Durante los últimos 10 años ha aumentado en forma dramática el número de personas refugiadas en América Latina. Hay múltiples razones por las cuales alguien puede encontrarse en situación de desplazamiento forzado transfronterizo, pero en todos los casos esas personas buscan lo mismo: un lugar donde rehacer sus vidas y conseguir los medios para mantenerse con sus familias.
Facilitar el acceso al empleo y a unos medios de vida sostenibles es la llave maestra para enfrentar el enorme desafío de la integración socioeconómica de las personas refugiadas, y para evitar que se vean en situaciones de pobreza y marginalidad en los países de acogida.
Las dimensiones de este desafío para la región son evidentes: el número de personas desplazadas a través de fronteras internacionales en las Américas ha aumentado de 879 mil en 2012 a 9,2 millones en 2022. Un aumento del 950% en una década, según datos de ACNUR.
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Esos casi 10 millones de personas incluyen a refugiados, a solicitantes de asilo y a más de 5 millones de personas que tienen necesidad de protección internacional.
El desafío de la integración debe considerar que las personas refugiadas traen importantes beneficios para los países de acogida, ya que una gran parte son trabajadores que aportan habilidades, conocimientos y tienen potencial para generar bienes, servicios e ingresos, además de cubrir la escasez de mano de obra y cualificaciones.
Diversos estudios han demostrado que cuando existen oportunidades de contribuir con los países a través de sus empleos, las personas refugiadas ayudan a cubrir las necesidades del mercado laboral y del sector privado, contribuyen con la recaudación de impuestos y la sostenibilidad de sistemas de seguridad social, generan un flujo de remesas hacia lugares de origen, y hacen un aporte importante al crecimiento de la economía en los países de acogida.
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Sin embargo, la realidad es que debido a múltiples barreras, a menudo las personas refugiadas tienen dificultades para hallar un empleo y cuando lo encuentran suelen ser empleos informales o en sectores poco regulados, donde abundan los déficit de trabajo decente, la discriminación y la explotación.
Las restricciones legales y barreras burocráticas para trabajar, las dificultades para certificar competencias, la xenofobia, la discriminación, la desigualdad y violencia de género, contribuyen a dificultar los procesos de integración.
En la región, la principal necesidad identificada para avanzar en el proceso de integración socioeconómica es el acceso a la regularización migratoria, permisos de residencia, o reconocimiento de la condición de refugiado, lo cual facilita el acceso a empleo e integración sociolaboral.
El acceso al trabajo decente para solicitantes de asilo, refugiados y otras personas desplazadas forzosamente, implica que puedan acceder a empleo digno, una contratación equitativa, formación profesional y emprendimientos formales, que puedan ejercer plenamente los derechos laborales, participar en el diálogo social, y gozar de una adecuada cobertura de protección social.
En este sentido, políticas y proyectos planificados y bien gestionados dirigidos a la integración socioeconómica y la cohesión social de las personas refugiadas en las comunidades de acogida son importantes para alcanzar y maximizar estos beneficios. Es clave establecer marcos de gobernanza para el acceso a los mercados laborales, y que involucren diálogo entre Gobiernos y organizaciones de empleadores y de trabajadores.
En el Día Mundial del Refugiado este 20 de junio no se nos olvida que el mandato de la OIT incluye la protección de las personas refugiadas desde su creación hace más de 100 años en 1919. La constitución de la Organización consagra desde entonces dentro de sus deberes “la protección de los intereses de los trabajadores cuando estén empleados en países distintos al suyo propio”.
La autora de la columna es directora Regional de OIT para América Latina y el Caribe
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