Desde el año 2013, cada 27 de junio se celebra el Día de las y los Trabajadores del Estado, a partir de la sanción de la Ley 26.876, que conmemora el derecho a la negociación colectiva para los empleados y empleadas estatales. Este fue reconocido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1978.
Entre los años ‘80 y ‘90, Argentina profundizó la democratización de las relaciones laborales en el Estado con la ratificación de los convenios de la OIT, la sanción de la negociación colectiva en el sector público (Ley Nº 24.185) y el primer Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional.
No obstante, durante las últimas décadas se evidenciaron desafíos que continúan vigentes. Para abordarlos correctamente, debemos preguntarnos: ¿quiénes son los trabajadores y trabajadoras del Estado y en qué condiciones desempeñan sus funciones?
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El sector público argentino cuenta con un total de 3,4 millones de empleados y empleadas asalariados en sus tres niveles de gobierno (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social), aunque las diferentes formas de medición y las dificultades de contar con un dato único consolidado provocan que algunas estimaciones suban hasta los casi 3,9 millones. Su distribución es heterogénea, tanto entre niveles de gobierno como sectorialmente.
Si bien durante la última década el empleo público ha crecido, no debemos perder de vista que el 62% de los trabajadores y trabajadores en el Estado se desempeñan en las grandes áreas de gestión y servicios públicos de educación, salud y seguridad, lo que pone de relieve su rol en áreas críticas para el desarrollo de la sociedad. Los datos muestran además que, en los últimos años, también hubo un estancamiento en los asalariados privados, con caídas y recuperaciones.
Puesto en perspectiva, las personas que desempeñan tareas en el ámbito estatal de los tres niveles de gobierno representan el 8% de la población total y el 18,2% de las personas ocupadas en Argentina (según estimaciones realizadas en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondientes al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 y de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del cuarto trimestre de 2022.
El empleo público nacional tiene, además, alcance federal: de Jujuy a la Antártida encontramos agentes que desempeñan diferentes funciones en áreas esenciales que abarcan desde garantizar que los productos de la salud sean seguros y de calidad (ANMAT) así como aquellos vinculados a la producción agroalimentaria que consumimos (SENASA). También asegurar la conectividad a lo largo de todo el territorio (ARSAT) y contar con pronósticos que son un insumo clave para la producción, y para salir de casa por las mañanas (Servicio Meteorológico Nacional).
Otra dimensión a considerar es la vinculada con las capacidades de las y los agentes públicos. Según un estudio reciente del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) sobre la base de la EPH (INDEC), gran parte de los trabajadores y las trabajadoras del Estado cuentan con títulos universitarios o terciarios; sobre todo, en áreas calificadas: en Salud, un 62% y en Educación, un 77%.
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De acuerdo a datos propios de CIPPEC, el 74% del personal directivo del Estado tiene títulos universitarios o superiores. Por lo tanto, aunque queda camino por recorrer hacia la consolidación de un empleo público de calidad, es importante destacar la presencia de personal profesional y especializado que desempeña funciones centrales y estratégicas de soporte al diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. En este sentido, el rol del INAP es clave para fortalecer la capacitación y la formación continua, lo que queda reflejado en los y las más de 40.000 agentes inscriptos/as en actividades formativas por cuatrimestre.
El empleo público nacional también se caracteriza por modalidades de contratación fragmentadas. Según un análisis de la Base Integrada de Empleo Público (BIEP), pueden agruparse en dos grandes tipos para el personal civil. Por un lado, más del 50% del personal civil se encuentra en planta permanente, lo que brinda un mayor grado de estabilidad y proyección de carrera. Por el otro, los contratos representan más del 40% e incluyen desde locación de servicios hasta personal fijo o temporario con contrato. Este panorama afecta la estabilidad, el desarrollo de carrera y los incentivos que requiere la regularización y constitución de un servicio civil profesional.
Si bien el recorrido hasta aquí muestra avances y retrocesos, consideramos que existen oportunidades para plantear una ruta crítica que apunte a fortalecer capacidades estatales a partir de la revalorización y profesionalización de las y los trabajadores/as que ejercen la función pública. En principio, jerarquizar y regularizar el empleo público para que la idoneidad, y la igualdad de oportunidades y trato atraviesen los diferentes colectivos laborales, nivelando diferencias en términos escalafonarios, de carrera y retributivos.
Esto permitiría atraer y retener a perfiles técnicos y especializados para una administración propia del siglo XXI, y consolidar un régimen de directivos y directivas profesionales en funciones superiores e intermedias, como engranajes claves de una gestión pública de calidad. Al mismo tiempo, fortalecer la planificación y profesionalización de la planta de personas trabajadoras, orientando el recambio generacional y diseñando las competencias y capacidades que se requerirán en el futuro para atender a las demandas cada vez más complejas y urgentes de la ciudadanía, mejorar la prestación de servicios públicos y crear oportunidades de desarrollo que mitiguen la desigualdad.
La consolidación en el tiempo del espacio paritario de relaciones laborales democráticas que ubicó a la Argentina en la vanguardia de la región, y que se recuerda en el Día de las y los Trabajadores Estatales, constituye un marco propicio para un diálogo plural y participativo que aliente políticas estables de mediano y largo plazo en materia de empleo público.
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