Juicio en ausencia: encuentro del derecho bíblico con el positivo

En el paper académico Juicios en Ausencia: Visión y Aportes del Sistema Jurídico Judío, publicado en Veritas, journal internacional de investigaciones filosóficas y teológicas, detallo in extenso en casuística y doctrina las causas por las cuales el corpus jurídico judío no permite los juicios en ausencia en lo penal criminal. Brevemente es porque los preceptos del Éxodo 23:7 y Deuteronomio 1:16; 19:17, demandan no escuchar ni exponer ante el juez una de las partes litigantes en ausencia de la otra. Su exégesis legal es la efectiva garantía de la posibilidad que, sobre la base de la contradicción, el acusado pueda ejercer su defensa, ya que ante la ausencia de éste se presupone que el demandante tenderá a pronunciar falsedades sin que aquel pueda negarlo, y su consecuente impacto psicológico y emocional en el juez.

En el sistema jurídico judío sólo hay excepciones en lo civil y económico, donde se permite sentenciar en ausencia de una de las partes, pero luego de haberlas escuchado presencialmente, como cuando el demandado escapa a otro país. Y ello es porque la corte rabínica tiene poder confiscatorio de bienes para efectivizar la pena, y debido a que siempre es posible, ante nuevas pruebas, revocar la sentencia y renovar el juicio tanto por inocencia como por culpabilidad. Pero en los juicios penales criminales, la sentencia debe ser cumplida de forma certera y diligente, preceptuando taxativamente el Éxodo 21:29 y Números 35:12, sentenciar a la persona únicamente cuando está presente, asegurando el cumplimiento de la pena. De lo contrario, se haría del proceso penal y de la corte de justicia instrumentos vanos.

Pero el problema surge ante la falta voluntaria de comparecencia del acusado al juicio. En este caso, la Ley judía establece anatemas y excomuniones e incluso prohibiciones para salir del país, a fin de obligar al acusado a su apersonamiento ante la corte. Así, cumpliendo con el principio jurídico judío que conmina a que no haya transgresor con provecho de su transgresión, resultado de la casuística bíblica y talmúdica por la cual se faculta excepcionalmente a la corte rabínica para penalizar por fuera a lo dictaminado por la Torá en caso de que la coyuntura así lo exija y para enmienda general. Esto aplica a acusados violentos o peligrosos que intimiden a los testigos o donde la corte rabínica sabe certeramente que el acusado es culpable, pero no es penalizado por artilugios procesales o tecnicismos. En consecuencia, evitando el mensaje que otros pueden ingeniárselas para quedar impunes de un crimen, instigando y multiplicando así la distorsión conductiva individual y social.

Luego, a excepción de la prohibición del juicio en ausencia en materia penal criminal, instituida más por decreto bíblico que por carácter instrumental, la Ley judía entiende el derecho procesal como sirviente del derecho de fondo, debiendo defender la rectitud y la justicia en lugar de pervertirla. El ejemplo bíblico más patente ante la falta de extradición es el episodio en Jeremías 26:20-23, donde al rey de Judea envía guardias para capturar al profeta prófugo en Egipto para traerlo y juzgarlo. Independientemente de la animosidad o no del rey para con el profeta, procesalmente allí se muestra que bajo ciertas condiciones excepcionales la Ley judía faculta extraordinariamente a los tribunales rabínicos para toda acción por fuera del normal proceso judicial. Traducido en términos jurídicos actuales, es la figura “male captus bene detentus”, según la cual la ilegalidad de la captura del acusado no interfiere con el proceso legal de la jurisdicción de los tribunales de ese Estado para juzgarlo. Más, el corpus jurídico judío es habiente de la expresión “juicio verdaderamente verdadero”, no por una redundancia de estilo, sino que significa que el juicio debe ser verdadero en lo procesal como también de fondo. Esto es, la Ley judía no busca sólo la implementación del juicio como instrumento y canal para resolver litigios entre partes, sino que la función es hacer justicia, encontrando la verdad dentro de las posibilidades disponibles. En otras palabras y con la salvedad del caso, el instrumento procesal no debe ser entendido sino para asistir y asegurar el logro de dicho objetivo.

Y ello es por el principio jurídico judío básico que subyace a toda demanda penal, que por su propia naturaleza es extraterritorial, y cuyo objeto es el de proporcionar una base para que el crimen no quede impune, y menos aun cuando actualmente se trata de crímenes de lesa humanidad.

Ahora bien, en repúblicas bajo estados de derecho con un plexo normativo cuya legislación y gobernantes son reconocidos y aceptados por todos sus habitantes, el propio corpus jurídico judío dictamina que ante la imposibilidad de que éste sea aplicado, en este caso en lo penal criminal, la comunidad judía se regirá bajo la ley del Estado, categoría jurídica denominada “Diná DeMaljutá Diná”, la ley del Estado es la ley.

Esta categoría de origen bíblico e indiscutida desde los tiempos talmúdicos en los tratados Nedarim 28; Guitín 10; Babá Kamá 113; Babá Batrá 54/55 entre otros, es aplicada a todo Estado reconocido con gobernantes legítimos, donde sus leyes son sancionadas, aceptadas voluntariamente y aplicadas igualitariamente a toda su población en similar condición y sin discriminación negativa. Así es como lo estipula tanto Maimónides como Najmánides entre otros de los más importantes legistas y exégetas judíos, y los más relevantes de la actualidad. Dicho principio radica en las 7 leyes Noájidas dadas a toda la humanidad, una de las cuales según el tratado Guitín 9 y Sanhedrín 56, basado en Génesis 9:6 y refrendado en Proverbios 29:4, establece el deber de instituir cortes de justicia y regulaciones útiles para enmendar las injusticias en un Estado.

Si bien en el foro económico o civil, la comunidad judía debe a priori tratar internamente sus asuntos en una corte rabínica local, este reconocimiento del Estado como proveedor de justicia sustentado también por la prístina Ley Oral al decir que es el Estado quien debe impedir que las personas se devoren unas a otras, permite recurrir a los tribunales estatales ante la negativa de una de las partes o como única forma de hacer justicia. Siempre que dichos estrados no sean evidentemente corruptos ni la pena desproporcional a la ofensa. En cuestiones de derecho público, tributario, fiscal, monetario o daños y lesiones públicas, la demanda ante tribunales estatales también se permite intracomunitariamente incluyendo el caso que, ante lesiones, la pena resulte en reclusión. Y a fortiori, claro está, en caso de que una de las partes no pertenezca a la comunidad. Similarmente está permitido intracomunitariamente recurrir a la corte estatal para evitar daños y es el mismo máximo código legal Shulján Aruj, Joshen Mishpat 26:2, incluso bajo el comentario del Rabino Moisés Ísserles, que permite intracomunitariamente recurrir a la corte estatal frente a actos violentos. Actualmente el Rabino Iehuda Silman incluso amplia dicha permisión frente a casos de drogas, robo, violencia infantil y por supuesto homicidios.

Conclusión, siendo Argentina una república bajo un Estado de derecho en el cual se trata el atentado a la AMIA-DAIA como un caso de lesa humanidad, y luego de casi 30 años y sin posibilidad de apersonar a los acusados en cuestión, la implementación de juicios en ausencia como principio de complementariedad para lograr una clarificación y resolución judicial más una posible sentencia condenatoria o absolutoria de los acusados en cuestión, siendo esto aceptado por los mecanismos regulares y reconocidos en su sistema jurídico, en nada conflictúa con el corpus jurídico judío quedando reservado a la autonomía estatal, ya que en estas circunstancias es imperante el principio de Diná DeMaljutá Diná.

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