadas por el crimen organizado; (4) acuerdos multilaterales para control de mercaderías en Hidrovía y fortalecimiento de Aduana; (5) alerta temprana de ciberataques; (6) nuevas cárceles de máxima seguridad; (7) no excarcelación de imputados por lavado de activos y decomiso de bienes; (8) priorizar competencia federal contra el narcotráfico; (9) nacionalizar el programa Barrios Seguros (despliegue de fuerzas de seguridad en barrios vulnerables); (10) mejorar condiciones de trabajo de fuerzas policiales; (11) coordinación Fuerzas Armadas y de seguridad.
En cuanto a la Justicia, Juntos por el Cambio propone: (1) completar la integración de la Corte Suprema, de la Procuración General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo; (2) selección transparente y eficiente de magistrados; (3) combatir el crimen organizado y la corrupción; (4) implementar el sistema acusatorio en todo el país; (5) impulsar la oralidad en casos no penales; (6) asistencia jurídica efectiva a víctimas de delitos.
La plataforma de La Libertad Avanza propone un sistema de seguridad “no invasivo para la población” y las siguientes medidas de “seguridad nacional y reforma judicial”: (1) construcción de cárceles de gestión público-privada; (2) militarizar institutos penales durante la transición; (3) eliminar salarios de reclusos y establecer obligatoriedad de estudiar o trabajar; (4) estudiar factibilidad de reducir la edad de punibilidad; (5) agilizar procesos penales; (6) eliminar leyes “garantistas”; (7) sanear fuerzas de seguridad con eje en la lucha contra la corrupción; (8) capacitar y equipar a fuerzas de seguridad; (9) fortalecer lucha contra el narcotráfico con controles aéreos, herramientas y tecnología; (10) crear base de datos de personas con pedido de captura y cruzarla con videovigilancia; (11) cooperación entre fuerzas federales y provinciales; (12) habilitar la tenencia de armas de fuego y desregular el mercado legal; (13) prohibir ingreso de extranjeros con antecedentes penales y deportar extranjeros que cometan delitos; (14) incorporar sensores, drones y satélites para el control de fronteras; (15) promover doctrina de seguridad nacional; (16) fusionar sistemas de seguridad interior y exterior; (17) acortar plazos judiciales, garantizar independencia judicial, crear mesas de enlace en el Poder Ejecutivo para abordar problemáticas judiciales como la violencia familiar o la trata de personas.
El Frente de Izquierda y de Trabajadores propone presupuesto para combatir la violencia de género (femicidios, trans/travesticidios y demás crímenes de odio) y para el desmantelamiento de las redes de trata. Además, reclama por la aparición con vida de Tehuel y exige cárcel común, perpetua y efectiva a los genocidas y sus cómplices civiles, sacar a la gendarmería y la policía de los barrios populares e implementar la elección popular de fiscales y jueces con mandatos revocables.
La izquierda también presenta las siguientes medidas: (1) terminar con el “gatillo fácil” y las reformas reaccionarias y represivas del Código Penal y Procesal Penal; (2) anulación de “leyes antiterroristas”; (3) no a la baja de la edad de imputabilidad; (4) anulación de la “ley del arrepentido”; (5) abajo las figuras del “agente encubierto” y “agente revelador” del Código Procesal Penal de la CABA; (6) disolución de los órganos de inteligencia; (7) anulación de causas judiciales contra luchadoras y luchadores obreros y populares.
En cuanto a la provincia de Buenos Aires, las plataformas de Unión por la Patria, de La Libertad Avanza y el Frente de Izquierda y de Trabajadores son idénticas a las nacionales. Por su parte, la versión local de Juntos por el Cambio refiere que la inseguridad es el principal problema y propone videovigilancia, tecnología, formación y capacitación, gobernanza del servicio penitenciario, un mapa del delito a nivel municipal, planificación y organización de los recursos policiales con traslado de todos los efectivos a la calle y uso de otro personal para tareas administrativas.
Saquen sus propias conclusiones y, el domingo, tengamos la fiesta de la democracia en paz. Se lo debemos a Morena.
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