Sequías, olas de calor, inundaciones, nuevas y viejas pandemias, derretimiento de los polos, aumentos extraordinarios del nivel del mar, pérdidas masivas de biodiversidad. No son ya fenómenos extraordinarios sino signos de una nueva normalidad que determina un futuro marcado por la incertidumbre.
El cambio ambiental global se manifiesta a través transformaciones de gran escala que tienen repercusiones significativas sobre el funcionamiento del planeta, alterando el comportamiento de las comunidades y ecosistemas, generando efectos en los sistemas económicos e incrementando las tensiones políticas. Abarcan al cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, la escasez de recursos naturales estratégicos y una serie de procesos que, al conlfuir, se potencian y aceleran.
El panel de expertos climáticos de la ONU nos anunció recientemente que existe un 66% de probabilidades de sobrepasar el aumento de 1,5 grados centígrados entre este año y el 2027, poniendo en riesgo el objetivo existencial del Acuerdo de París.
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Los cambios en la Tierra serán inciertos, pero sin duda amenazantes. Además del incremento en recurrencia e intensidad de fenómenos atmosféricos extremos, este umbral significa un aumento del nivel del mar. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, mencionó recientemente que “La subida del nivel del mar amenaza vidas y pone en riesgo el acceso al agua, a los alimentos y a los servicios de salud. (…) y amenaza la existencia misma de algunas comunidades e incluso, de algunos países bajos”. Ya está en marcha un debate jurídico sobre el procedimiento por desaparición de países, ya que hay mecanismos para su creación, pero no para su desaparición.
El año pasado, la sequía histórica causó la emergencia hídrica en parte de nuestro territorio y afectó en 20 mil millones las exportaciones agroalimentarias. Este año, tendrá lugar el fenómeno del Niño, con características desconocidas. Sin embargo, los expertos nos alertan que podría generar olas de calor y lluvias extremas inéditas en Sudamérica. Lamentablemente, cuando suceda, no podemos decir que no lo sabíamos.
El desafío ya no es solo cuidar al planeta, sino también cuidarnos de él.
En simultáneo, todo indica que continuamos hacia una crisis económica signada por alto endeudamiento, alta inflación y recesión, que, en el marco de los cambios geopolíticos, están mostrando signos de agotamiento de un orden geopolítico y un modelo de desarrollo. Degradación ambiental, polarización, estanflación, inequidad social. Todos somos colectivamente protagonistas de una realidad que no nos enorgullece en lo individual.
Mientras tanto, somos testigos de la tensión entre dos polos por la dominación mundial mientras la civilización humana corre el peligro de colapsar por la debilidad de los mecanismos de cooperación ambiental.
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En el año 2020 el Foro Económico Mundial publicó el informe “Aumento del riesgo de la naturaleza: crisis ambiental e importancia para las empresas y la economía” en el cual se estima que más de la mitad del PBI mundial se encuentra en riesgo moderado o grave debido al cambio ambiental global, por lo que grandes sectores como la agricultura, la alimentación y la construcción se ven afectados porque dependen en gran medida de la naturaleza. A partir de entonces, el pensamiento económico y las instituciones financieras comenzaron a desarrollar un abordaje económico sobre la degradación ambiental considerándola como un factor multiplicador de riesgo, en un mundo ya de por sí inestable.
En este contexto, la discusión sobre el rediseño de la arquitectura financiera internacional avanza y se profundiza. Las instituciones financieras resultan obsoletas ya que no cuentan con elementos para afrontar desafíos trasnacionales contemporáneos, simplemente porque no fueron diseñadas para ello. Si bien no hay certeza aún sobre cuáles serán los principios y mecanismos de la nueva economía, existe un amplio consenso en torno a la renovada relevancia que tendrán la agenda ambiental y el uso de nuevas tecnologías.
En ese marco, en un mundo que demanda alimentos, energías y servicios ambientales, Latinoamérica y Argentina en particular, tienen condiciones para desempeñar un rol central en la discusión sobre el nuevo modelo económico global.
¿Cómo nos preparamos para afrontar la incertidumbre? Hay quien puede pensar que ocuparse de la agenda ambiental en medio de una crisis económica, política y social no resulta prioritario. Sin embargo, existen razones para pensar que una renovada agenda ambiental será habilitante de un nuevo modelo de desarrollo humano que nos permita salir adelante frente a crecientes desafíos.
La vulnerabilidad social y climática son parte de la misma agenda. Son los más pobres los que más sufren la degradación ambiental. Necesitamos disminuir el riesgo por la vulnerabilidad de nuestras poblaciones desfavorecidas con políticas robustas de adaptación de territorios, ciudades y sistemas productivos.
A su vez, la discusión sobre la valuación económica de los servicios ecosistémicos abre una etapa en donde los canjes de deuda por acción climática, por cuidado de naturaleza (los casos de Belize, Ecuador y Cabo Verde), los instrumentos financieros ligados a cumplimiento de acciones ambientales (Uruguay colocó un bono de 1500 millones de dólares atado al cumplimiento de su política climática) y los acuerdos de pago por servicios ambientales pueden significar un ingreso extraordinario de recursos para financiar las transformaciones necesarias.
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En un país con alto endeudamiento, el acceso a financiamiento internacional va a ser clave. Las presiones internacionales van en aumento y el cumplimiento de los objetivos de política ambiental va a ser un condicionante de primer orden para el acceso a crédito. A su vez, la nueva generación de instrumentos financieros se orienta a considerar a la afectación ambiental no ya como una externalidad, sino como la base del valor.
La mejora de la competitividad es un tema central. Diversos socios comerciales impulsan medidas ambientales de ajuste en frontera, lo que va a afectar el acceso a mercados, con relevante impacto en la economía. La Unión Europea aprobó estrictos mecanismos de trazabilidad para la carne, la soja, la madera y se encuentran en discusión iniciativas para extenderlos prontamente a otros productos de exportación.
La transición energética es ya un imperativo, no solo por cuestiones ambientales o por el aporte a la seguridad energética, sino también por los ahorros económicos. Argentina es de los pocos países que cuenta con recursos y capacidades para la energía de ayer (carbón), la de hoy (petróleo, gas, hidráulica, biomasa, nuclear, eólica, solar) y la de mañana (hidrógeno). La errática política energética de los últimos años nos pone ante la enorme oportunidad de diseñar un plan robusto que brinde certezas a la inversión y permita alivianar la carga presupuestaria por importación de energía, promover la eficiencia en el gasto público y privado, así como disminuir la dependencia política en un mundo convulsionado.
El rediseño de las políticas de estado con perspectiva de protección ambiental nos presenta una oportunidad única para la nueva etapa de nuestro país y la región, en donde los esfuerzos para el cuidado de nuestra casa redunden en mejores condiciones de vida para la gente gente. A su vez, la política ambiental puede ser un pilar de política exterior que permita una inserción internacional inteligente.
Para aprovechar estas oportunidades, es necesario fortalecer los mecanismos de concientización y educación para facilitar la mejora de la comprensión de las implicancias ambientales en el desarrollo. Necesitamos pensar juntos en cómo impulsar nuevos mecanismos de consumo y producción. Lo que no es sostenible es el actual estilo de vida de la humanidad.
No se trata de buscar culpables ni de atacar a sectores específicos, sino de abordar con adecuados mecanismos de participación una discusión seria de índole técnica, pública y política sobre cómo haremos frente a los desafíos en un marco de transición justa y solidaria.
El paso a la acción demandará una planificación estratégica que permita acordar objetivos y metas alineados a una estrategia nacional de desarrollo integral y sostenible, trascendiendo la mera idea del crecimiento. Un objetivo será desafiar el horizonte temporal tradicional signado por la miopía electoral, ya que los resultados se medirán en décadas. Cualquier esfuerzo demandará la necesidad de adoptar una visión integral y de largo plazo, en donde se integren y balanceen objetivos de las diversas agendas y sectores.
Por último, pero no menos importante, será necesario impulsar un proceso de fortalecimiento de capacidades para accionar efectiva y eficientemente en el sector privado y público, en todos los niveles de gobierno. Necesitamos nuevos liderazgos para coordinar los esfuerzos para gestionar como nunca la producción de alimentos, las cadenas de suministro, las infraestructuras, las comunicaciones, la organización frente a desastres, la educación y el sistema sanitario. Todos estarán sujetos a cambios e interrupciones continuos.
¿Cuál es la propuesta de los distintos espacios políticos para esta nueva etapa? En el inicio de un proceso eleccionario y ante la contundencia de la nueva realidad en la que gestionará el próximo gobierno, es conveniente preguntarnos cómo nos preparamos para enfrentar este desafío existencial, proteger a nuestra población y aprovechar las oportunidades que se nos presentan.
Es tiempo de creatividad, valor y sensatez para abordar mediante un diálogo honesto los incómodos debates en torno a los dilemas de la sostenibilidad. Los desafíos son múltiples, pero también las nuevas herramientas y la creciente nueva conciencia sobre la necesidad de dar valor a lo que nos permite la vida en el planeta. Para aprovechar estas oportunidades es necesario impulsar un debate sobre los modelos de desarrollo, las potencialidades de nuestro país y la región, pero, sobre todo, repensar a qué le estamos asignando valor y qué es lo que realmente lo tiene.
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