Es la Justicia de la que se habla poco. Es la Justicia que no afecta al poder. No le interesa a la política. No le interesa al empresariado. No investiga la corrupción ni resuelve fusiones comerciales. Es la Justicia de todos los días. La que nadie mira. Porque ¿a quién le importa si una fiscal que tiene que investigar un femicidio dice que la víctima no se hizo respetar? ¿Acaso afecta eso a la dirigencia? ¿Tiene algún impacto sobre el escenario de tres tercios, cuatro cuartos o la fracción que más les guste para representar las complejidades de la elección presidencial que se avecina? ¿El sector privado va a ganar más plata o menos plata? ¿Los políticos tendrán más votos o menos votos?
Lo que importa es Comodoro Py y sus aledaños. Ah, sí. Ahí sí que se cocina lo importante, señores. Ahí sí que se define el destino de la patria, eh. De los jueces y juezas que allí moran (de media mañana a dos o tres de la tarde, ponele) depende el futuro de los argentinos y las argentinas. Allí se debate la autopercibida proscripción de Cristina Kirchner, la virtual paralización de la causa del Lago Podrido y, si les queda algo de tiempo, con viento a favor y, tal vez, un empujoncito de esos que sabe dar el poder una vez resueltas las cuestiones electorales, con todo eso, digo, incluso podría definirse algún día (si Dios quiere en este siglo) el temita de los cuadernos en el que dejaron todos los deditos marcados los principales empresarios del país.
Allí, en esa Justicia que importa, en la única que importa, están puestos también, desde luego, todos y cada uno de los inútiles intentos de reforma judicial que, vendidos para mejorar la independencia y pensados para reducirla, la política, cada dos o cuatro años, desempolva y pone sobre nuestra mesa de preocupaciones públicas como si se tratara, realmente, de necesidades de la ciudadanía y no de quienes la engañan y explotan. Todo eso sobre un colchón de finas hierbas y pátinas simbólicas de pseudo-legitimidad como el lenguaje de la “democratización de la Justicia” (a lo kirchnerista) o el de la “seguridad jurídica, OCDE & coso” (a lo cambiemita).
Y mientras ocurre esto que se repite ad eternum en un loop infinito de mentiras y carapiedrismo, la Justicia de todos los días, la que sí tiene un impacto directo y definitivo sobre la vida de los hombres y las mujeres del mundo que quieren habitar en el suelo argentino, es una señora que se llama Patricia Hortel, que por algún milagro de los astros llegó a ser fiscal de la UFI N° 2 de Saladillo y que sale en un noticiero a hablar del femicidio que tiene que investigar y dice barbaridades que cuesta reproducir sin vomitar.
Un párrafo sobre los hechos. Rocío González, de 25 años y madre de un niño de dos, trabajaba en un local que vendía sistemas de alarma y monitoreo. Allí sufría maltratos, acoso laboral y violencia psicológica de un compañero de la misma edad, Renzo Chidichimo. La familia de la víctima dice que estaba obsesionado con ella. A fines de 2022 lo denunció en la Comisaría de la Mujer. Hace pocas semanas volvió a denunciarlo. Intervino un Juzgado de Paz local, que dispuso una restricción perimetral y le otorgó un botón de pánico. El 1 de junio, Chidichimo entró al comercio fuera de su horario laboral, fue hasta el cuarto de monitoreo donde trabajaba Rocío y le disparó siete tiros con una Bersa 9 mm. La joven falleció en el hospital.
Ahora sí, vamos a la señora Hortel, que pasó cuatro o cinco años de su vida en una escuela de Derecho, que aprobó Derecho Constitucional, Penal I y II, Procesal Penal, tal vez alguna materia de derechos humanos, que festejó con su familia, le tiraron huevos y harina, puso el título en un cuadrito de marco dorado a la hoja, se inscribió en un concurso, rindió un examen que se supone que le corrigió gente instruida y que, de alguna manera, hoy oficia de fiscal en la provincia de Buenos Aires, donde rige desde 2019 la ley 15.134, equivalente a la Ley Micaela nacional, por la cual se establece la capacitación obligatoria en género y prevención de violencias contra las mujeres para todas las personas que cumplen funciones públicas.
¿Qué dijo nuestra amiga Patricia, después de pasar tantos años estudiando, quemándose las pestañas, capacitándose para cumplir el más alto honor que una ciudadana puede tener, que es servir en la función pública observando y haciendo observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina? Bueno, básicamente dijo que Rocío no se hizo respetar y que a su hija eso no le pasaría porque tiene un perfil distinto.
El periodista de Canal 9 le preguntó qué le habría dicho a Rocío si fuese su hija y el hecho aún no hubiera ocurrido, siendo fiscal y conociendo lo mal que funciona el sistema. Hortel respondió: “Yo tengo para mí, tal vez esté equivocada, la experiencia me indica que no, pero sus agresores seleccionan a sus víctimas. Dificulto que a mi hija le pase una cosa así, porque tiene otro perfil, ¿me entendés? Yo creo que debemos educar muy distinto a las mujeres”.
Dejemos de lado el “tengo para mí”, top 10 de la lista de muletillas ridículas que las trabajadoras y los trabajadores judiciales aprenden desde chiquititos a repetir como loritos para que parezca que son gente muy culta e importante, aunque después desconozcan los tratados internacionales, la Constitución y las leyes, o aunque anden por la vida diciendo “dificulto que” en vez de “no creo que”.
El conductor la cuestionó: “Pero ¿cuál sería el perfil de Rocío, entonces? ¿Por qué a ella la atacan? ¿Cuál es el perfil?”. La fiscal contestó: “No la conozco a Rocío, no puedo hablar por Rocío, pero lo que te puedo decir es que la gran mayoría de las víctimas que yo tengo son mucho más, ¿cómo te podría definir la palabra? Moderadas, mucho más educadas, mucho más respetuosas. Estoy segura de que mi hija lo saca bailando, que se impone, ¿entendés? O sea, es una persona que se hace respetar. Su ‘no’ es respetado. Y la mayoría de las personas que yo tengo no son así. No sé si me supe explicar”.
Yo creo que sí se supo explicar, ¿no? Es medio un milagro, pero quedó bastante claro. Claro nivel Jurado de Enjuiciamiento. Se ve que lo mismo les pareció a los concejales y concejalas de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos, pues se pusieron de acuerdo para pedirle su remoción al Procurador General de la provincia, Julio Conte Grand. Y lo otro que queda muy claro es que hay algo en lo que nuestra amiga Patricia, hay que decirlo, tiene toda la razón del mundo: debemos educar muy distinto.
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