Al criticar el viejo hospital de Río Gallegos, Cristina Kirchner contradijo su propia Ley de Salud Mental: “Te podías cruzar con una persona en estado psiquiátrico”

Mientras su gobernador favorito, Axel Kicillof, festeja la “desmanicomialización”, la vicepresidente de la Nación parece desconocer el contenido de la Ley de Salud Mental que se aprobó durante su presidencia y que fue ampliamente rechazada tanto por las asociaciones de psiquiatras del país como por los familiares de los pacientes.

La Ley de Salud Mental (n°26657, del año 2010) se caracteriza por su inspiración claramente ideológica: prácticamente niega la enfermedad mental -por estigmatizante-, equipara en varios aspectos al médico psiquiatra con el psicólogo, el terapista ocupacional o la asistente social, dispone el cierre de los neuropsiquiátricos y ordena que los pacientes sean internados en hospitales generales; en su articulado, la práctica psiquiátrica es objeto de las peores sospechas y el órgano revisor está formado por ONG de derechos humanos porque la psiquiatría está asociada a la tortura.

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Sin embargo, aparentemente ajena a estas disposiciones y sobre todo a las consecuencias de una ley dictada bajo su presidencia, Cristina Fernández de Kirchner hizo un llamativo comentario durante el acto en el cual, flanqueada por su cuñada y gobernadora de la provincia de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, presidía la inauguración de la obra de ampliación del Hospital Regional de Río Gallegos.

La Vicepresidente recordó lo precario que según ella era el anterior edificio: “En realidad no había hospital regional, el hoy Centro Cultural era el viejo hospital, que era una sucesión de pasillos, las sucesivas administraciones habían ido armando pasillos, no tenías habitaciones particulares, había salas generales”.

Y entonces, como para subrayar esa precariedad, ejemplificó: “Por ahí te podías cruzar con una persona en estado psiquiátrico en el hospital ...” Y ante la reacción de su auditorio -¿risa?, ¿incredulidad?- agregó, con el énfasis que le es habitual: “Así como lo estoy contando. Ese era el hospital regional”.

¿No sabe Cristina Kirchner que en función de la Ley de Salud Mental que su gobierno promovió, bajo asesoramiento del CELS y sin consultar a los profesionales de esa rama de la medicina, los enfermos psiquiátricos deben ser internados en hospitales generales? Es ilógico, tal como ella lo comentó en ese acto, sin hacerse cargo de las disposiciones de esa norma. Si así piensa, ¿por qué promulgó y permite que siga vigente una ley de graves consecuencias para los pacientes y para terceros?

Como señalaban los profesionales consultados por Infobae en 2020 sobre los efectos de esta ley, el hecho de que los pacientes psiquiátricos se internen en hospitales generales es un problema porque el hospital general no está diseñado para la internación de quienes padecen una enfermedad mental. El paciente psiquiátrico no es alguien que deba permanecer acostado en una cama como es el caso de los internados en hospitales generales, por causas que van desde una fractura a un postoperatorio, pasando por un infarto, una neumonia o un parto. En la clínica psiquiátrica -esos establecimientos especializados que la ley dispone cerrar con el argumento de la desmanicomialización-, salvo cuando están atravesando una crisis, los pacientes deambulan, se mueven, tienen actividades, incluso al aire libre. Si se los interna en una sala común, junto a pacientes no psiquiátricos, habrá que sujetarlos de alguna manera o medicarlos en exceso, precisamente aquello que esta Ley absurda dice querer evitar. De otro modo, podrían cruzarse en los pasillos con un o una vicepresidente...

En concreto, ese artículo de la Ley es casi imposible de cumplir, por el riesgo que conlleva. De aplicarse, la consecuencia será la reducción de los sitios disponibles para la internación, además de posibles daños para los pacientes o para terceros. Como ejemplo, basta recordar el caso, en noviembre de 2014, del camillero que murió en el hospital Posadas tratando de evitar que se suicidara un paciente psicótico, y cayó con él desde la terraza.

Cuando Cristina Kirchner dice, como ejemplo de mal funcionamiento de un hospital, “te podías cruzar con una persona en estado psiquiátrico”, está justamenteo dándoles la razón a los psiquiatras en su crítica a la ley. Se refiere precisamente al riesgo de que ese paciente se dañe a sí mismo o a terceros. Y dejaba traslucir su opinión de que un paciente general -clínico- no puede convivir con uno psiquiátrico. Lo contrario de lo que dice “su” ley.

Es por ello que hasta ahora la norma se incumple en casi todo el país, como tampoco se cumplen otras de sus disposiciones, tales como la creación de dispositivos intermedios o el presupuesto, que debe ser el 10% del total de lo destinado a Salud. Sin embargo, en los últimos meses, el gobierno de Axel Kicillof, protegido de CFK, ha entrado en un frenesí desmanicomializador y ha procedido por ejempo al cierre de un pabellón del neuropsiquiátrico Alejandro Korn (Melchor Romero), acto que fue celebrado como un gran triunfo.

La medida incluyó la colocación de un cartel delirante, dedicado a “la memoria de los cientos de personas que vivieron, sobrevivieron y murieron aquí”, como si se hubiese tratado de un campo de concentración. Por deformación profesional quizás, las ong de derechos humanos -responsables de supervisar la aplicación de la Ley de Salud Mental, vaya uno a saber en función de qué idoneidad- dirigen ahora sus dardos contra los médicos psiquiatras, los hospitales y clínicas del ramo, la medicación, la internación y otros tratamientos, absolutamente necesarios y de probada eficacia en el abordaje de las enfermedades y los trastornos mentales.

Desconociendo los avances de la medicina psiquiátrica y de la farmacología, describen un panorama de otros siglos. La placa en el Alejandro Korn decía: “Desde finales de la década de 1960 hasta abril de 2023, funcionó aquí un pabellón de encierro manicomial. En el día de la fecha se cierra definitivamente como espacio de vulneración”. Un agravio colectivo a todos los psiquiatras que de hecho fue recibido como tal y replicado en consecuencia.

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Es insólito que Cristina Kirchner ignore todo esto, al punto de hacer un comentario que en boca de un opositor habría sido tildado de discriminatorio o estigmatizante, según el credo vigente. Desconocimiento llamativo en una persona que demuestra tener una excepcional memoria para retener los más mínimos detalles de las causas que le interesan por motivos personales así como para las cifras que probarían el desendeudamiento o las supuestamente fabulosas obras de infraestructura de su gestión.

Una pasión por los detalles que no evitó que se le pasaron por alto las gravosas consecuencias de esa norma que impulsó. Del mismo modo, ignora -o desoye- los constantes reclamos de las asociaciones de psiquiatras y de los familiares de pacientes para que se reforme la ley.

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Desde la madre de Chano, Marina Charpentier -que además de familiar es acompañante terapéutica-, hasta la Asociación de Ayuda a Familiares de Personas que padecen Esquizofrenia (AAFE), pasando por todas las asociaciones de psiquiatras y de directivos de clínicas y hospitales neuropsiquiátricos, los señalamientos a los déficits de la actual Ley de Salud Mental se vienen multiplicando desde hace años en paralelo con la desprotección creciente hacia los pacientes.

Estos reclamos llevaron a la realización de varias audiencias en el Congreso, promovidas por Marcela Campagnoli, diputada por la Coalición Cívica, y por el senador jujeño Mario Fiad, de la UCR, con la participación tanto de defensores como de críticos de la Ley 26.657, con el objetivo de intorducir modificaicones a la norma. Cabe esperar que estos debates sean retomados el año próximo.

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Por si hay dudas de que la Ley debe ser modificada ahí están los constantes episodios protagonizados por personas que no tienen contención médica u hospitalaria y acaban en los titulares de las noticias policiales, como víctimas o como involuntarios e inimputables victimarios.

“Esto pasa porque los pacientes psiquiátricos no interesan a nadie, es gente que no vota -decía el doctor Bernardo Carricart, en charla con Infobae en octubre de 2020-; esta ley fue sancionada por el kirchnerismo, pero durante los dos últimos años de Macri, nos persiguieron como si fueran los más progres. A los dos gobiernos les quedaba bien el ajuste y sacarse de encima la prestación a los pacientes en salud mental. Todo lo ambulatorio y los modelos autogestionados es fabuloso, para pacientes que se encuentran estables, pero en muchas patologías tienen que ser asistidos. Lo próximo son los pacientes a la calle o a los penales porque el resultado es criminalizar las patologías psiquiátricas”.

Este comentario sirve para recordarles a los referentes del PRO, que puedan sentirse tentados de mirar la paja en el ojo ajeno, que bajo la gestión de Mauricio Macri, el entonces Director nacional de Salud Mental, el médico psiquiatra Andy Blake, había avanzado en reparar los daños de la norma por la vía de la reglamentación, cuando el ministro de Salud Adolfo Rubinstein le pidió la renuncia y cortó de cuajo ese proceso.

Sería interesante, a la espera de una próxima administración, del signo que sea, repare esta ley o la sustituya por una nueva acorde a la realidad y a la actualidad de la ciencia médica, que Cristina Kirchner les diga a sus muchachos -Axel Kicillof y su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, otro entusiasta de la “desmanicomialización”- que ella no quiere cruzarse con “pacientes en estado psiquiátrico” en los pasillos de un hospital general.

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