Repensar la naturaleza del valor y el valor de la naturaleza

En la concepción tradicional de la economía, el propietario de un campo obtiene una renta por su producción agropecuaria, el trabajador cobra un salario, el contratista un ingreso. Sin embargo, quienes habitan y protegen los bosques y humedales a su alrededor no reciben ninguna retribución. Estos ecosistemas proveen servicios ambientales (regulación del clima, del agua, protección de biodiversidad, captura de carbono, entre otras) y habilitan que esas actividades sean productivas, generando la base misma del valor. ¿Estamos asignando bien el valor?

Según el Foro Económico Mundial, aproximadamente el 50% del PBI global depende de los servicios ambientales brindados por la naturaleza. A pesar de esto, la degradación ambiental continúa sin ser considerada seriamente en la ecuación económica, lo que profundiza la falla de mercado y el costo asumido por el conjunto de la sociedad.

En el informe “La riqueza cambiante de las Naciones” elaborado por el Banco Mundial (2021), se menciona que la economía clásica se construye sobre el capital producido (bienes y servicios), el capital humano y menciona que el capital natural no está debidamente contabilizado. Esto representa una oportunidad para cimentar una nueva economía. Hay que destacar que no nos referimos a las tierras ni a los bienes naturales, sino a los servicios que proveen.

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En Argentina, la sequía extraordinaria causó, sólo en 2022 y en el sector agrícola, una pérdida estimada en 20 mil millones de dólares. En 2023, el fenómeno El Niño probablemente traerá temperaturas récord e inundaciones extraordinarias. La evidencia científica nos dice que hay un 50% de probabilidades de sobrepasar la marca de 1,5 grados centígrados en los próximos 5 años. Esto significa que enfrentaremos condiciones de enorme hostilidad, presentando escenarios de vulnerabilidad para nuestra gente, nuestros sistemas productivos y nuestro territorio.

Ya no podemos decir que no sabíamos y es irresponsable no considerar esta nueva realidad al momento de pensar el futuro. El desafío ya no es solo cuidar al ambiente, sino también adaptarnos a sus cambios.

¿Cuál es la posición y cuáles las propuestas en materia ambiental de los distintos espacios políticos? El riesgo ambiental y el financiero están íntimamente ligados. Por eso la política ambiental es cada vez más relevante para el acceso a financiamiento, mercados y promoción del desarrollo humano. Sin ambiente sano, no hay desarrollo posible.

La agenda ambiental es también social, económica y geopolítica. En un mundo que demanda seguridad alimentaria, energética y recursos naturales, nuestro país y la región tienen una oportunidad única de ejercer un rol relevante en la discusión sobre la nueva arquitectura financiera internacional. Además, la discusión sobre los servicios ambientales habilita una discusión sobre deuda ambiental del norte con el sur, con importantes implicancias para las negociaciones sobre deuda.

Diversos países han creado comités de capital natural (Chile, Reino Unido, Estados Unidos, entre otros) orientados a su medición, valoración, protección, restauración y mejoramiento, con el fin de integrarlo en sus cuentas nacionales y habilitar nuevos esquemas económicos para el desarrollo.

¿Cuál sería el incremento del PBI si contabilizamos el aporte económico que nuestro territorio aporta a la economía global? ¿Cuántas nuevas oportunidades productivas podríamos generar si promovemos una economía basada en el valor ambiental?

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Según las metodologías más utilizadas de valorización de servicios ambientales, se estima que cada hectárea de bosque del Gran Chaco aporta beneficios a la economía del planeta en alrededor de 2400 dólares anuales, de selva paranaense 4000 y de humedal, 180.000.

Hoy, las nuevas tecnologías permiten medir en detalle quién ofrece servicios ambientales y quién los consume, posibilitando acuerdos y mecanismos innovadores que permiten invertir en su cuidado como forma de generar valor. Las provincias podrían convertirse en productoras de estos servicios, demandados por inversores de todo tipo interesados en invertir en sostener la vida del planeta.

Con el establecimiento de fondos administrados por contratos inteligentes (smart contracts) sobre compromisos de preservación y restauración, que se orienten a inversión en infraestructuras (agua, riego, vivienda), manejo del fuego, conectividad digital, energías limpias, producción sostenible de alimentos y creación de empleos para la restauración y preservación de ecosistemas. No como donación, sino como una inversión rentable y trazable en la economía de la vida y la sostenibilidad.

Hay necesidad, hay escasez y hay apetito del sector privado en invertir en lo que aporte a reducir el riesgo y fortalecer la estabilidad macroeconómica. Una adecuada regulación ambiental y financiera puede permitir poner en marcha los primeros instrumentos. Para esto, es fundamental un diálogo informado sobre cómo establecer el marco habilitante y disponer las regulaciones adecuadas para impedir la mercantilización y especulación financiera.

Diversas empresas en todo el mundo se encuentran desarrollando proyectos de inversión en cuidados de ecosistemas con enfoques que trascienden el polémico mercado del carbono, integrando las dimensiones de la conservación y canalizando recursos a las comunidades locales para la realización de actividades sostenibles (manejo de bosques con ganadería integrada, ecoturismo, producción agroecológica, etc). En la Argentina, la provincia de Chaco es pionera en este enfoque, impulsando la primera experiencia formal de acuerdos voluntarios de pagos por servicios ambientales orientados al desarrollo territorial sostenible.

La agenda ambiental y económica están cada día más entrelazadas. Varios países de la región y organismos multilaterales están avanzando en canjes de deuda por cuidado ambiental y acción por el clima. Ecuador canjeó 1.157 millones de dólares a cambio de compromisos y acciones para el cuidado de las islas Galápagos. Belize canjeó 400 millones de dólares a partir del cuidado de sus arrecifes de coral. Uruguay colocó un bono por 1.500 millones de dólares con una cláusula de reducción de tasa a partir del cumplimiento de hitos de su política climática.

La Unión Europea aprobó recientemente la Ley de Restauración de la Naturaleza, con el objeto de reparar los daños causados a la naturaleza europea debido a la cantidad de actividades económicas que dependen de sus servicios ambientales. En su fundamentación, plantea que su implementación podría generar un valor estimado en 10 billones de dólares y crear 395 millones de empleos para 2030 en ese continente.

Está en nosotros la decisión de habilitar esquemas de acuerdos voluntarios de pagos por servicios ambientales confiables que permitan apoyar a las comunidades locales, financiar la resiliencia, la adaptación y promover el desarrollo territorial sostenible.

Los países del sur global tenemos una nueva oportunidad de contribuir a la solución de los desafíos del desarrollo sostenible. Solo necesitamos repensar la naturaleza del valor y el valor de la naturaleza.

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