Sería injusto cargarle todas las tintas al kirchnerismo por una crisis que viene atormentando a los argentinos desde hace 60, 70, o más años, con gobiernos democráticos o de facto, peronistas, radicales, del PRO, y obviamente, 16 años de kirchnerismo en los últimos 20. Sin embargo, hay contundentes evidencias empíricas que nos llevan a suponer sin el más mínimo equívoco que el kirchnerismo produjo una fuerte aceleración en el proceso de deterioro hasta llevar al país a los dramáticos ribetes del presente, cuya manifestación más espeluznante es haber alcanzado una pobreza estructural superior al 40%, algo que la Argentina nunca experimentó en su vida moderna.
Esa macabra conquista se explica en dos fenómenos que sucedieron en los primeros 12 años de ese movimiento en el poder -entre 2003 y 2015-: una expansión inédita y descontrolada de los gastos públicos y un incremento brutal de la presión impositiva. En el año 2003 el gasto público representaba el 29% del PBI, un porcentaje que se había mantenido relativamente constante a pesar de los vaivenes y las crisis argentinas. En 2015, luego de 12 años de kirchnerismo en el poder, el gasto público trepó al 42% del PBI, un incremento de más del 40% de lo que era el gasto cuando tomaron la administración del país. Un aumento descomunal.
Como la parte sustancial del incremento del gasto ha sido a través de asignaciones personales, se trata de una erogación muy difícil de revertir. ¿Cómo se financió ese aumento? En primera instancia, con la referida suba de las tasas tributarias y la creación de nuevos impuestos. Con semejante presión impositiva se ahogó el extraordinario potencial de inversión y de negocios del que disponía el país en aquel contexto.
En simultáneo, desalentando aún más la inversión, en todo ese proceso imperó un clima inamistoso hacia el capital -con excepción del capital amigo- (recuérdese el despojo a los concesionarios internacionales de servicios públicos para servírselos en bandeja a empresarios locales). Otra hubiera sido la historia de Argentina si las actividades productivas se hubieran podido expandir y generado el empleo y la riqueza acorde a las condiciones tan propicias que tuvo el país.
Gracias a esas condiciones excepcionales con que fue bendecida la región durante los 8 años de gran bonanza (la soja a 600 dólares equivaldría a 1.200 de hoy, según se desvalorizó el dólar en casi 20 años) los otros países de América Latina -con la excepción de Venezuela- lo aprovecharon para expandir fuertemente sus respectivos sectores productivos, lo que derivó en mayor empleo, mayor producción -y, por lo tanto, mayor recaudación de los Estados- y en una sensible reducción de la pobreza que se puede constatar en cualquiera de los índices internacionales sobre la materia. En cambio, el kirchnerismo aprovechó esa bonanza para incrementar la presión impositiva y repartir esos recursos desde el Estado a fin de fidelizar a los beneficiarios con su proyecto de poder.
En Argentina la plusvalía de los precios excepcionales fue captada por el Estado vía el incremento tributario y aplicada a distribucionismo (planes, jubilaciones sin aportes, empleos públicos innecesarios, subsidios, y despilfarros y aberraciones tales como la compra de trenes a Portugal en cientos de millones de dólares que una vez llegados al país solo sirvieron para chatarra, una iniciativa del hoy “prócer” Néstor Kirchner por la cual De Vido debió purgar 5 años de prisión, entre otros casos similares).
El resultado del proyecto kirchnerista está a la vista: el aumento estructural de la pobreza y el caos económico en que sumió al país. Es un modelo que promueve la precariedad laboral. Los recursos de los años de bonanza llegaron a la gente: en algunos países vía empleo, en otros -caso argentino- vía dádiva pública. A diferencia de los Kirchner, los otros líderes latinoamericanos no se “avivaron” de que podían apropiarse de ese flujo adicional de recursos, y de esa forma, con tanto poder en sus manos, intimidar a los grandes actores sociales: gobernadores, sindicalistas, empresarios, medios de comunicación… a la vez que cooptar con dádivas a los sectores humildes de la sociedad. ¡Un combo perfecto!
Ningún gobierno democrático concentró tanto poder como el matrimonio Kirchner. Filosóficamente, suponían que cualquier empresa podía operar en la Argentina porque ellos le concedían la licencia para hacerlo. Eso les otorgaba un poder de disposición inusual sobre los agentes económicos. Se toparon con sus límites durante la crisis con el campo por la resolución 125, cuando, insatisfechos con el alto porcentaje de la producción agropecuaria que retiene el fisco, pretendieron implantar un régimen cuasi feudal, reduciendo a los productores al papel de meros contratistas del Estado.
No obstante, lo más espeluznante de la historia, es que a pesar del incremento impositivo, la expansión del gasto impulsada por el kirchnerismo resultó de tal magnitud que se deglutió todos los recursos y las reservas colectivas que estuvieran al alcance de las garras fiscales del Estado. Agotadas esas fuentes, se recurrió al más perverso de los mecanismos: la emisión monetaria sin respaldo, que es la causa fundamental de la inflación y consecuentemente del aumento de la pobreza.
La combinación de alta inflación con fuerte presión impositiva es un hecho inédito en la Argentina. No es culpa de Menem, ni de Alfonsín, ni de Duhalde, ni de Macri ni de las dictaduras militares. Es un “regalito” del kirchnerismo al país. Nunca antes en este largo proceso de decadencia el país conoció estos niveles de tasas ni la cantidad de impuestos que el kirchnerismo se las ingenió para implantar. Además, combinado con alta inflación.
Es preocupante que estos aspectos no sean adecuadamente comprendidos por la gran mayoría de argentinos que votan, pero que no pagan impuestos de forma directa (tributan a través del IVA por los bienes que compran o adosado al costo de los servicios que consumen). El tema impositivo no es materia de sus preocupaciones. No comprenden el carácter nocivo que puede tener cierto nivel de gravamen -como el que padece Argentina- en la disposición u oferta global de bienes y servicios para usufructo de la sociedad, algo que incide decisivamente en la calidad de vida. Más bien existe la inclinación para el hombre común que cuanto más impuestos, más recursos llegarán a los ciudadanos. Como se supone que los impuestos los pagan los sectores de mayores recursos de la sociedad, “está muy bien que les saquen a los que más tienen” sin que nadie aclare las consecuencias negativas desde una perspectiva macroeconómica. También le resulta indiferente que por razones impositivas -las altas tasas del impuesto a los Bienes Personales o el llamado “impuesto a la riqueza”- empresarios que podrían estar invirtiendo y desarrollando actividades en el país y generando empleo emigren a Uruguay, Miami, España o a otras partes del mundo. Esa falta de inversión contribuyó también a la depresión de los niveles salariales.
A partir del 2015, ni el macrismo ni esta nueva versión de kirchnerismo lograron revertir de manera significativa los profundos desequilibrios imperantes en aquel año, que son la causa fundamental de la actual crisis y de la pobreza, más bien, según la vereda política de la cual se opine, se acusan recíprocamente de que esas respectivas administraciones agravaron esos desequilibrios.
En síntesis, el kirchnerismo podrá vanagloriarse de su proyecto de distribución. Nadie distribuyó como él, es cierto. Pero el resultado es el nivel de pobreza estructural más alto experimentado por el país en su historia moderna y una enorme pléyade de beneficiarios públicos totalmente insatisfecha, desanimada, y en buena parte con sus capacidades laborales fuertemente deterioradas.
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