La defensa nacional en clave de desarrollo

Además de su función estrictamente militar, algo que no todo el mundo sabe es que la defensa nacional hace al desarrollo de cualquier nación. Brindar seguridad es una responsabilidad indelegable del Estado que permite el desarrollo de la vida en condiciones de bienestar, libertad y prosperidad. Aunque desarrollar capacidades militares requiere tiempo y dinero, la clave para lograrlo, como veremos, es tener una visión sistémica de la seguridad que integre también la inteligencia, la defensa, la justicia y las relaciones exteriores, pero donde cada una cumpla su rol sin perder su identidad. Esta necesidad acuciante precisa un abordaje en tres ejes como el que plantearemos a continuación.

Las Fuerzas Armadas se preparan para defender nuestra soberanía en los ámbitos tradicionales, como son el terrestre, marino y aéreo, pero también en otros más nuevos y transversales, como el ciberespacio. Esto hace que la defensa en los escenarios actuales esté lejos de definiciones absolutas y presente zonas grises, especialmente a la hora de determinar el origen de una amenaza o agresión, que puede provenir de un Estado, pero también de una organización sin nacionalidad o incluso de un particular. Necesitamos transitar hacia un paradigma que no sólo haga foco en el origen sino también en la magnitud de la amenaza.

Cuando la estrategia militar planea la defensa, lo hace por etapas o capas. En las dos primeras, en las que se debe anticipar y prevenir, las Fuerzas Armadas deben vigilar y controlar los dominios o espacios que mencionamos. Para esas capas particulares se desarrollan capacidades que permiten que, tanto en tiempos de paz como en crisis o conflicto, se vigilen y controlen estos espacios (por “vigilar” nos referimos a conocer lo que sucede en el área de interés para construir un cuadro de situación actualizado, partiendo del perfil de riesgos para la seguridad nacional).

Esta necesidad de previsión nos muestra que el control de una situación que atenta contra la soberanía comprende también acciones efectivas en tiempos de paz, no sólo en casos de crisis o guerra. Esto significa que las Fuerzas Armadas deben estar preparadas también para cumplir funciones de vigilancia y control y contar con capital humano y capacidad de organización para adaptarse rápidamente a nuevos desafíos. Aunque suene paradójico, las Fuerzas Armadas deben estar también preparadas para la paz.

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Estas capacidades duales resultan claves cuando entran en coordinación con otras organizaciones del Estado Nacional. El problema, no obstante, es que hoy se enfrentan a un marco normativo que obstaculiza la inter agencialidad, es decir, el intercambio de información y la producción de inteligencia entre distintos estamentos del poder público. Esto impide que los esfuerzos, hoy dispersos, puedan aplicarse coordinadamente a la Seguridad Nacional.

Se necesita un nuevo marco legal con reglas claras. En un país donde la seguridad jurídica parece ser un bien escaso, el respaldo a este nuevo marco legal debe alcanzarse por consenso, sólo así podremos garantizar la protección, el ordenamiento y la integridad del sistema de defensa. Este nuevo marco debe detallar las actividades y tareas a llevar a cabo por las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de su misión. Debe incluir pautas para su aplicación, debidamente informadas al Poder Judicial. Aunque a priori puede parecer poco ágil, este nivel de detalle es necesario para evitar la confusión de los roles entre el personal militar, el de seguridad y el policial, y también para evitar errores del pasado.

La defensa y protección de los recursos naturales y las riquezas de un país constituyen la forma más explícita de contribución al desarrollo nacional, al tiempo que promueve el desarrollo sostenible del planeta. Unas Fuerzas Armadas preparadas y entrenadas para intervenir en diferentes escenarios representan un mensaje importante para inversores nacionales y extranjeros: el Estado Nacional está dispuesto a garantizar la seguridad de cualquier aporte al desarrollo productivo, en línea con lo que dicta el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional.

Este accionar debe enmarcarse en las tareas de protección y defensa de los Recursos de Valor Estratégico. Esto implica contribuir con la seguridad de instalaciones de explotación de hidrocarburos en Vaca Muerta, yacimientos de litio, centrales hidroeléctricas, plantas de energía nuclear, los recursos del Atlántico Sur y todos aquellos espacios de interés estratégico para nuestro desarrollo. Como en el caso anterior, este accionar requiere un marco que permita un trabajo conjunto e inter agencial, que implique la participación de las Fuerzas Armadas, junto con las de Seguridad, fuerzas policiales locales e incluso la seguridad privada con la que podrían contar estas instalaciones.

El primer paso en esta dirección estuvo incluido en la modificación de la reglamentación de la Ley de Defensa de 2018, donde se le atribuía específicamente a las Fuerzas Armadas esta responsabilidad. Si bien la actual gestión dio de baja el decreto del gobierno de Mauricio Macri, no pudo desandar el camino construido en torno al consenso sobre la importancia de que cumplan con esta misión. Debemos retomar ese camino con una planificación que permita una acción rápida, efectiva y, sobre todo, coordinada, evitando malentendidos y sorpresas.

No es una novedad que, mientras las Fuerzas Armadas son en la consideración popular una de las instituciones más prestigiosas del país, este reconocimiento no es compartido por los políticos en general.

Es imprescindible que la política, a través de tres acciones concretas, comience a limar esas diferencias para restablecer este vínculo, fundamental para el desarrollo de la vida democrática.

La primera acción es el reconocimiento a través del salario. Hoy prácticamente la mitad de las Fuerzas Armadas están por debajo de la línea de la pobreza y muy por debajo de otras instituciones del estado nacional. Esto está produciendo un éxodo de efectivos militares hacia otras opciones laborales mejor pagas, pero lejos de su vocación. En ese sentido, en el gobierno de Mauricio Macri se inició un proceso de blanqueo de los salarios que llegó al 85%. Si bien esto fue completado por la actual Administración, que agregó una jerarquización tendiente a poner en pie de igualdad a las Fuerzas Armadas con las de Seguridad, este proceso debe ser continuado por la próxima Administración.

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La segunda acción está vinculada al equipamiento. La Ley del FONDEF, que destina anualmente un porcentaje del PBI al reequipamiento y que contó con el apoyo de todo el arco político, no se está aplicando hoy en forma rigurosa. En lugar de utilizarse, como dicta la ley, para la compra de bienes de uso (equipamiento), se está utilizando para adquirir bienes de consumo (uniformes, munición, etc.) y funcionamiento. Hay cálculos que indican que llevaría setenta años sólo volver a la capacidad militar que las Fuerzas Armadas tenían durante la década del ochenta. No hay tiempo que perder.

La tercera acción tiene que ver con el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Incluso teniendo en cuenta los fondos que están utilizándose irregularmente del FONDEF, el presupuesto de Defensa es el más bajo de las últimas décadas. Los escasos días de navegación, las poquísimas horas de vuelo y los días de ejercicios en el terreno están reducidos a su mínima expresión. Esto atenta no sólo contra el adiestramiento y la esencia de cada integrante de las Fuerzas Armadas, que ve frustrada su vocación de servicio, sino también con el núcleo de todo lo que acabamos de plantear: la efectiva preparación de las Fuerzas para proteger los intereses y recursos del país, una de las condiciones necesarias para garantizar el desarrollo de todos los argentinos.

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