Retenciones al desarrollo económico

Con una brecha cambiaria que ronda 100% entre los tipos de cambios libres y el oficial, los sectores generadores de divisas se resisten a ser saqueados.

Ni la tercera edición del “dólar soja” logró tentar a la agroindustria a liquidar divisas, y el Gobierno sale desesperado a pedir dólares al FMI, Brasil y China, para intentar nutrir una demanda infinita de dólares al precio oficial.

Argentina se encuentra empantanada en el pasado en varios aspectos, pero sin dudas en el terreno económico, siendo lo más apremiante. Prueba de ello es que mientras las naciones desarrolladas tienen mercados cambiarios libres y han prácticamente derribado la totalidad de sus barreras aduaneras, el país las ha erigido aún con más fuerza, destruyendo su mercado de cambios, y encerrando su economía.

Pero no sólo ha levantado barreras -arancelarias y paraarancelarias- para proteger su industria eternamente “infante”, sino también con el fin de apropiarse de los beneficios del sector exportador, principalmente de las manufacturas agropecuarias, a través de la imposición de retenciones sobre las exportaciones reinstauradas ya hace más de dos décadas.

A pesar de que la retórica del gobierno resalta la utilización de los derechos aduaneros sobre las exportaciones para moderar la suba de precios internos de los alimentos, rubro que a pesar de la medida acumula desde diciembre del 2019 una inflación de 506% -48 puntos porcentuales por encima del nivel general-, la realidad indica que las retenciones representan una importante fuente de ingresos fiscales, destinados a engordar a un Estado insaciable, y que en los últimos tres años han promediado el 10% de la recaudación -sin considerar los recursos previsionales-, casi 2 puntos del PBI.

Es así que, en el ranking mundial, entre los pocas economías que gravan las exportaciones, ninguna de ellas desarrollada, Argentina ocupa el podio, con un poco feliz tercer puesto al considerar los ingresos por retenciones sobre el total de recursos fiscales, y un peleado primer lugar, al medir dichos ingresos sobre el producto.

En el país el maíz, la soja y el trigo concentran prácticamente el 90% de la producción de cereales, granos y oleaginosas y el 80% de la superficie destinada a estos cultivos.

A partir de la campaña 2016, se observa una constante reducción de la superficie sembrada de soja, cuando el maíz y trigo fueron ampliamente beneficiados por una reducción total de las aranceles de exportación, mientras que la soja sólo fue alcanzada por una baja parcial de 5 puntos sobre los 35 que se cobraban.

A fin de 2022 los cultivos de soja ya ocupan 20% menos de la superficie sembrada, cuatro millones de hectáreas cedidas en 6 años en favor de cultivos menos gravados, como son el maíz y el trigo.

Pero la presión fiscal sobre el productor agropecuario argentino no termina en las retenciones, debe soportar también las otras cargas que le imponen municipios, provincias, y la Nación.

Es así que, a diferencia de los países vecinos con quienes comparte producción, el productor argentino no sólo paga cuantiosos derechos de exportación, sino también tributos como Sellos e Ingresos Brutos, o derechos de exportación internos en su defecto -la creatividad fiscal no tiene límites-, con alícuotas variables según la provincia. Comparte el pago del Impuesto Inmobiliario Rural y del Impuesto a las Ganancias, pero en general con las tasas impositivas más altas de la región.

Por si la mayor gravosidad fuera insuficiente para saciar el apetito del fisco, el productor argentino debe además “aceptar” la pesificación de sus ingresos en dólares, producto de la exportación de su producción, al tipo de cambio oficial, alrededor del 50% del valor de alguno de los tipos de cambio financieros, mientras que debe sostener aproximadamente la mitad de sus costos estrictamente dolarizados, según revela la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA).

Es así como el sector agropecuario en definitiva subsidia desde las importaciones que el gobierno considera estratégicas, hasta los pagos a los artistas internacionales o las deudas de los clubes de fútbol.

En el informe de marzo, FADA estimó que la participación del Estado en la renta agrícola promediaba 79,1% en todo el país, mientras que para la soja esa apropiación promedio de la renta agraria llegaba al 94,1 por ciento.

Poniendo por caso a la provincia de Buenos Aires, entre los distintos niveles del Estado, se quedan con USD 92,8 de exportación de soja de cada 100 dólares que el productor sojero genera. En el mejor de los casos, sin desdoblamiento cambiario, la relación seria de casi USD 66 cada USD 100 a favor del Estado, y de USD 41 sin retenciones.

En los países vecinos, a igual rinde por hectárea y estructura de costos, dichos Estados se apropian de entre sólo 13 y 26 dólares de la renta agrícola.

No es de extrañar entonces que desde 2020 el contrabando de granos, semillas y cereales se haya disparado, manteniendo ocupadas a la Aduana junto con las fuerzas de seguridad que custodian nuestras fronteras. Son miles de toneladas las incautadas entre Gendarmería, Prefectura y la Aduana las que se acumulan, mientras que se estiman en 1,5 millones de toneladas las que cruzan eludiendo los controles cada año, principalmente hacia Brasil y Paraguay.

Se acerca posiblemente a un cambio de gobierno, y es imperativo que dicho cambio traiga aparejadas las medidas y reformas que permitan la rápida unificación del tipo de cambio y la prescindencia de los derechos de exportación para financiar el gasto estatal, y en el mejor de los casos una reforma tributaria que facilite la integración comercial con el mundo, que estimule la inversión y el empleo privado.

Continuar imponiendo retenciones al campo, o a cualquier otra industria, es retener todo nuestro potencial de crecimiento y bienestar económico.

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