¿Existen formas más apropiadas que otras para institucionalizar el capital?

Para responder al interrogante planteado en esta nota, deberíamos definir qué es el capital, qué significa institucionalizar, qué forma institucional predomina en las preferencias a nivel mundial y cuál puede ser deseable y eficaz desde un punto de vista no sólo económico, sino también social y ambiental. Esta perspectiva lleva a tomar en cuenta el rol de los Estados y considerar en particular cuáles pueden ser las mejores políticas para concretar esas formas.

Comenzando por el capital, en general hay consenso en afirmar que, a lo largo de la historia de la humanidad, se ha expresado en distintas formas como:

• Conocimiento, que posibilitó a las personas alimentarse de los frutos recogidos, de la caza y la pesca, generar instrumentos o tecnología vinculada con el conocimiento científico para transformar la naturaleza (o el capital aportado por ella) y crear capital humano social o relacional a través de los vínculos con las demás personas y el ambiente;

• Instrumentos o stock de bienes de inversión;

• Capital natural;

• Medios de pago como bienes a trocar, flujos de dinero (que se convierten en ahorros disponibles o en stocks), capital financiero en sus distintas modalidades (como es el caso más reciente de la financiarización de la economía) y activos externos.

En más de 200 años, como bien ha señalado Karl Polanyi, se ha producido una “gran transformación” y el capital se ha institucionalizado, y sofisticado (se le ha agregado el “ismo”) y se radicalizó hasta extremos nunca vistos antes para consolidar lo que llamamos “capitalismo” y sus muchas variedades.

Respecto a la institucionalización, en general existen dos acepciones: 1) la de instituciones “mecanismos”, que son las reglas, en general públicas, pero también las sociales informales y privadas o individuales, y 2) la de las organizaciones establecidas o fundadas para desempeñar una función de interés público.

¿Qué formas posibles hay de institucionalizar el capital? Las principales, en lo que se refiere a los medios de producción de bienes y servicios, son:

• Públicas o estatales;

• Mixtas, con distintos porcentajes de propiedad pública y privada;

• Privadas, sea de personas individuales o con distintas formas de asociación. Una forma particular de asociativismo privado democrático, que no tienen como objetivo principal la maximización del excedente o lucro corresponde a las cooperativas. También se pueden incluir las organizaciones del tercer sector como las fundaciones y asociaciones civiles;

• Sociales o colectivas, donde la propiedad es en común (un caso serían los ejidos).

La forma de institucionalización que predomina en el mundo actual es privada, dado que ella es la que más posibilita la libre elección individual, la búsqueda de la eficiencia o mínimo costo y el dinamismo que Schumpeter denominó de “destrucción creadora”.

Relacionada con esta forma se encuentran las empresas cooperativas, de las que forman parte unos mil doscientos millones de personas en el mundo, según la Alianza Cooperativa Internacional. A ellas se añaden las personas involucradas más en general, con el tercer sector de la economía.

En cuanto a las empresas públicas o del Estado, hubo experiencias generalizadas en sociedades como la ex URSS, aunque el modelo colapsó y sólo quedan algunos pocos casos como Cuba, Corea del Norte y parcialmente en Venezuela, aunque con muy mala performance. Por el contrario, hay experiencias positivas delimitadas a determinados sectores (por ejemplo, el Invap en Argentina) que cuentan con buen gerenciamiento calificado.

Mayor éxito tienen las empresas mixtas, como en el caso de China (de manera formal o a veces implícita, en determinados sectores considerados estratégicos) y otros países del mundo (incluida la Argentina con casos como el de YPF).

Respecto al predominio de formas institucionalizadas, de alguna manera responde a la mayoría de las preferencias (o deseabilidad) de la mayor parte de los países del mundo. Sin embargo, si se quisiera profundizar un poco más en lo que sería lo más deseable por su impacto social y ambiental, se puede afirmar que es un tema valorativo, muy diverso y complejo de discernir.

Tal vez se podría coincidir en que los seres humanos buscan la felicidad, otros dirán distintas formas de placer, de bienestar, de libertad, de justicia, de amar y ser amados y de reconocimiento y valoración tanto como personas, como de nuestras necesidades y derechos, entre muchas otras.

Si se descarta la búsqueda de reconocimiento y valoración a través del dominio de otros, y se considera la naturaleza social y con la naturaleza, tal vez el mayor desafío consista en articular socialmente -y de la manera más virtuosa posible- la libertad con la equidad social y la sustentabilidad ambiental.

Siguiendo a Isaiah Berlin, la libertad puede tener un enfoque negativo o defensivo, en el sentido de que no afecte mis derechos, o uno positivo en cuanto a la facultad de tomar decisiones que conduzcan a la acción. La acción puede ser la auto realización personal, o co-crear con otros, o realizar acciones solidarias, pero también -advierte Berlín- realizar acciones que no respeten la libertad de los demás, lo que puede conducir al totalitarismo.

En caso de superar enfoques individualistas (o que trasciendan las presunciones o narcisismo), será importante que las acciones estén en un marco general de equidad social y sustentabilidad ambiental. ¿Es esto posible? Una primera respuesta es que esto no se da de manera automática.

Una sociedad democrática debería formar y elegir dirigentes que implementen “una mano visible, inteligente y adecuada” de políticas públicas de sus Estados para que la transformación sea posible. Esto nos aleja tanto del laissez faire como de atajos populistas centrados solo en el corto plazo.

¿Dónde se pueden encontrar buenos ejemplos? Cito uno macro y otro micro. El caso de la Unión Europea (UE) puede ilustrar con reglas -a nivel macro- el alcance de una política para combatir el denominado “capitalismo de vigilancia” y el uso irresponsable de la inteligencia artificial.

Así, en lo macro, la UE acaba de dar un paso significativo en sus intenciones por regular el desarrollo y uso de la inteligencia artificial (IA). El 21 de abril de 2021, la Comisión Europea propuso la Ley de Inteligencia Artificial (AI Act) con el objetivo de introducir en la UE un marco normativo y jurídico común para controlar el uso de la IA en esa región. En su pleno del 14 de junio de este año, el Parlamento Europeo aprobó el proyecto de ley sobre la IA, lo que significa que iniciará las negociaciones con los Estados de la UE y la Comisión para dar vigencia y validez legal a la normativa antes de 2026.

Otro ejemplo relevante, en lo micro, corresponde a la empresa norteamericana Anthropic (competidora de OpenAI). Ha provisto a Claude -su último modelo de IA conversacional capaz de generar texto, imágenes y código-, de una constitución o protocolo ético. Es decir, le ha incorporado a su herramienta tecnológica un conjunto de principios y valores explícitos que Claude (competidor de ChatpGPT) debe seguir al interactuar con los usuarios.

Entiendo que buenas políticas públicas del futuro deberían articular regulaciones y medidas macro -similares a las de la UE-, con la inducción a la obligatoriedad en lo micro de buenas prácticas que surgen de abajo hacia arriba, para que toda empresa u organización adopte este tipo de protocolos, más en general vinculados a la responsabilidad social empresaria y a la sustentabilidad ambiental.

Desde esa perspectiva, la política puede adoptar una modalidad capaz de combinar -de manera virtuosa- lo macro y lo micro con lo obligatorio y las buenas prácticas que surgen de la cultura y de la sociedad.

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