Infraestructura, crítica y cárceles: la ciberamenaza como respuesta del crimen organizado

En tiempos electorales, los referentes políticos anuncian como una de sus principales propuestas, el combate frontal contra el crimen organizado,  incluyendo por primera vez (desde que este flagelo ha ganado la agenda pública, al menos la discursiva) al capítulo penitenciario.

Es oportuno destacar que, entre tantas construcciones en marcha, se tenga en cuenta que aquellos establecimientos penitenciarios destinados a alojar a integrantes del crimen organizado (nacional y transnacional), puedan estandarizarse dentro del elenco de instituciones, infraestructuras y políticas que buscan garantizar las condiciones de seguridad para las personas y las sociedades que estas conforman.

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Hay muchos proyectos para proteger activos que hacen a las cuestiones estratégicas del país, proyectos que tratan sobre redes de distribución y producción de agua potable; proyectos para proteger las infraestructuras críticas de las comunicaciones y por supuesto la ciberseguridad a través de la Dirección Nacional respectiva, todas actividades esenciales para la vida de una Nación.

En este contexto no hemos encontrado proyecto alguno que convoque a reinterpretar los alcances del concepto, dotando de la criticidad necesaria a la infraestructura penitenciaria, pues a la luz de las evidencias, un intangible como la seguridad ciudadana, comienza a degradarse al ritmo marcado desde el interior de las prisiones.

Tiempo atrás desde esta columna nos ocupabamos de la resignificación de los espacios de encierro (en contexto de ejecución penal), señalando aquellas experiencias a nivel mundial, sobre cárceles inteligentes. Además, como lentamente aquellos países donde el crimen organizado domina la escena pública, van tornando sus esquemas de administración de justicia y ejecución penal, a entornos controlados a partir de la segmentación de alojamientos de líderes y miembros de estructuras criminales organizadas en espacios donde la tecnología, es la gran protagonista.

Pero esto tiene sus riesgos. Un fallo en la estructura de seguridad (pasiva u activa), adquiere potencial de crisis de seguridad ciudadana.

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En espacios hiperconectados y vigilados, donde los algoritmos son entrenados en la detección temprana de actitudes individuales o grupales con potencialidad disruptiva del orden interno de los presidios. O bien, la presunción de amenaza externa por presencia prolongada de elementos ajenos a la organización, en zonas críticas (área circundante a los cercos perimetrales), ha permitido que la función del hombre de seguridad, descanse en la actividad de estos sistemas.

Si bien la articulación del factor humano con la tecnología aplicada es deseable, la situación descripta puede inducir a un error actuarial. La sobreabundancia de datos que permitan inferir los escenarios descriptos, podrían generar cierta relajación en los agentes, que por habitualidad en las rutinas operativas (la cárcel es un bucle continuo de actividades rutinarias), tenderían a responder únicamente a las alarmas del sistema. Y si es silenciado, la realidad puede no ser advertida.

El sistema penitenciario nacional, tal como lo hemos advertido, no se encuentra integrado en nuestro país, por lo tanto, resulta imposible que las distintas administraciones, empleen un canal formal para articular operaciones de mitigación o neutralización de actividades criminales desde el interior de las cárceles.

Si bien en los últimos tiempos, por el accionar de distintas fiscalías, han comprobado que las operaciones delictivas, en muchos casos, son dirigidas desde las cárceles. Los dispositivos penitenciarios han reaccionado, agrupando a algunos internos con presunto liderazgo sobre dichas organizaciones, en espacios comunes, pero dentro del mismo régimen tratamental. Régimen que se muestra ineficaz para contener este tipo de delincuencia.

La insostenible situación de la realidad penitenciaria, tarde o temprano, terminará empujando a los decisores políticos a tomar, como solución, la necesaria incorporación de un sistema dedicado a este tipo de criminales, donde la tecnología será un actor fundamental.

Sin embargo, la realidad nos demuestra que, a esta barrera tecnológica que supone la “cárcel inteligente” basada en la hiperconectividad y articulación smart, de los dispositivos de seguridad, las organizaciones criminales opondrán su capacidad de daño, generando amenazas de inteligencia (inteligence threads), a través del ciberespacio, mediante acciones dirigidas con una finalidad clara que es la de lograr los entornos más favorables para consumar sus objetivos.

La experiencia en este terreno da cuenta que, aun cuando en las prisiones se cuente con inhibidores de telefonía móvil, detectores de teléfonos ocultos y elementos neutralizadores electromagnéticos, la potencialidad de “levantar señal”, por parte de lideres de organizaciones con capacidad de recursos ilimitados, como vehículos aéreos no tripulados (VANT) -conocidos como dron o drones- con tecnología capaz de dar cobertura wi-max desde el aire por el tiempo necesario. De esta manera buscan burlar todas las medidas activas dispuestas para negar transmisiones telefónicas.

Aunque infrecuente, esta es una práctica utilizada por líderes de distintas mafias alojados en cárceles europeas, a quienes con anterioridad se les había incautado teléfonos satelitales.

Las prisiones más seguras del mundo no son inmunes a este tipo de ataques. Si bien es cierto que la mayoría de ellas logran surfear estos riesgos centrando su eficacia en el desarrollo de contramedidas de última generación, los hechos registrados refuerzan la teoría de la potencialidad nociva de las ciber amenazas.

Hechos como el ocurrido en la prisión de máxima seguridad de Evin, Irán, donde su sistema fue capturado y controlado por un grupo de hackers, quienes expusieron ante el mundo la crueldad de los métodos empleados por el sistema penitenciario del régimen iraní. a través de la viralización de las imágenes grabadas desde los propios dispositivos del establecimiento,

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Otro ataque hacker ocurrió hacia con el sistema de cámaras de vigilancia de la prisión de Lang Suan, en la provincia de Chumphon, Tailandia, que dejó a los agentes penitenciarios sin acceso al monitoreo de seguridad de la prisión. También el ataque de ransomware en una cárcel del área de Albuquerque que saco de sistema, no solo el control y monitoreo sino que también canceló la apertura remota de las celdas, dejando a la totalidad de la población penal encerrada, entre otros casos, son palmaria demostración que el mundo ha cambiado y con él sus amenazas.

Fuentes consultadas al respecto, coinciden en una serie de medidas de cara a estos nuevos desafíos planteados en el entorno de protección de áreas críticas, como son las cárceles y mucho más, las cárceles “inteligentes”

Estas medidas apuntan a impulsar la resiliencia de la seguridad cibernética, proteger la infraestructura crítica, restringir y neutralizar a los actores de amenazas (internos del crimen organizado) y, fundamentalmente, a forjar alianzas nacionales e internacionales que permitan generar la sinergia adecuada en la persecución de objetivos compartidos.

Finalmente, la seguridad pública también se construye desde el entorno carcelario. Una falla en su gestión implica un potencial daño a la sociedad, muchas veces irreparable. Dotar del atributo de criticidad a la infraestructura penitenciaria es una alternativa que, en el escenario actual, el Estado debería evaluar.

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