La revolución educativa, una prioridad de Estado

Si hay algo que nos une a los argentinos es el reconocimiento de la educación como principal herramienta de movilidad social y de desarrollo del país y si hay algo que nos une a los argentinos es reconocer a Domingo Faustino Sarmiento como el prócer que sentó las bases de la educación nacional que sirvió de soporte estructural al proyecto de nación. “Todos los problemas son problemas de educación”, afirmaba Sarmiento.

Hoy están los que hablan de apostar por la educación y estamos los que hace años venimos dando el debate, lo estudiamos, logramos leyes y avances concretos y creemos en el pleno cumplimiento de la educación y el conocimiento como un bien público y un derecho personal, social y esencial.

Junto a Elisa Carrió sostenemos que la educación debe ser la política central del porvenir, que construya una ciudadanía común de la humanidad; donde la escuela pública sea el motor de dicha ciudadanía, el epicentro de una nueva laicidad, abierta a nuevos paradigmas que rompa la jerarquía de los saberes, la recuperación y devolución de la palabra y que educar sea concientizar y entender más que calcular.

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Estamos atravesando una verdadera tragedia educativa que ha alcanzado niveles de desigualdad y brechas inéditas en estos 40 años de democracia, que impacta con mayor profundidad en las poblaciones más vulnerables. La educación es fundamental para superar las inequidades e injusticias existentes.

La mitad de los estudiantes de tercer grado no entiende lo que lee, en algunas provincias el 90% de los estudiantes secundarios no alcanzan los aprendizajes mínimos en matemáticas y la alarmante tasa de deserción escolar son algunos de los datos que reflejan la tragedia educativa.

Para superar esta situación, es necesario implementar propuestas transformadoras que garanticen, no sólo la asistencia de los estudiantes a la escuela, sino también su aprendizaje efectivo y el desarrollo de habilidades necesarias para su futuro. Tenemos que encarar una verdadera revolución educativa.

En primer lugar, proponemos declarar la educación como un “servicio estratégico esencial”, en todos los niveles y modalidades comprendidos en la obligatoriedad escolar para garantizar la protección y promoción integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el cumplimiento efectivo del ciclo lectivo completo, que permitirá el derecho a aprender y movilizar los recursos necesarios para mejorar la calidad educativa en todo el país.

Además, estableceremos un nuevo acuerdo federal con las provincias para asegurar un mínimo de 190 días efectivos de clases, brindando estabilidad y continuidad en el proceso educativo.

Como reconocemos que los maestros desempeñan un papel fundamental en la formación de los estudiantes, vamos a establecer una nueva carrera docente donde se priorice el mérito, la capacitación, el pago de plus por título universitario, el crecimiento horizontal y que brinde incentivos económicos por presentismo y desempeño. Esto permitirá atraer y retener a los mejores educadores, garantizando una educación de calidad en todas las instituciones.

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Para abordar las necesidades de los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje, implementaremos una jornada extendida focalizada, basada en evidencia y resultados de las evaluaciones.

La evaluación juega un papel importante en la mejora de la calidad educativa por eso planteamos la creación de un instituto independiente del poder político encargado de evaluar al sistema educativo en su conjunto. Establecerá incentivos para aquellas instituciones que logren mejoras significativas en los aprendizajes, fomentando la transparencia y la rendición de cuentas. Los resultados estarán disponibles para las escuelas, permitiéndoles dirigir el esfuerzo docente y mejorar el desempeño estudiantil.

La comprensión de texto es una habilidad crucial para el aprendizaje entonces proponemos un nuevo método de enseñanza de lengua en las escuelas primarias, enfocado en mejorar la comprensión lectora a través de la práctica y la lectura activa.

Debemos construir trayectorias educativas más inclusivas. Para eso vamos avanzar en los nuevos formatos pedagógicos que integran enfoques innovadores, que tienen como objetivo proporcionar una educación más personalizada e integral y adaptadas a las necesidades y estilos de aprendizaje de cada estudiante.

La conectividad es un área prioritaria en nuestra propuesta. Sólo el 53 % de la matrícula de escuelas argentinas cuenta con conexión gratuita y provista por el Estado, por eso nos comprometemos a conectar el 100% de las escuelas a internet, garantizando el acceso equitativo a recursos educativos digitales y promoviendo el aprendizaje en línea.

También será obligatoria la enseñanza del inglés desde primer grado y vamos a comenzar la transición a escuelas bilingües. Empezaremos con los chicos que inician primer grado en 2024 hasta cubrir inglés en toda la primaria, preparando a los estudiantes para un mundo globalizado.

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Para facilitar la transición al mundo laboral y a la formación superior, serán obligatorias las prácticas profesionales en el último año de las escuelas secundarias. Así los estudiantes tendrán la oportunidad de adquirir experiencia práctica y podrán explorar opciones futuras.

Nos comprometemos a impulsar una segunda reforma universitaria, que contemplará el acceso a becas, promoverá los títulos intermedios y ajustará la oferta formativa a las necesidades regionales, y carreras estratégicas acorde a un nuevo informe actualizado de las áreas de vacancia, tal como lo exige la Ley de Educación Superior.

Y vamos a destinar el 1% del PBI a investigación y desarrollo, reconociendo que la ciencia y la innovación son fundamentales para el desarrollo de nuestro país.

En mis 8 años de experiencia parlamentaria en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, como vicepresidente y presidente de la Comisión de Educación, fui autor de las Leyes de Evaluación Integral del Sistema Educativo -la cual estableció un marco sistemático de evaluación, para identificar fortalezas y debilidades del sistema, brindando información precisa y confiable para la toma de decisiones y la mejora continua- y la de Formación Docente del Sistema Educativo y creación de la primera Universidad pública y gratuita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de ampliar la oferta en el sistema de formador, fortalecer la educación superior y garantizar la formación de calidad para los futuros docentes, contribuyendo así a elevar los estándares educativos en el país.

Desde que asumí en el 2019 como diputado nacional he presentado diversos proyectos, entre los cuales se destacan: la Ley de Evaluación Integral y Creación del Instituto Nacional de Evaluación, Investigación e Información del Sistema Educativo; la de Planeamiento Estratégico Federal, Evaluación, Acreditación y Registro de los Institutos Supeior de Formación Docente; la creación de un Censo Federal de Infraestructura Educativa y he participado como coautor de proyectos como el Régimen de Prácticas Educativas Obligatorias en el Ámbito Laboral y la Emergencia Pública del Sistema Educativo Nacional.

Todas estas iniciativas son herramientas clave que dan respuesta a los graves problemas educativos que hoy atravesamos, y forman parte del conjunto de propuestas para generar una revolución educativa.

El cambio que necesitamos es urgente. Vamos a hacerlo porque ya lo hicimos: superar los desafíos que hoy enfrenta nuestra educación generará un cambio real en nuestras vidas y un futuro mejor para las próximas generaciones.

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