Esta semana el Tribunal Oral en lo Criminal N° 25 de la Ciudad de Buenos Aires aplicó, por primera vez es nuestro país, el agravante de “odio racial” en el fallo que condenó a policías de la ciudad por considerarlos responsables del asesinato de Lucas González, cometido el 17 de noviembre de 2021 en Barracas.
El fallo es, sin lugar a dudas, un hito histórico en el reconocimiento del racismo estructural de nuestro país. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial reconoce, por primera vez, que crímenes como el de Lucas no son hechos aislados ni al azar sino que responden a un fenómeno sistemático que se sostiene en una matriz cultural que tiene anclaje en la historia de la colonización de nuestro país. La estigmatización, los prejuicios, el odio al “negro” ha ido configurando el imaginario social de los que se considera aceptable y lo que no. Lo normal y lo que debe exterminarse.
Este fallo es clave no solo por lo que representa en términos jurisprudenciales sino también porque es un llamado a la reflexión respecto de los desafíos que tenemos por delante para terminar con el racismo en Argentina. Este año se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia en nuestro país y, es necesario, más que nunca, recordar y fortalecer el pacto que hiciera la sociedad Argentina en 1983 tras la experiencia del terrorismo de Estado.
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Para ello, necesitamos construir consensos irrevocables que vean en las prácticas racistas un límite para la convivencia democrática. Esto, indefectiblemente implica, primero, reconocer su existencia, terminar con el negacionismo que invisibiliza el racismo y mira para el costado.
En Argentina, los datos que surgen de las denuncias recibidas por el INADI arrojan que el racismo estructural es el segundo motivo de discriminación más denunciado después de la discapacidad y, según los datos del Mapa de la Discriminación del INADI (2019), el 40% de las y los argentinas/os atravesaron situaciones de discriminación racial.
Por eso este fallo es importante e histórico, porque implica sacar de abajo de la alfombra un sistema de odio que opera hace siglos, para ponerle nombre y hablar de esto. Este fallo nos da la oportunidad de poner en agenda el racismo estructural de nuestro país y debatir, entender, conocer su alcance y promover consensos, en todos los sectores, alrededor de la necesidad de ponerle fin.
La condena por el caso de Lucas es también una oportunidad para reflexionar acerca del rol que cada uno, una y une tiene en la lucha contra el racismo estructural. Sin lugar a dudas existe un mandato constitucional que ubica en el Estado una responsabilidad ineludible. No obstante, es fundamental comprender que un fenómeno como el racismo no puede ser combatido por el Estado sin el apoyo de todos los sectores sociales. Todas, todes y todos podemos hacer algo para ponerle fin.
Desde el INADI reafirmamos nuestro compromiso ineludible contra el racismo y en favor de una convivencia plural y respetuosa de la diversidad e invitamos a la sociedad en su conjunto a ser parte de este nuevo pacto con la certeza de que solo tendremos una democracia plena si todas las personas pueden desarrollar su proyecto de vida en libertad, libres de violencias y sin discriminación
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