Cárceles argentinas y crimen organizado: nuevas viejas evidencias de que todo sigue igual

Como si de un juego de sombreros se tratara, la realidad penitenciaria nos sorprende a diario al ser descubierta por acción u omisión su extrema ineficacia que no escala a hechos extremadamente graves, por el accionar oportuno de actores ajenos a su esquema actuarial.

El espíritu que anima esta nota, no es poner en cuestión la actividad que realizan de una manera abnegada, silenciosa y en clara desventaja miles de eficientes agentes penitenciarios que hacen lo que pueden y en ocasiones mucho más.

Las condiciones en las que tratan de cumplir su rol, son esencialmente inapropiadas por carencia de elementos mínimos que brinden certeza del objetivo y metas trazadas a nivel Institucional.

Estas metas, generalmente, obedecen a devaneos políticos que poco o nada contemplan la realidad que se vive detrás de esas moles amuralladas que —dicho sea una vez más— en el mundo postwestfaliano se tornan ineficientes a la hora de reinsertar a personas que han delinquido y que en algunos casos, cursan su “cuarta” generación en el difuso mundo asocial del delito, e impotentes, al no poder controlar ni brindar condiciones de mínima seguridad en cuanto a la gestión del encierro de elementos integrantes de estructuras del crimen organizado.

La prensa especializada a dado muestras del problema que las distintas agencias encargadas de hacer cumplir la ley presentan ante el fenómeno del crimen organizado.

Una de ellas es la carencia de estructura legal que de las herramientas para que el sistema penitenciario nacional se integre y actúe en su rol fundamental dentro de esta lucha.

El ejemplo de las bandas rosarinas es apenas uno y ese es el punto que recurrentemente pone en evidencia a los decisores con responsabilidad directa y política en materia de ejecución penal, que nada han avanzado en este aspecto.

El avance (de carácter político) en desintegrar literalmente el área de inteligencia criminal y limitar seriamente el alcance operativo de la Dirección de asuntos internos —en el año 2020— genero el punto basal para la apertura de esta caja de pandora que resultan ser hoy las cárceles federales y también la de las provincias que acompañaron esta decisión, que además padecen este flagelo de la criminalidad organizada, en clara expansión. Justo es reflejar que desde fines del año 2022, se ha vuelto a recrear el área, con menor injerencia y desde un aspecto netamente técnico mas no operativo.

El informe elaborado por la Secretaría de Coordinación Institucional a través de la mesa de trabajo del Ministerio Publico Fiscal sobre narco criminalidad en establecimientos penitenciarios y el análisis Institucional sobre el fenómeno de la narco criminalidad cometida desde el interior de dichos establecimientos —entregada el 12 de octubre del año 2021 al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos— advertía muy claramente al respecto.

Las recomendaciones que solo fueron atendidas en parte, fueron reiteradas en marzo de este año, como consecuencia de los hechos en que se vieran involucrados connotados referentes criminales en la planificación y frustrada ejecución de un cinematográfico plan de evasión desde las entrañas del Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza, Cárcel considerada por especialistas en la materia como la más segura del país.

Recordemos que el líder de una de las dos facciones mayoritarias en pugna por el control de la plaza más caliente (al momento) de Argentina —Rosario—, Esteban Lindor Alvarado, planificó durante meses su rescate desde el campo de deportes del Módulo residencial donde se alojaba por aquellos días (Módulo III) del Complejo Penitenciario de Ezeiza.

Como quedara demostrado en la investigación aún en curso, Alvarado planifico, organizo y desarrollo desde el interior de la cárcel con el auxilio invalorable de un smartphone y un smartwatch desde el que envió fotografías precisas a su piloto en el mundo externo, para coordinar la planimetría necesaria que permitiera al Robinson 44, atacar el espacio de referencia para extraerlo, junto a dos presos más (también rosarinos y hoy sin dudas parte de su grupo de pertenencia).

Que luego de cuatro meses de este intento frustrado por cuestiones ajenas al ámbito carcelario (que un testigo de identidad reservada se haya presentado a declarar entregando los datos del plan no es producto de investigación criminal penitenciaria alguna), el Fiscal Federal Arrigo haya encontrado que las medidas solicitadas en el marco del reaseguramiento de Alvarado y sus cómplices no se habían efectuado —en su mayoría—, hizo que nuevamente se encendieran las alarmas sobre cómo se gestionan las cárceles argentinas y la importancia que desde el andarivel político se le asigna al flagelo de la criminalidad organizada.

La recorrida efectuada por el fiscal permitió observar que los inhibidores telefónicos no se habían colocado (ni adquirido), obteniendo como respuesta que al estar cerca del aeropuerto de Ezeiza esta tecnología podía interferir los radares de las aeronaves.

Este punto refleja una parcial e inaceptable falta de conocimiento técnico al respeto, pues los emuladores de señal no interfieren más que el área designada como punto operativo, en este caso un simple Módulo dentro de la estructura del Complejo de Ezeiza.

Que las visitas ordenadas no puedan ser ejecutadas en la modalidad de locutorio porque la Unidad no está preparada para tal fin y carece de dicha infraestructura (colocación de un simple blindex) o que las llamadas no puedan ser registradas por carecer de la tecnología que permita hacerlas, no son datos alentadores respecto de la lucha que contra este el crimen organizado se está dando desde nuestro sistema penitenciario, aunque —en rigor de verdad— la excesiva burocratización para avanzar en el cumplimiento de algunas de estas medidas (licitaciones, compras, etc.), permite inferir que no solo es responsabilidad del Servicio Penitenciario Federal, sino de quienes deben proveer a la fuerza de los elementos para cumplir con estos requerimientos específicos.

Que el Fiscal Arrigo descubriera en su sorpresiva visita que Alvarado y sus dos potenciales cómplices en el plan de rescate frustrado —Claudio “morocho” Mansilla y Facundo “Macaco” Muñoz—, se encontraban alojados en el mismo pabellón dio por tierra con las expectativas puestas en la esperada mitigación del riesgo que las medidas sugeridas preanunciaban, pues nadie que supiera el historial de estos delincuentes los hubiese alojado juntos —antes del plan de rescate frustrado y luego de él, nuevamente—.

Vale recordar que “el Morocho” Mansilla había sido rescatado desde la cárcel de Piñeiro en Santa Fe, en un sangriento ataque a tiros a la prisión en junio del año 2021, y en abril de este año, a Macaco Muñoz se le hubiera detenido nuevamente, por liderar desde su celda una estructura destinada al narcotráfico en Rosario en el marco del operativo denominado “Viernes Blanco”, además de ser uno de los históricamente sospechados de haber participado en el asesinato del líder original del Clan Cantero en el año 2013.

Lo expuesto no hace menos que consolidar la idea de que las cárceles hoy, transitan un camino para el cual no están preparadas.

Las campañas políticas en curso, poco o nada hablan de esta problemática que, a fuerza de sangre, caos social y víctimas humanas, se ha instalado en la agenda de la seguridad ciudadana y exige pronta solución.

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