No sólo en Argentina sino en otras democracias actuales, por sobre todo latinoamericanas pero también en países asiáticos, africanos y de Europa oriental, es sorprendente observar cómo algunos candidatos políticos probadamente corruptos y hasta condenados por la Justicia o con gestiones altamente deficientes, logran obtener un significativo apoyo de la población a la hora de un proceso electoral. Este fenómeno plantea ciertos interrogantes sobre los motivos que llevan a las personas a respaldar esos candidatos y cuyas investigaciones académicas teóricas y de campo arrojan los siguientes resultados, entre los más destacados.
Por un lado y como causa prevalente, Deborah Hellman focaliza en el clientelismo político y el sometimiento a prestaciones estatales para cubrir beneficios o recursos básicos de cierta población. Dicho contexto de profunda dependencia gubernamental para satisfacer necesidades fundamentales del electorado promueve que los votantes se vean obligados a respaldar a ciertos candidatos como estrategia de supervivencia.
En un sentido ampliado Jakob Svensson argumenta, como factor clave de este fenómeno, los beneficios personales inmediatos y tangibles de las promesas por parte de los candidatos a ciertos grupos de votantes dispuestos a pasar por alto la corrupción, si creen que recibirán aquellas ventajas como la obtención de subsidios sociales, tierras, empleo aun pauperizado, asistencia o asignación de recursos básicos. Bajo este lineamiento, Reinhard Heinisch y Oscar Mazzoleni concluyen que, en escenarios carentes de alternativas como en democracias emergentes o países con extremas polarizaciones políticas, la frustración, la desconfianza generalizada y el desencanto con el sistema político genera una insatisfacción colectiva en las instituciones deviniendo en una mayor tolerancia a la corrupción, incluso justificándola histórica o socialmente. De hecho, una de las fácticas consecuencias sociales de la impunidad frente a la generalizada corrupción es la percepción por parte de la población que su voto no hará ninguna diferencia, llevando a la apatía traducida en voto en blanco o deserción electoral.
Respecto de estos contextos de corrupción generalizada y carencia de alternativas creíbles u opciones políticas viables y confiables, Alina Mungiu-Pippidi nota que dicha combinación normalmente encontrada en democracias débiles, repúblicas sólo formales o gobiernos populistas y de carácter autoritario, promueven por parte del electorado el respaldo a candidatos corruptos considerados el “menos malo” o “mal menor” en comparación con los demás. Esto coadyuvado por la cercanía ideológica, lealtad partidaria o personal, arraigada por vínculos emocionales más la identificación con un partido político que haya beneficiado a dicha población o clase en el pasado, aun cuando finalmente haya resultado en desmedro de dichos votantes.
Por otro lado, Pippa Norris y Ronald Inglehart concluyen que, en este mismo contexto, cuando ciertos votantes se sienten alienados o decepcionados por el sistema político existente, son propensos también a optar por apoyar a candidatos que prometen cambios extremadamente radicales, antisistema y sin importar su eventual implicación en actos corruptos.
No hay que olvidar que de forma transversal y en común denominador entre estos factores, se encuentra la desinformación, falta de transparencia o manipulación de la información y creación de narrativas con el objeto de eludir u ocultar ilícitos. Así como también el control de medios de comunicación, la difusión de propaganda para distorsionar la realidad y desacreditar a sus oponentes. Siendo todo ello la forma más rápida y masiva de erosionar la percepción de la corrupción promoviendo que los votantes apoyen nuevamente a candidatos corruptos.
Lo importante aquí es que todas estas acciones se potencian ante circunstancias de profunda desigualdad económica, pobreza, falta de educación y desconfianza en las instituciones, ya que Gabriella Montinola demuestra que allí los votantes tienden mayormente a optar precisamente por sabidos candidatos corruptos en busca de beneficios personales en lugar de elegir por uno percibido más justo, incluso ante dicha alternativa. En otras palabras, ante la precariedad socioeconómica no importa la presencia de candidatos probos, dado que frecuentemente los votantes acuden a slogans y promesas de soluciones rápidas, sin la capacidad o la posibilidad, formativa o fáctica, de análisis crítico ni exigencia de argumentos válidos ni de factibilidad de las propuestas y menos aún la consideración de la integridad ética de los candidatos.
Así, el comportamiento electoral votando a candidatos probadamente corruptos involucra múltiples factores combinando pobreza con clientelismo político, necesidades de supervivencia con propuestas o beneficios personales cortoplacistas, frustración por el sistema existente con corrupción generalizada, falta de educación con dependencia estatal más la manipulación de la información con arraigadas lealtades partidistas o personales de origen emocional. Ahora bien, comprender estas motivaciones es un paso fundamental para evaluar las acciones, las propuestas o programas políticos a la luz de su relevancia para resolver las causas que motivan este círculo vicioso electoral, como primera medida para combatirlo. Este cambio en la crítica consideración de los candidatos, de su historial político y sus planteos, vigoriza la democracia, pasando de una meramente formal o una de fondo fortaleciendo la conciencia y compromiso social detectando y rechazando las percepciones sesgadas, los paradigmas distorsionados y negativos instalados en la cultura de muchos colectivos sociales como resultado de repetidos y duraderos liderazgos y prácticas políticas corruptas.
Pero este primer paso debe darse en una Argentina donde el 40% de su población se encuentra en la pobreza socioeconómica, educativa y sanitaria, imposibilitada de movilidad sociocultural; donde casi un 10% de la población es indigente; el 52% recibe algún tipo de asignación social, transferencia de ingresos o planes asistenciales por parte del Estado; donde sólo el 16% de los alumnos que ingresan a la escuela primaria egresan en tiempo y aprendiendo los contenidos de lengua y matemática necesarios; donde el 37% de los asalariados registrados a nivel nacional, como promedio, pertenecen al sector público; donde la clase media se reduce constantemente cayendo en la pobreza; y donde hay más de 1.800 causas abiertas por corrupción contra políticos y funcionarios públicos de variado rango, fuera de otros condenados por la justicia.
Todo ello explica también los motivos por los cuales es prioritario para la política corrupta continuar reproduciendo y profundizando este modelo socioeconómico y cultural, sobre el cual se sostiene a modo de una versión posmoderna de feudalismo y esclavitud.
Por eso, es importante tener en cuenta estas explicaciones que no pretenden justificar ni excusar el apoyo a políticos corruptos, sino comprender los motivos y el deber de generar por parte de la ciudadanía y de los políticos no corruptos alternativas que promuevan las condiciones para cambiar la situación socioeconómica y cultural. Diseñar estrategias y aplicar integrales medidas efectivas desde todos los ámbitos para salir lo más rápidamente posible, primordialmente de aquellos contextos sociales de supervivencia, más un plan de mediano y largo plazo que consolide y amplie aquel cambio. Una recuperación que sería lenta y necesitada de políticas de estado, independientes del gobierno de turno, durante décadas.
Con los datos porcentuales mencionados y su tendencia agravada, bien podríamos estar frente a las últimas posibilidades que tiene Argentina antes de cruzar el punto de no retorno. Para poder progresar o al menos frenar la decadencia, promover una ciudadana cuya participación sea informada, comprometida y ética en los procesos electorales, fomentar una cultura política más saludable y libre de corrupción, el voto debe ser el instrumento que discontinue el círculo vicioso corrupto, y comience uno virtuoso de recuperación y construcción de una sociedad y ciudadanía de mayor calidad, bienestar y equidad.
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