Israel: Apto para Todo Público

No hay nada peor que un conflicto oscuro: en el que los ciudadanos propios y extraños no terminan de comprender qué está ocurriendo, cuáles son los argumentos de cada bando y qué es lo que está en juego. O sea, de qué trata la discusión. Como ocurre en todas partes del mundo, las personas sólo podemos informarnos a través de dos tipos de medios: aquellos que sólo defienden la postura del “bando A”, y los que promueven la posición del “sector B”. El periodismo obsesionado por la verdad se extinguió hace tiempo, junto con el felino diente de sable. Además, ¿existe la verdad?

Claro, como cada medio le habla a su público cautivo, ninguno ofrece datos objetivos, o razonamientos que permitan llegar al fondo de la discusión. En mi caso particular, me conformo con entender qué se está discutiendo, cuáles son los argumentos de cada posición y, finalmente, qué es lo que está en juego.

La crisis israelí actual consiste en una contienda entre dos sectores. Uno de ellos está liderado por el primer ministro Benjamín Netanyahu y su alianza de gobierno, que controla 64 asientos en el Parlamento (Knesset), de un total de 120: tiene mayoría legislativa para aprobar leyes. Esto funciona como cualquier otra democracia occidental. El objetivo de este sector es sancionar un paquete de leyes que cambien el funcionamiento del Poder Judicial.

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En la vereda de enfrente se encuentra la oposición política, quien desea impedir esta iniciativa. A este sector se suman multitudinarias marchas ciudadanas que casi cotidianamente se oponen a esta reforma judicial. La mayoría de los medios de comunicación israelíes, parte del sector tecnológico y financiero, y varios movimientos sociales adhieren a esta oposición. Intentaré aquí compartir de forma simple los argumentos más fuertes de cada sector, para que judíos y no judíos del mundo puedan, al menos, entender de qué se trata esta discusión.

Intentaré resumirlo como si fuera su vocero (haciendo un esfuerzo por fundamentar esta posición de la manera más contundente posible). “Esta reforma judicial no está inspirada en la vocación de mejora de la división de poderes. Su única intención es blindar al primer ministro, Benjamín Netanyahu, de un potencial desenlace adverso en los juicios que tiene en su contra por presunta corrupción. Hemos vivido 75 años con este funcionamiento (malo, regular o bueno) y justo ahora hay una decisión de reformar el sistema judicial.

Por otra parte, si la reforma judicial prosperara, entonces el partido del primer ministro contaría con los votos en el Parlamento para tener una injerencia mayor sobre el funcionamiento de la Justicia.

Finalmente - afirman -, es claro que Israel se ha convertido en una dictadura: el primer ministro tiene un plan para llevar al país hacia la extrema derecha y limitar severamente los derechos de los ciudadanos.”

[Es importante destacar que el único aporte que pretende esta columna es exponer en forma clara los argumentos de un sector y otro; para separarlos de todo el ruido mediático que nubla la discusión. La extensión de texto que asigno a una posición y a otra para nada refleja su importancia. Generalmente, las ideas “breves y claras” son las más potentes.]

Intentaré resumirlo como si fuera su vocero. “En todas las democracias del planeta los ciudadanos tienen el derecho de manifestarse públicamente para reclamar o decir lo que quieran. Como todo el mundo sabe, aquí en Israel el sector que se opone a la reforma judicial toma las calles cotidianamente con total libertad y sin interferencia del Estado. Nada más lejos de una dictadura. Sería interesante hacer la prueba de manifestarse públicamente en las calles de Irán para comprobar el agridulce contraste”.

El proyecto de reforma judicial pretende reparar un error del sistema, que nos acompaña desde que se fundó el Estado de Israel en 1948. Es un problema institucional que todos conocemos, pero que todos los gobiernos han venido “pateando” hacia adelante porque es muy difícil de corregir; implica un costo político enorme, que nadie quiere pagar.

El problema es el siguiente. Todas las democracias del planeta comparten un mismo atributo: tienen tres poderes, y ninguno de ellos tiene supremacía sobre los otros dos. Esto se conoce como “frenos y contrapesos” (checks and balances). Esta frase proviene del sistema norteamericano, conocido como el emblema del funcionamiento democrático a nivel planetario. En ese país, la Corte Suprema (máximo eslabón del Poder Judicial) no tiene más poder que los otros dos: el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Cómo logran limitar ese poder? Con restricciones institucionales que le impiden avanzar sobre los otros dos.

Por ejemplo, la Corte Suprema estadounidense no puede nombrar jueces por sí misma. La única manera de nombrar jueces nuevos (y remover jueces actuales por mal desempeño) es contando con los acuerdos, justamente, de los otros dos poderes. Sin ese acuerdo, no lo puede hacer. Además, esta dependencia cruzada asegura una participación del Pueblo en el proceso de justicia: porque para designar a un nuevo juez hace falta la aprobación del Congreso, cuyos miembros han sido votados por los ciudadanos en elecciones libres. Indirectamente, la gente puso a esos jueces en su puesto. Lo mismo ocurre con su remoción.

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La falta actual de representación ciudadana en el sistema de justicia israelí se manifiesta de muchas maneras. Una de ellas es bastante pintoresca: nadie podría afirmar que la Corte Suprema representa al Pueblo, porque el Pueblo de Israel es, en su apabullante mayoría, sefaradí (provienen de los países que han estado bajo dominio musulmán). Muy por el contrario, 13 jueces del total de 15 miembros de la Corte Suprema son de origen ashkenazí (provienen de países que se encontraban bajo dominio cristiano). Sólo un juez es de origen sefaradí, y sólo uno de origen árabe. La falta de representación es exagerada.

Por otra parte, el sistema actual permite a la Corte Suprema nombrar jueces nuevos, e inclusive a sus propios sucesores. Las reuniones en las que ocurren estos nombramientos son secretas. Los ciudadanos y los medios no tienen acceso a su contenido. La única manera de dar más transparencia a este proceso es compartiendo esa decisión con el Poder Legislativo, que es más representativo porque sus miembros sí han sido votados por el Pueblo de manera directa.

Este es el principal atributo de una democracia: la división de poderes y su contrapeso. Esto es lo único que impide que un “rey” (o un cortesano) nombre jueces, los remueva y organice la justicia a su antojo. Junto con el voto universal son el corazón de una república. Todo lo demás, es secundario. Importante, pero secundario. Definitivamente.

Por último, la falta de división de poderes genera un problema muy grave, que no está vinculado con la representación de la población, sino con la eficacia para gestionar el país: si la Corte Suprema tiene el poder de anular las decisiones que toma el primer ministro o las leyes del Parlamento, entonces ellos tendrán muy pocas herramientas de gestión. Esto es una incomodidad en un país normal. Y un peligro existencial en el caso de Israel, que debe tomar decisiones cotidianas sobre seguridad nacional y terrorismo ininterrumpidamente hace 75 años.

El juicio del rey Salomón es una historia de la Biblia hebrea en la que dicho rey dictaminó entre dos mujeres que afirmaban ser la madre de un niño. Salomón ordenó que el bebé fuera cortado por la mitad, y que cada mujer recibiera su mitad. La primera mujer aceptó el compromiso por considerarlo justo, pero la segunda suplicó a Salomón que le diera el bebé a su rival, prefiriendo que el bebé viviera, incluso sin ella. Salomón ordenó que se diera el bebé a la segunda mujer, ya que su amor era desinteresado, en contraposición al desprecio egoísta de la primera mujer por el bienestar del bebé.

Hasta aquí están claros (o lo más claros posible) los argumentos de cada posición. Yo me pregunto, como judío fuera de Israel, para quien ese país es la única garantía real que protege al Pueblo judío: ¿qué haremos con el bebé hasta que uno de ambos argumentos prevalezca sobre el otro?

Actualmente, ambos bandos parecen comportarse como la madre que está dispuesta a partir el bebé en dos. Cientos de pilotos y soldados de reserva han anunciado que no se presentarán al servicio militar. Los pilotos de la fuerza aérea son el único “as en la manga” contra los intentos de borrarlo del mapa que sufre Israel que, les recuerdo, es un país seis veces más pequeño que el estado de la Florida. Estos pilotos han manifestado que limitarán el compromiso con su país. Varios altísimos funcionarios de las fuerzas armadas y el servicio secreto han afirmado que, en este contexto, Israel está en su pico de vulnerabilidad de los últimos 50 años.

Esta intransigencia en las posiciones no sería tan grave si la discusión transcurriera en cualquier otro país del Planeta. Israel es el único (¡único!) país en el que una crisis política puede conducirlo a la destrucción. Según las Naciones Unidas, Irán ya cuenta con el material necesario para fabricar armas nucleares. Y Hezbolá, una organización terrorista, ya está en condiciones de atacar Jerusalén, Haifa o Tel Aviv.

Bien. Están claros los argumentos. Lo que no queda claro es quien se queda con la niña.

Por Dios.

Que no se parta.

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