Ser o no ser sostenibles es la medida de nuestro tiempo

El próximo gobierno tendrá que tomar la decisión de continuar la actual senda discepoliana –el que no llora no mama- o insertarse en el mundo. Deberá elegir: seguir considerándose un acreedor ambiental que lloriquea mientras pide recursos no reembolsables a cambio de servicios sistémicos y canjes de deudas por acciones climáticas. Y que exige que las economías centrales, “principales responsables de la crisis climática que enfrenta la humanidad”, financien la transición que tenemos que hacer. O, en cambio, convertir la coyuntura en una oportunidad.

No podemos desconocer que los países de ingresos medios -y el nuestro lo es- tienen un arduo camino por delante. La agenda ambiental del presente debe tener en vista el futuro. Y más vale que tengamos en cuenta que, con una brújula sin norte, nunca nadie llegó a buen puerto (o a su destino).

La ayuda internacional será, por supuesto, bienvenida, pero ni podemos ni debemos considerarla como la única salida. Los tiempos que vienen son tiempos de sustentabilidad, y si nos no aggiornamos, quedaremos afuera del mundo. El comercio internacional prioriza y exige cada vez más bienes -cualquiera sea su grado de transformación- obtenidos mediante procesos ambiental y socialmente sustentables. Algunos de los requisitos ya son bien conocidos: acreditar eficiencia energética, reducir el uso de combustibles fósiles y evitar la emisión de partículas contaminantes; disminuir la emisión de gases de efecto invernadero en la producción, transporte y comercialización de productos y servicios (huella de carbono); utilizar el agua y el suelo de manera racional y sustentable d; que se apliquen aplicar modelos regenerativos en tierras degradadas y contribuir al cuidado y a la restauración de ecosistemas naturales tales como bosques y humedales; garantizar la sanidad de los alimentos, y si son de origen animal, su bienestar. Estos y otros requisitos de naturaleza ambiental ya están vigentes en muchos países, y en las preferencias de un número creciente de consumidores, atentos al impacto ambiental derivado de sus elecciones.

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Hace dos meses la Unión Europea (UE) aprobó la ley de productos libres de deforestación que involucra, entre otros, el ganado y la soja, y que afecta no solo a las materias primas sino también a sus derivados. Y, muy pronto, las empresas estarán obligadas a verificar y emitir una declaración denominada de “diligencia debida” en que se acredite que los bienes que comercializan no hayan dado lugar ni a deforestaciones ni a degradaciones de bosques en ninguna parte del mundo a partir del 31 de diciembre de 2020.

Un año antes el Parlamento Europeo ya había aprobado el Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM por sus siglas en inglés), en base al cual se gravan los bienes importados con alta huella ambiental. Con esta medida se intenta evitar la “fuga de carbono”; es decir, la mudanza de empresas europeas o de sus filiales a países con normas y sistemas de control más laxos. Los primeros productos afectados son aquellos cuya producción implica un alto nivel de emisiones de gases de efecto invernadero (hierro, acero, cemento y fertilizantes). Pero las restricciones se extenderán, rápidamente a otros. Y en el futuro, cuando se incorporen todos los bienes agrícolas y cuando las restricciones no se basen solo en las emisiones directas sino en la totalidad de los procesos involucrados (transporte, fraccionamiento, comercialización y otros) el impacto será verdaderamente significativo.

Algunos plantean que no son más que barreras no arancelarias; restricciones encubiertas al comercio internacional, y que la norma implica una injerencia directa en la potestad soberana de cada nación de gestionar sus recursos naturales. Y van más lejos: aseveran que los países del “norte global” devastaron el planeta y ahora quieren mostrarse como adalides de la sustentabilidad. Pero, cierto o no, ese revisionismo histórico es estéril, y la confrontación entre el depredador malo del norte y el niño desprotegido del “sur global”, inútil.

Dicen, también, que las regulaciones, controles, certificaciones de trazabilidad y normas de protección ambiental son barreras y frenos injustos al desarrollo. Y es posible que tengan algo de razón. Pero las soluciones deben ser racionales; no emotivas y sobre todo, no pueden basarse en prejuicios. Nos guste o no, es el mundo el que va a decidir qué requisitos tendrán los productos que nos comprará.

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Y sería bueno que empezáramos a diseñar no solo las normas que nos permitan, al mismo tiempo, acceder a esos mercados y cuidar nuestros recursos sino, además, controlar su cumplimiento de manera ágil y transparente.

El cumplimiento de todas estas premisas va a requerir una serie de esfuerzos de investigación científica y tecnológica, de trabajo y de inversiones. Y todo eso no debe ser visto como un obstáculo, sino como un aliciente. Los resultados pueden no ser inmediatos, y recuperar la confianza, ese activo intangible pero esencial, requiere tiempo.

La Argentina tiene que cambiar; necesitamos nuevas estrategias que permitan volver a un camino de desarrollo económico social y ambiental. El paradigma productivo del siglo pasado debe darle paso a uno nuevo. Se abre una serie de coyunturas para que el país se posicione rápidamente como un proveedor confiable de bienes y servicios sustentables. Menuda tarea en un país que, tal vez por la sobreabundancia de recursos naturales, ha sido más proclive a la extracción que a la generación de cadenas de valor.

Ganar competitividad y participación en los mercados internacionales usando racionalmente los recursos naturales es uno de nuestros principales desafíos. Y además de controles estrictos, esto requiere, un marco más racional en aspectos tan básicos como: la estabilidad de los marcos jurídicos, la generación de políticas económicas menos cortoplacistas, la previsibilidad, la carga burocrática y la litigiosidad, la eficiencia y el costo de la logística, el diseño de programas de exención a las retenciones y devolución del IVA a las inversiones, el abandono de declaraciones retrógradas asociadas a “recursos estratégicos” o “de interés público”, legislación laboral, carga impositiva, etc.

Los estándares ambientales y la gestión transparente de los recursos no son frenos sino son aliados del desarrollo. La política ambiental es, además de todo, un camino estratégico que nos ayudará a insertarnos en el mundo y a apalancar el crecimiento social y económico de la Argentina; un país fundado sobre la idea del desarrollo y la ascendencia social, que mutó a país fundido.

La discusión ambiental es, también, la discusión del desarrollo. Y difícilmente podamos competir en el mundo si no integramos la sustentabilidad en la estrategia de nuestro desarrollo.

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